Los ataques franceses a los camiones españoles que llegan a la frontera están perjudicando gravemente al sector primario y del transporte, pero sobre todo a los trabajadores que diariamente ven imposibilitado el desempeño de su actividad y la pérdida de su carga. El tiempo perdido es otra de las variables que afectan mucho a un sector que tiene delimitado por ley el tiempo de conducción. En este sentido, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha tomado cartas en el asunto y ha flexibilizado los tiempos del conocido tacógrafo.

Oscar Puente, titular de la cartera, ha mantenido un encuentro con la comisaria europea de Transportes, Adina Vălean, a la que ha trasladado la preocupación existente en el Gobierno por la situación justificada por el propio primer ministro francés, Gabriel Attal. Desde Bruselas, el ministro español ha anunciado la medida de ajustes de tiempos que flexibiliza las horas de conducción de los transportistas que se hayan visto afectados por los cortes y retenciones en el paso fronterizo francés, a ambos lados.

Las exenciones tendrán un tiempo limitado y serán de aplicación retroactiva, desde el 22 de enero, y se agotarán en 4 de febrero, estando ambos días incluidos. El tiempo de conducción máximo diario se ampliará de las nueve a las once horas, de igual manera que el semanal y el bisemanal, que pasarán de las 56 a las 60 horas y de las 90 a las 120 horas, respectivamente. Los tiempos de descanso obligatorio también varían, pasando del mínimo de once horas a uno más liviano de nueve. Además, se habilita la posibilidad de tomar dos descansos semanales reducidos consecutivos de al menos 24 horas.

La medida llega a la vez que las reclamaciones de asociaciones del sector en este sentido. Un 30% de la flota española se está viendo afectada por estos bloqueos de los agricultores franceses, lo que afecta a unos 100.000 camiones, según los datos de Fenadismer, patronal de transporte. Esto ha llevado a la federación a exigir a Puente que “flexibilice los tiempos de conducción para todos los conductores afectados por los bloqueos en las principales carreteras francesas”, reclamación a la que ha dado cumplimiento el ministro.

“Toda medida que ayude a minimizar el impacto que las manifestaciones en Francia tienen sobre los transportistas es imprescindible”, ha celebrado Fenadismer. Además, exigen a la Unión Europea y al Gobierno francés “respeto máximo a la libre circulación de mercancías, a la integridad de los camiones y seguridad de los transportistas”. En este sentido, la propia Comisión Europea ha pedido explicaciones a las autoridades galas por su inacción y por acusar al sector agrario español de competencia desleal sin prueba alguna.

Bruselas coincide con el argumentario español y ha asegurado que no aprecian “ningún ángulo” que justifique las acusaciones del primer ministro francés y le han recordado que, si sus palabras se refieren a las diferencias de precios, eso no es "anticompetitivo per se". Además, tampoco aprecian un posible enfoque desde el punto de vista de las ayudas estatales, pues indican que esas normas existen, precisamente para garantizar la igualdad de oportunidades evitar distorsiones en el Mercado Interior. Muestra de ello es que Francia es el país que más fondos recibe de la Política Agraria Común, conocida como la PAC.

El Gobierno se planta

El Gobierno continúa con las actuaciones necesarias para garantizar que los paros franceses no damnifiquen a los transportistas españoles. La defensa del ministro del sector se suma a la misiva remitida al embajador francés en España, en la que se pedía el traslado a París de la petición de adopción de medidas que garanticen el flujo normal del transporte internacional de mercancías y la seguridad de los conductores. Otros cargos del Ejecutivo implicados, como el ministro de Agricultura, Luis Planas, también se han pronunciado en defensa del interés español.

"Los ataques que se han producido nos parecen absolutamente inadmisibles”, ha condenado Planas. El ministro ha asegurado que existe un respeto a “el derecho de manifestación y de expresión de todos los intereses, pero con el respeto a las personas y a los bienes”. Además, niega la mayor y asegura que “no hay ningún tipo de ventaja competitiva”, dado que ambos son miembros de los Veintisiete. "Estamos en la Unión Europea (UE), por tanto, las normas de producción de comercialización son similares en todos los países miembros y todos los países miembros las aplicamos igual. Así que no hay ninguna ventaja competitiva derivada por la aplicación de normas distintas", ha asegurado el titilar de la cartera de Agricultura.