Los abonos mensuales de Renfe Cercanías y Media Distancia llevan siendo gratis dos años, desde septiembre de 2022, y aún disfrutarán de la bonificación del 100% de los títulos hasta el 31 de diciembre de este 2024. Sin embargo, parece que esta medida va a decaer con la finalización del curso debido a la minoración de las causas que impulsaron su aplicación. Así lo ha defendido el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, que apuesta ahora por la implantación de abonos transporte más adaptados al usuario.
Una mayor progresividad en las tarifas y un trato diferenciado en función del uso del transporte público es la apuesta del ministro. Si bien la decisión todavía no está tomada, Puente ha anticipado que su posición es que “la política de gratuidad del transporte público debe cambiar”. El titular de la cartera ha apuntado que, hasta este momento, la situación coyuntural, “que tenía mucho que ver con una política fiscal y con la inflación”, explicaba la medida pensada para “aliviar la economía familiar y de los trabajadores”, pero ahora la situación ha cambiado.
“Creo que la apuesta por el transporte público debe ser sobre todo en la calidad, el confort, las frecuencias y la puntualidad”, ha defendido en la Cadena Ser. “Yo soy de los que creen que vamos a ganar usuarios en el transporte público no en función del precio del billete, que ya es bastante reducido, sino en función de si le damos al usuario más calidad y fiabilidad”, ha añadido. No obstante, sí que ha defendido mantener ciertas modificaciones y tratos especiales, pero dependiendo del usuario y no de manera generalizada.
“Creo que hay que mantener apoyo en el billete, a través de bonos sociales o de los abonos recurrentes”, ha propuesto. “Hacerlo más progresivo, diseñar una política de precios que tenga más que ver con el tipo de usuario”, ha presentado, a grandes rasgos, su propuesta. Una de las ideas que ha desgranado el titular de la cartera de Transporte es que, por ejemplo, el bono se pague a mes vencido y, en función del número de usos del transporte público (en este caso el estatal) se calcule el precio, siendo más barato cuanto más se haya utilizado.
Para conocer cuál será la decisión final todavía habrá que esperar, dado que las bonificaciones totales aún están vigentes hasta el 31 de diciembre. Asimismo, también ha matizado que la decisión final “no depende de mí” y ha introducido algunas variables en la ecuación. “Las negociaciones presupuestarias” ha sido una de las que ha citado, clave por las necesidades de apoyo que tiene el Ejecutivo en el Congreso si quiere sacar adelante sus cuentas. Además, la decisión recaerá finalmente en el jefe del Gobierno, Pedro Sánchez.
Guerra con Ouigo
La gran batalla de Renfe, más allá de mejorar el servicio y evitar las múltiples incidencias que se suceden durante los últimos meses, es contra la “competencia desleal” de Ouigo. La empresa pública tiene previsto presentar una reclamación contra la filial de la compañía francesa ante la Comisión Europea por su operativa a pérdidas para adulterar el mercado. El proceso que sigue avanzando y Puente ha trasladado que la asesoría jurídica de Renfe está trabajando en el procedimiento.
"Tienen unas enormes pérdidas" y también "arrastran pérdidas al resto de competidores", ha denunciado el ministro. "Esto lo que quiere decir es que, obviamente, en corredores muy rentables está operando muy por debajo de los costes en algunos casos. ¿Cómo enjuga esas pérdidas? Con ampliaciones de capital que suscribe básicamente el Estado francés. Es decir, estamos compitiendo entre empresas públicas", ha reprochado, por lo que cree que es una "competencia absolutamente inviable" a medio y largo plazo.
Si bien el titular de Transportes ha reconocido que la liberalización ferroviaria ha traído efectos positivos, como "un incremento importante de la oferta y una reducción de los precios", considera que esto no será posible a largo plazo "con el ritmo de pérdidas en el que está metido". "Se ha abaratado los precios durante un tiempo, pero esto no va a durar y el sistema se va a resentir porque al final lo único que va a generar es perjuicios para los que tienen que sostenerlo", ha lamentado.
Las consecuencias afectarán a Renfe, que es la única en corredores no rentables para garantizar el servicio público, mientras las compañías privadas solo realizan los viajes beneficiosos. Antaño, la pública podía financiar los corredores no rentables con los beneficios del resto, al ser la única operadora, pero “eso terminó”.
“Ahora no hay una, hay tres empresas y entre las tres pierden 230 millones de euros al año. Ya no hay remanentes para dar servicios en zonas que no sean tan rentables. Y eso va a hacer que se resienta el conjunto de la prestación del servicio ferroviario en zonas en las que llevar un tren no es tan interesante desde el punto de vista económico", ha explicado Puente.