La actividad parlamentaria vuelve al Congreso de los Diputados y al Gobierno de coalición le toca afrontar la semana más difícil desde que Pedro Sánchez revalidó su estancia en la Moncloa. Tres reales decretos (decreto ómnibus, el del Ministerio de Trabajo y el paquete de medidas anticrisis) afrontan este miércoles su proceso de ratificación y podrían decaer por el voto contrario de Junts per Catalunya y Podemos. Los nacionalistas catalanes votarán en contra de todos ellos para defender la amnistía, mientras que los morados ponen el foco en el subsidio de desempleo de Trabajo por su afectación a las pensiones.

La norma defendida por Yolanda Díaz fue aprobada por el Consejo de Ministros el pasado 19 de diciembre, después arduas semanas de negociación con la cartera que en ese momento aún lideraba Nadia Calviño. Sin embargo, la sorpresa saltó al día siguiente con la publicación del decreto en el Boletín Oficial del Estado (BOE), que reveló aspectos lesivos para el trabajador que el Ministerio de Díaz no había comunicado y que, incluso, había prometido que no se contemplarían. Los damnificados son los mayores de 52 años que perciben la ayuda y que sufrirán un cambio en su cotización.  

La cotización para la jubilación del subsidio de mayores de 52 años estaba fijada en el 125% de la base mínima -la que afecta al Salario Mínimo Interprofesional (SMI)- y, con la nueva ley, pasa a ser del 100% a partir de 2028, después de reducirse progresivamente desde junio de 2024. El Real Decreto-ley 7/2023 recoge múltiples mejoras del nivel asistencial de la protección por desempleo, pero este aspecto ha llevado a Podemos, que abandonó el grupo parlamentario de Sumar a comienzos de diciembre y se ubica ahora en Grupo Mixto, a posicionarse en contra de la reforma.

Fuentes de la formación morada han confirmado a ElPlural que la exigencia para votar favorablemente el decreto es que el Ejecutivo elimine los recortes en las pensiones de los mayores de 52 años que cobran el subsidio. Los de Ione Belarra consideran de máxima gravedad la decisión de reducir la base de cotización de estos perceptores de la ayuda, que aseguran que se traduce en “un fuerte recorte de sus futuras pensiones de jubilación”. Desde el Ministerio de Trabajan niegan que esto sea “recorte” y aseguran que al haber subido el SMI ese 25% de diferencia ya se ha cubierto.

Sin embargo, Podemos no acepta la justificación y señalan que “para un trabajador de 52 años que hubiera percibido el salario medio español durante su carrera profesional, tuviera 22 años cotizados y cobrara el subsidio hasta su jubilación, la decisión del Gobierno implica reducir su pensión en 162 euros al mes, es decir, en 2.268 euros al año”. La formación no se encuentra sola en esta reivindicación, puesto que los dos sindicatos mayoritarios (UGT y CCOO) también mostraron su “disconformidad con la paulatina reducción de la base de cotización del subsidio” el mismo día que se conoció.

“Con el SMI que tenemos la cotización a la Seguridad Social es digna, no se requiere de sobrecotización”, ha defendido este lunes el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Perez Rey. “De hecho, si la estableciéramos con el SMI actual seguramente se produciría una paradoja incomprensible que es que alguien que estuviera percibiendo el subsidio de 52 años podría llegar a cotizar más a la jubilación que una persona que esté trabajando y activa que tuviera un salario como el mínimo o ligeramente superior”, ha explicado.

El decreto establece que durante 2024 la base de cotización será equivalente al 120% de la base mínima de cotización del Régimen General de la Seguridad Social vigente en cada momento. Esta cantidad pasaría en el ejercicio 2025 a ser equivalente al 115% base mínima de cotización, al 110% durante el 2026, al 105% en 2027 y ya al 100% en 2028. “La necesidad de modificar esta norma se ha puesto de manifiesto dado el significativo aumento del importe de Salario Mínimo Profesional desde 2019, en un 46%, que paralelamente se traslada al importe de las bases mínimas de cotización y al cálculo de la futura pensión de jubilación”, recoge el decreto.

Desde Podemos mantienen su decisión después de la celebración de una ronda de contactos con los colectivos afectados, de las que han emanado la concepción de que es “inaceptable que un colectivo especialmente vulnerable vea reducidas sus futuras pensiones de forma encubierta”.  Así, fuentes moradas confirman a este periódico que la intención del partido es mantener su “compromiso con el sistema público de pensiones y con el poder adquisitivo de los pensionistas”.