El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que el Gobierno presenta esta semana, y que tendrá que enviar a Bruselas antes del próximo 30 de abril, contempla varias reformas en materia laboral, entre las que se incluye la simplificación de los tipos de contratos hasta tres, con el objetivo de mejorar el mercado laboral y reducir su dualidad.
Los tres tipos de contrato con los que el Gobierno quiere simplificar el mercado laboral pasan por un contrato estable, uno temporal y otro de formación, este último destinado a la inserción en el mercado laboral.
"La reducción de la dualidad supone el elemento fundamental para alinear el mercado laboral español con los más avanzados de nuestro entorno, reforzar la inversión en capital humano y reducir la precariedad y las brechas sociales", explica el documento presentado por el Gobierno, con más de 200 páginas en las que se explican las reformas e inversiones del plan.
Así, el programa plantea una serie de reformas con el objetivo de reducir la temporalidad, el desempleo estructural y el desempleo juvenil para acercarse a la media europea. El plan también recoge el impulso de nuevos instrumentos de “flexibilidad interna” alternativos al despido y la alta temporalidad, a través de mecanismos de ajuste del tiempo de trabajo ante caídas de la demanda cíclicas o extraordinarias, como podría ser la crisis del coronavirus.
Por otro lado, contempla la garantía de un trabajo digno, a la que se llegaría con una regulación adecuada del teletrabajo, la regulación de los repartidores de plataformas digitales y subcontratas y la modernización de los mecanismos de negociación colectiva. Las reformas deben ser abordadas en el marco del diálogo social, según resalta el Ejecutivo en el documento.
El objetivo: Terminar con los problemas estructurales del mercado laboral
Los objetivos principales en materia laboral serían reducir el desempleo estructural y el paro juvenil, corregir la dualidad, mejorar el capital humano, modernizar la negociación colectiva y aumentar la eficiencia de las políticas públicas de empleo.
El Gobierno también prevé impulsar las políticas activas de empleo y la digitalización del SEPE, con una inversión en políticas públicas de 2.363 millones de euros para alcanzar un mercado de trabajo “dinámico, resiliente e inclusivo”, con el foco en el empleo joven, políticas de apoyo a la activación para el empleo y nuevos proyectos territoriales.
Además de las reformas en materia laboral, el plan también contempla la revisión del sistema de pensiones y una revisión “en profundidad” de la fiscalidad actual, así como la incorporación de nuevos impuestos “de acuerdo con las tendencias más recientes” para aumentar la suficiencia financiera del sistema tributario.
El documento del Gobierno promete a Bruselas una mejora de la recaudación y la eficiencia del sistema fiscal a través del “ensanchamiento de las bases tributarias”, reducidas por las “numerosas exenciones y deducciones”. En concreto, menciona el aumento de la recaudación de los impuestos personales para hacerlos más “progresivos y justos”, así como “elevar la recaudación” del Impuesto de Sociedades.
