Madrid manda un rotundo mensaje a PP y Vox: "Las pensiones se defienden"

“¡Aquí están, estos son los que luchan por tu pensión!”. La consigna ha retumbado entre las calles de Madrid, donde decenas de miles de personas han redoblado la lucha por la defensa del sistema público de pensiones a poco más de un mes de las elecciones generales del 29 de noviembre. “¡Las pensiones no se venden, las pensiones se defienden!” y “¡Las viudas y los viudos no se callarán!” han sido algunas de las proclamas que ha entonado una movilización que, según sus organizadores ha congregado a unas 40.000 personas procedentes de distintas partes del país en una concentración convocada por la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones (COESPE) junto a otras plataformas.

La manifestación ha recorrido la almendra central de la capital, desde Atocha hasta la Puerta del Sol. Aunque el movimiento pensionista celebra esta protesta cada mes de octubre, las entidades convocantes subrayan que la participación ha sido mayor que en ediciones anteriores, sumándose también nuevos colectivos a la causa, como un Sindicato de Inquilinas que calienta motores para la huelga general por la vivienda del próximo 11 de noviembre.

La concentración coincide con un momento de especial ardor político, con las elecciones generales en el horizonte (29 de noviembre) y las recientes intervenciones de altos cargos tanto del Partido Popular como de Vox, que han reabierto el debate sobre una posible reforma del sistema. Los movilizados han mandado un mensaje claro, conciso y rotundo a la derecha parlamentaria, oponiéndose con toda su fuerza a cualquier intromisión de mecanismos privados de capitalización, pese a que las direcciones nacionales de sendas formaciones han reiterado su compromiso con el mantenimiento de las prestaciones.

PP y Vox agitan el debate de las pensiones

Recientemente, el diputado de Vox José María Figaredo echó gasolina al fuego al comparar el sistema público de pensiones con un “zombi”, clarificando su preferencia por un modelo mixto que combine el reparto con mecanismos de capitalización individual. Palabras que provocaron críticas entre las organizaciones de pensionistas, preocupadas por las consecuencias que podría tener una mayor implantación de sistemas privados.

Días después fue el Partido Popular el que volvió a agitar el árbol. A través de la garganta de su portavoz parlamentaria, Ester Muñoz, advertían los conservadores de que el sistema “va a petar” y reclamó abordar su reforma con “valentía”. La controversia no se despegó de las paredes de Génova y persiguió al jefe de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, allá por donde iba. El presidente de los populares trató de salir del bache narrativo reiterando su compromiso con las pensiones públicas y su revalorización conforme al IPC. Una línea similar a la que siguió su homólogo de Vox, Santiago Abascal, tras la pasada de frenada de Figaredo, alegando que las prestaciones deben estar plenamente garantizadas.

Explicaciones que no han tranquilizado a los convocantes de la multitudinaria marcha en Madrid. En declaraciones recogidas por El País, Ramón Franquesa, portavoz de COESPE, expresaba este sábado su preocupación por la posibilidad de que parte de las cotizaciones terminen destinadas a sistemas privados. “Su intención es llevar las cotizaciones de los trabajadores a un sistema privado. Si eso pasa, entonces sí se producirá la quiebra del sistema. Los financieros no deben entrar”, expresó, mientras la protesta también lanzaba reclamaciones al Gobierno progresista para mejorar las prestaciones y corregir situaciones que asumen como “injustas”.

Reclamaciones de los pensionistas

Entre las principales demandas, los manifestantes han subrayado la equiparación de la prestación mínima al salario mínimo interprofesional (SMI), situado en 1.221 euros brutos mensuales en catorce pagas. Al mismo tiempo, han reclamado que se reduzca también la brecha de género en las prestaciones, así como mantener su poder adquisitivo. Durante la marcha, también cobró protagonismo la eliminación de los coeficientes reductores para quienes optan por la jubilación anticipada tras haber cotizado 40 años o más, impulsada por la asociación Asjubi40, que integran personas que denuncian los recortes permanentes aplicados a sus pensiones pese a haber acumulado largas carreras laborales.

Una reclamación que, por otro lado, llegó al Congreso el pasado 22 de septiembre, cuando la Cámara Baja tomó en consideración una proposición de ley de Podemos para suprimir tales penalizaciones. La iniciativa obtuvo el respaldo de 178 diputados, recibiendo 136 abstenciones y 33 votos negativos. El PP se abstuvo en la votación, mientras que PSOE, Sumar y otros grupos respaldaron el inicio de su tramitación, con el rechazo frontal del Grupo Parlamentario de Vox. El posterior adelanto electoral, sin embargo, impidió que la propuesta completara su recorrido, emplazando a los afectados a la próxima legislatura.

Un sistema con más gasto y un debate abierto sobre su sostenibilidad

La movilización llega en un contexto de crecimiento del gasto en pensiones, impulsado por la jubilación de las generaciones del baby boom, las mayores bases de cotización de quienes se retiran y la revalorización de las prestaciones conforme al IPC. En 2025, el gasto en pensiones contributivas alcanzó los 189.598 millones de euros, frente a los 178.500 millones de 2024. El aumento ha intensificado la discusión sobre la financiación del sistema y los recursos que necesitará durante las próximas décadas.

Un estudio de Fedea publicado en septiembre sostiene, no obstante, que las reformas aprobadas durante los últimos cinco años han mejorado las perspectivas de sostenibilidad hasta 2050. El informe atribuye esa evolución principalmente al aumento de los ingresos por cotizaciones y a los cambios en las condiciones de las prestaciones.

La reforma de 2021 recuperó la actualización de las pensiones conforme al IPC, una medida aprobada con el voto en contra del PP. Feijóo ha asegurado durante la precampaña que mantendrá este mecanismo si llega al Gobierno, mientras las plataformas de pensionistas exigen preservar el carácter público de las prestaciones y mejorar las cuantías más bajas.

El Ejecutivo también ha aprobado recientemente una ampliación del acceso a la pensión de viudedad para determinadas parejas con hijos que no estuvieran casadas ni inscritas como pareja de hecho, siempre que acrediten los requisitos de convivencia previstos.