Las cuentas oficiales de 2011 de Bankia, las que se negó a firmar el auditor (Deloitte), comienzan con seis folios dedicados exclusivamente a explicar la historia de una entidad cuya vida tiene aproximadamente un año. El entramado de contratos, pactos añadidos a los primeros acuerdos y separaciones sucesivas de negocios y activos constituían una auténtica muralla contra cualquier tentación de intervención de la entidad. Finalmente ha sido el PP, el mismo partido al que pertenece su dimitido presidente, Rodrigo Rato, el que ha tomado una decisión que costará 15.000 millones largos en aportaciones directas e indirectas del erario público.
Desde la trinchera
Lo que ha decidido el Gobierno es nacionalizar el Banco Financiero y de Ahorro (BFA), nacido como instrumento financiero de la fusión de Caja Madrid, Bancaja, Caja Canarias, Caixa Laietana, Caja de Ävila, Caja Segovia y Caja Rioja, pero convertido después en la trinchera perfecta para defenderse de cualquier Gobierno que no quisiera poner sobre la mesa un mínimo de casi 11.000 millones de euros y la consiguiente explicación a los contribuyentes si quería desalojar del poder a sus directivos. La guerra ha ido avanzando y lo que en un inicio fueron esos 10,000 millones se han convertido ya en 15.000, a falta de los análisis posteriores que puedan hacer el nuevo equipo de gestión de Bankia y las autoridades (Banco de España y Ministerio de Economía).
Primera fusión
A través de un contrato para compartir cuentas de resultados de estas siete cajas de ahorros se montó un Sistema Institucional de Protección (SIP), que era una de las opciones que tenían las cajas para dejar de serlo y convertirse en bancos. Lo hicieron en julio de 2010. Para ello, el FROB les prestó 4.465 millones de euros mediante la compra de participaciones convertibles por el mismo importe que daban a este fondo público de ayuda a la banca un interés anual del 7,5% anual. Los negocios bancarios de todas las cajas pasaron a BFA, que a su vez era un banco que heredaba una ficha bancaria de una filial de Caja Madrid sin prácticamente actividad previa. Mediante dos añadidos iniciales al acuerdo (denominados jurídicamente adendas), las siete cajas se repartieron la propiedad de BFA en función del tamaño de los negocios traspasados.
Reparto de poder
Caja Madrid, la más grande, se quedó con el 52,1%, Bancaja (una caja valenciana muy ligada al gobierno del PP de Camps) se hacía con el 37,7% y las otras cinco se repartían, en participaciones testimoniales, el 10,2% restante. Esta unión permitía a las cajas mantener su nombre en sus zonas de influencia y, lo que es más importante, mantenerse como cajas, sin negocio bancario, pero como accionistas de este nuevo banco (BFA), cuyos beneficios sostendrían la obra social de todas ellas. Pero el decreto de Elena Salgado que obligó a la primera recapitalización de la banca (en febrero de 2011) obligaba a BFA a lograr más dinero de inversores para fortalecer sus recursos propios.
Escapar por la Bolsa
La nueva norma contenía una vía de escape mediante la salida a bolsa, ya que eso daba derecho a las cajas que así lo decidieran a tener que cumplir un requisito algo más laxo en cuanto a la cantidad de recursos propios comparados con el total de sus riesgos por créditos concedidos. Todos los bancos y sus directivos estaban informados de las intenciones del Gobierno, como lo demuestra el hecho de que BFA añadiera una tercera adenda a su contrato de constitución de la fusión de cajas el 17 de febrero de 2011, para “adoptar la estructura que resultase más adecuada para la salida a Bolsa de su negocio”. Este añadido se producía 24 horas antes de que el Ejecutivo de Zapatero aprobara el decreto y justo después de que las siete cajas hubieran aprobado, entre el 14 y el 17 de febrero, las segregaciones de sus negocios bancarios a favor de BFA.
Basura inmobiliaria
Tomada la decisión de salir a Bolsa, el 5 de abril de 2011, BFA aprobaba un segundo proyecto de segregación que ya formaba parte de la muralla defensiva. Se traspasaba, ahora a Bankia, el negocio financiero de BFA, pero dejando en este último parte de las inversiones de peor calidad procedentes de las cajas fusionadas. A continuación comenzaron los trámites legales para que Bankia saliera a Bolsa. BFA, propietario de Bankia y participado por las siete cajas, iba a poner en manos de inversores privados, en dos operaciones consecutivas (inicio de la cotización y canje de preferentes) el 54,5% de las acciones. Pero Bankia había dejado en las cuentas de su accionista mayoritario (BFA) 5.300 millones de euros de créditos de mala calidad procedentes del negocio inmobiliario, además de otros 1.006 millones de euros de suelo e inmuebles adjudicados a las siete cajas (fundamentalmente a Bancaja y Caja Madrid) por impagos de préstamos.
Escudo contra la intervención
Con este entramado jurídico y económico, si en algún momento el Banco de España intervenía Bankia (como lo había hecho antes con Caja Castilla-La Mancha, por ejemplo), lo que estaba haciendo en la práctica era intervenir indirectamente siete cajas, propietarias a su vez de BFA, en cuyas cuentas había 6.300 millones de euros en activos tóxicos inmobiliarios, y que debía al FROB otros 4.465 millones más. Es decir, que antes de ponerse a mirar las cuentas con más detalle, habría pasado al Estado un coste inicial de casi 11.000 millones de euros.
Suma y sigue
Finalmente el Gobierno ha decidido convertir en acciones el préstamo del FROB y eso supone, con los números en la mano, hacerse con el cien por cien del capital de BFA. El Estado, pues, es dueño de la matriz de Bankia y se queda con los 6.300 millones que tenía BFA en activos tóxicos inmobiliarios. El decreto-ley aprobado este último viernes obliga, además, a BFA y Bankia a poner sobre la mesa otros 4.500 millones en provisiones para sanear sus créditos inmobiliarios no dudosos. Esa cantidad la tiene que poner el nuevo dueño (el Estado), que habrá alcanzado, tal y como vaticinaban los mercados, los más de 15.000 millones de euros en ayudas al grupo hasta ahora presidido por Rodrigo Rato.
Herencia maldita
Y si eso fuera poco, la entrada del Estado como dueño del cien por cien del capital de BFA deja fuera de juego a las siete cajas que dieron lugar a su nacimiento con la fusión. Al perder su propiedad de BFA pierden a su vez la capacidad legal de mantenerse como cajas y pasarán a ser fundaciones puras, cuyos ingresos, que antes procedían (o iban a proceder) de los beneficios de BFA ya no existen. La obra social de estas siete entidades puede desaparecer, en un hecho sin precedentes. Ese es el otro lado de la herencia.
