La jubilación es, para millones de trabajadores españoles, el momento más esperado tras décadas de esfuerzo, madrugones y años cotizando a la Seguridad Social. Sin embargo, mientras la mayoría mira con resignación cómo la edad legal se acerca cada vez más a los 67 años, existe un grupo de profesionales que puede retirarse mucho antes: incluso a los 52 años y sin sufrir ningún recorte en su pensión, aunque bajo determinadas condiciones.

Actualmente, la edad ordinaria de jubilación en España está fijada en los 66 años y 8 meses. Esta cifra seguirá subiendo progresivamente hasta alcanzar los 67 años en 2027, una medida impulsada para garantizar la sostenibilidad del sistema público de pensiones ante el envejecimiento de la población, con el objetivo de equilibrar el número de cotizantes y pensionistas.

Jubilación anticipada y prejubilación: dos vías distintas

Existe la posibilidad de jubilarse antes de la edad legal mediante la llamada jubilación anticipada. Para acceder a ella es necesario haber cotizado al menos 38 años y 6 meses.

En ese caso, el trabajador puede retirarse a los 65 años sin esperar a la edad ordinaria. Sin embargo, esta opción tiene un coste económico importante, obligando a continuar en la vida laboral a algunas personas para asegurar mayores ingresos en la vida familiar.

Por su parte, aunque la jubilización anticipada se suele confundir con la prejubilización, hya que tener en cuenta que no es lo mismo. La prejubilación es un acuerdo privado entre empresa y trabajador. El empleado deja de trabajar antes de la edad legal, pero todavía no cobra la pensión pública. Durante ese tiempo recibe una compensación económica pactada con la empresa, que en muchos casos incluye un convenio especial con la Seguridad Social para seguir cotizando.

Esta fórmula suele aplicarse en grandes procesos de reestructuración empresarial y afecta sobre todo a trabajadores mayores de 50 años.

El gran desconocido: jubilarse a los 52 años sin penalización

Más allá de estas modalidades, existe una excepción que rompe completamente las reglas generales: la jubilación anticipada por profesiones de riesgo o especialmente penosas.

En estos casos, los trabajadores pueden retirarse muchos años antes sin sufrir recortes en su pensión. El motivo principal es que las condiciones laborales implican un desgaste físico o psicológico tan elevado que prolongar la vida laboral podría resultar incompatible con la salud.

Actualmente, pueden acogerse a este sistema profesionales de sectores como la minería, el personal de vuelo, los trabajadores ferroviarios, los artistas y profesionales taurinos, los bomberos, los policías y Fuerzas de Seguridad, los agentes forestales, el personal de Protección Civil y los trabajadores del servicio 112, actividades consideradas especialmente peligrosas o penosas por las exigencias físicas y los riesgos asociados al trabajo diario.

Sin embargo, este sistema seguirá revisándose para permitir la incorporación de nuevas profesiones si cumplen determinados criterios, como posibles accidentes laborales, el esfuerzo físico intenso y sostenido o el volumen de bajas por incapacidad temporal.

Los militares, cada vez más cerca de la jubilación anticipada

Uno de los debates más recientes gira en torno a las Fuerzas Armadas. El Ministerio de Defensa ha iniciado los trámites para que la profesión militar sea considerada oficialmente como actividad de riesgo.

Esta reclamación no es nueva. Asociaciones profesionales llevan años denunciando la peligrosidad inherente al servicio militar, especialmente en misiones internacionales.

Actualmente, unos 650 militares españoles participan en la misión de la ONU en Líbano, en un contexto marcado por el aumento de la tensión en Oriente Próximo. Según las asociaciones profesionales, la exposición constante a situaciones de alto riesgo justificaría plenamente el acceso a la jubilación anticipada sin pérdida económica.

Tras la aprobación inicial del departamento dirigido por Margarita Robles, se espera que comiencen los estudios técnicos necesarios. No obstante, el procedimiento será largo, ya que deberá pasar por diversos informes administrativos y culminar con un decreto aprobado en el Consejo de Ministros.

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