El Servicio de Ayuda a Domicilio, conocido por las siglas SAD, es un servicio social público, catalogado como prioritario en la ley de Dependencia (ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia) y clave en un país como el nuestro, con una población cada vez más envejecida. Constituye una de las prestaciones principales de esta ley y está definida como el “conjunto de actuaciones llevadas a cabo en el domicilio de las personas en situación de dependencia con el fin de atender sus necesidades de la vida diaria”.
Uno de los servicios más demandados por los dependientes es la Ayuda a Domicilio, que creció en el pasado mes de abril un 18%. Se trata de uno de los recursos sociales básicos que prestan las Administraciones locales (diputaciones, mancomunidades de municipios o ayuntamientos) aunque las comunidades autónomas también tienen competencias. Resulta complicado establecer una estadística del número de trabajadores del sector, pero sí se sabe que la mayoría son mujeres, con sueldos bajos y horarios poco flexibles.
¿Cómo se pueden mejorar las condiciones laborales de estas trabajadoras y trabajadores? La subida de sueldo es su principal reivindicación. En este sentido habría que subrayar la enorme brecha salarial existente por comunidades. Por ejemplo, el salario medio anual en Vizcaya está un 77,08% por encima de la media estatal.
Valeriano López Afán, presidente de la Asociación Estatal de Entidades de Ayuda a Domicilio (ASADE) cree que esta situación se reproduce en todos los sectores, tanto productivos como de servicios, y “tiene que ver con las diferencias económicas de las diferentes comunidades autónomas, el diferente proceso de maduración de la negociación colectiva así como de la voluntad política en ese proceso de mejora de condiciones de los trabajadores a través de una correcta dotación presupuestaria de las licitaciones”.
Por su parte, Javier Gallego Trigo, director Regional de Clece para la zona Sur, recuerda que “los salarios los condiciona la administración en función de los precios de las licitaciones”. “Creo que queda poco margen para especular más y que ha llegado el momento de que todas las partes implicadas -la representación sindical, la representación empresarial y la administración pública-, den un paso adelante para regularizar una situación bloqueada”, argumenta.
En su opinión es necesario “trabajar con premura para conseguir dignificar el sector en todas sus vertientes y que todas ellas redunden en el fin común de las partes, que no es otro que el de ofrecer a nuestros mayores los cuidados que bien merecen”.
Gallego Trigo destaca que ya hay algún Ayuntamiento que está dando un paso significativo al cofinanciar el precio del servicio para subir el salario de las trabajadoras y trabajadores del SAD.
En los últimos doce años las tablas salariales han crecido un 17% mientras los precios están estancados en muchas comunidades, argumentan desde Clece. En este sentido, subrayan cómo aproximadamente un 50% del precio que cobra la empresa por la prestación del servicio son impuestos que revierten al sistema público (IRPF, Seguridad Social o IVA).
Para las empresas del sector es fundamental que la administración, que es la que fija los precios para la prestación del servicio, incremente dichos precios en los pliegos de condiciones.
“Es evidente que la mejora del sector comienza con la dignificación de los salarios, ello debe articularse a través de la negociación colectiva, abordando la mejora de los salarios en plazos razonables que permita a las empresas prestadoras de servicios de SAD trasladar a la administración el coste real de los servicios que quieren prestar”, asegura Valeriano López Afán.
Flexibilidad horaria
Por otro lado, el presidente de ASADE subraya la necesidad de que la administración pública, que determina también las condiciones del servicio, tenga en cuenta otra de las mayores reivindicaciones del sector: la flexibilidad horaria. “La búsqueda de la ampliación de jornadas de los trabajadores del sector debe incluir necesariamente a la administración, concienciándose de que los servicios se deben asignar en bandas horarias más amplias, permitiendo una mayor labor de los servicios de coordinación de las empresas para asignar mayores jornadas a los auxiliares”, concluye.
Clece, por ejemplo, ya está tratando este asunto con las diferentes administraciones para poder ampliar horarios y reconocen un avance en este sentido. “Confiamos en que, en un plazo no demasiado amplio, las administraciones puedan flexibilizar los horarios de prestación y que, en consecuencia, se pueda mejorar la estabilidad en el empleo y la dignificación salarial del sector”.
En opinión de Valeriano López Afán, el SAD vive “un momento de oportunidad” con la negociación del convenio colectivo sectorial e insta a todas las partes a buscar una regulación más acorde a las necesidades de las empresas y los trabajadores.