La desaceleración y el riesgo de recesión que se ha apoderado de la Eurozona está espoleando a los líderes políticos y económicos para poner en marcha nuevas medidas de estímulo. Así, la semana pasada el Banco Central Europeo acordó bajar todavía más que los tipos de interés y reactivar la compra de bonos públicos, el llamado QE. Por su parte, Alemania ha anunciado la puesta en marcha que un paquete de inversiones de hasta 54.000 millones de euros, a ser desarrollado durante los próximos años, para cubir objetivos climáticos y de sostenibilidad.

Esos 54.000 millones de euros suponen una inversión equivalente al 1,2% del PIB, lo cual, medido en términos de impacto en el ciclo económico, es a todas luces insuficiente para revertir los efectos de la desaceleración, pero que en términos de lucha contra el cambio climático puede suponer un lavance.

Alemania no es el único país que se ha alineado con una suerte de keynesianismo verde, al estilo del Green New Deal propugnado por Alexandra Ocasio-Cortez para Estados Unidos. Las prioridades políticas presentadas por la nueva presidenta de la Comisión Europea, Von Der Leyen, apuntan también a un Green Deal para la Unión Europea, con un énfasis en la transición justa. En España, el Partido Socialista ha incorporado el Green Deal en sus planes de gobierno, que deberá revalidar en las próximas elecciones de noviembre.

El Green Deal se basa -en cualquiera de sus modalidades- en una movilización masiva de recursos para realizar inversiones que supongan un impacto significativo en las políticas ambientales y climáticas: inversiones en energías renovables, inversiones en ahorro y eficiencia energética, recuperación y rehabilitación de suelos contaminados, inversiones para mejorar la gestión del agua, puesta en marcha de sistemas de tratamiento y reciclaje de residuos vinculados a la economía circular, adaptación viaria para la incorporación de nuevos medios de transporte sostenible, inversiones en regeneración urbana, adaptación de la industria a los retos del coche eléctrico, fomento del autoconsumo, reforestación y fijación del carbono en el suelo, etc.

Su doble virtud señala que al tiempo que las inversiones pueden suponer un estímulo adicional en una economía que se encuentra en sus momentos más bajos desde el año 2013, este tipo de inversiones suponen un paso en la dirección de la sostenibilidad y el ahorro energético, mejorando las perspectivas de crecimiento futuro y aumentando la calidad de vida a futuro. Un programa de inversiones bien diseñado debe también ofrecer una salida justa a los sectores que, debido a esta transición energética, van a experimentar problemas de empleo y de adaptación de sus trabajadores, como por ejemplo los trabajadores de los sectores más contaminantes, como las cuencas mineras.

Hasta aquí todo son ventajas en estos programas. Pero conviene tener en cuenta algunos elementos clave que forman parte del éxito de los mismos.

En primer lugar, las inversiones deben estar vinculadas con la estrategia política y de crecimiento económico. Se requiere de una estrategia global que determine los objetivos a largo plazo -reducción de emisiones, regeneración urbana, transporte sostenible- y que, de manera realista, tenga en cuenta que puede que algunos de ellos sean contradictorios entre sí o compitan por los mismos recursos.

El sistema de identificación, selección y aprobación de las inversiones debería ser independiente y atender directamente a criterios de calidad y efecto de las futuras inversiones. Para ello es conveniente que las decisiones de inversión sean tomadas por comités independientes que utilicen criterios transparentes, conocidos de antemano, sobre los que rindan cuentas, en términos ambientales, financieros, económicos y sociales. Las experiencias pasadas indican que las decisiones políticas pesan, en ocasiones, demasiado frente a los criterios técnicos. Los procesos de aprobación de las inversiones deberían incluir evaluaciones sistematizadas que permitan elegir entre las mejores opciones existentes.

Tener un buen sistema de identificación de las inversiones no es suficiente si quien las tiene que ejecutar no tiene la capacidad técnica o institucional para organizar proyectos lo suficientemente sólidos en contextos complejos. La experiencia muestra que mantener una oficina de apoyo al diseño y gestión de los proyectos de inversión es un factor de éxito e incrementa las probabilidades de efectos positivos y reduce la probabilidad de inversiones fallidas, sobre todo para ayuntamientos y entidades locales que no siempre cuentan con las capacidades necesarias para la puesta en marcha de proyectos más complejos.

La selección de las inversiones debe tener en cuenta el coste del mantenimiento a largo plazo de las nuevas infraestructuras verdes. España está llena de inversiones que no tuvieron en cuenta el coste posterior de mantenimiento, con unos resultados desastrosos. La gestión de las nuevas infraestructuras debe ser considerada como parte del proceso inversión, incluyendo los riesgos financieros y económicos, pero también los tecnológicos, sociales y ambientales. Muchas de las inversiones climáticas sólo tendrán un impacto a largo plazo.

Por último, es necesario establecer un marco de evaluación y extracción de lecciones aprendidas lo suficientemente solido como para poder extraer enseñanzas de los proyectos desarrollados, de manera que se mejores los proyectos a medio y largo plazo.

España está en condiciones de poner en marcha un sistema de inversiones verdes que permita cumplir con el doble objetivo de reforzar las inversión pública -que está en mínimos tras la crisis económica- y de acelerar su respuesta a la crisis climática. En próximo período de Fondos Europeos pondrá a nuestra disposición más de 36.000 millones de euros para inversiones, que nos llevarán hasta el año 2027, en el borde del cumplimiento de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. Tenemos ante nosotros la oportunidad de utilizar estos y otros fondos, en combinación con los agentes privados, para proceder a la transformación ecológica de nuestra economía. Pero no bastará con la buena voluntad política, sino que necesitaremos de un sistema de inversiones sólidamente basado en los principios que hemos señalado, con proyectos de calidad e impacto real.