El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto Ley con la revalorización de las pensiones, tanto del sistema de la Seguridad Social como de las clases pasivas en 2021. Aquí se incluye la revalorización de las pensiones contributivas del 0,9% y, en el caso de los más vulnerables, una subida de las pensiones mínimas del 1,8%. Según el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, “se ha hecho un esfuerzo extra” y supone un coste fiscal de alrededor de 1.500 millones de euros.

“Supondrá el aumento de pensiones a prácticamente 11 millones de pensionistas”, avanza el ministro. “Este será el último año en el que las pensiones se revalorizan ad hoc con un Real Decreto o una decisión discrecional del Gobierno”, ha explicado Escrivá con respecto a la reforma del sistema de pensiones y el acuerdo alcanzado en el Pacto de Toledo.

En el Pacto de Toledo se aprobó, y así se ha enviado después a Bruselas, mantener el poder adquisitivo de los pensionistas vinculando la pensión al IPC de forma indefinida. “Esto va a ser así. Va a suponer un cambio de la Ley General de la Seguridad Social”, ha adelantado el ministro responsable, que asegura que se está negociando ya con los agentes sociales.

Relacionado El gasto en pensiones supera por primera vez los 10.000 millones

El Real Decreto también incluye otra medida “de justicia”, en palabras del ministro. Se mantiene la legislación de pensiones previa a la reforma de 2011 para aquellos trabajadores que salieron del mercado laboral en la crisis financiera y que no se han vuelto a reincorporar, es decir, antes del 1 de abril de 2013.

Prórroga de los ERTE

El Consejo de Ministros también ha aprobado la prórroga de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) y de la prestación de las ayudas económicas a los autónomos hasta el 31 de mayo, después de alcanzar un acuerdo con los agentes sociales en ambos casos.

Escrivá ha anunciado la aprobación de un Real Decreto Ley que recoja esta ampliación y las condiciones de las medidas de apoyo económico, que se mantienen sin cambios con respecto a la legislación actual. El objetivo, según Escrivá, es “reforzar y consolidar el empleo y el tejido productivo”.

El ministro ha mencionado cuatro puntos clave en la gestión de estas medidas: anticipación, certidumbre, continuidad y consenso. Así, se mantiene la prestación del 70% del salario base para los afectados por ERTE, además de la prohibición de despedir. El esquema de los ERTE se mantiene, con tres tipos diferentes.

Por un lado, los ERTE sectoriales y de cadena de valor, para las empresas “particularmente afectadas por la pandemia y que siguen siendo así”, que el ministro ha relacionado con el turismo, el transporte o la restauración.

Además, se añaden algunos sectores asociados o empresas muy vinculadas a ese sector y que se ven afectadas por la facturación. En este caso, la exoneración es de hasta el 85% de las cuotas de los trabajadores, tanto para los activos como los inactivos. “Es una ayuda directa a estas empresas”, ha calificado el ministro.

Por otro lado, se mantienen también los ERTE de impedimento por restricciones administrativas, con la exoneración del 100%, y los ERTE de limitación, con exoneraciones durante cuatro meses que serán del 100% para las pymes.

Ampliación de ayudas a autónomos y en el mercado de la vivenda

En el caso de los autónomos, se prorrogan las cuatro medidas ya disponibles, que consisten en lo siguiente. En primer lugar, la prestación por suspensión de actividad, derivada del cierre por decisión administrativa, dotada con 760 euros. Además, se mantiene la prestación compatible con actividad para autónomos cuya actividad aún no se ha recuperado o empeora, en función de la base de cotización.

La tercera medida consiste en una prestación extraordinaria por bajos ingresos para quienes no puedan acceder a las ayudas anteriores, con un mínimo de 760 euros si los ingresos son inferiores al SMI en el primer semestre de 2021, entre otros requisitos, y finalmente, la prestación para trabajadores de temporada, con un mínimo de 660 euros.

Además de los Reales Decretos, la ministra portavoz, María Jesús Montero, ha anunciado la ampliación de las prórrogas de los contratos de alquiler y la moratoria de las rentas de alquiler de vivienda hasta el final del decreto de alarma hasta el 31 de mayo. Además, se amplían hasta el 9 de mayo los contratos que pueden acogerse a la prórroga extraordinaria de seis meses de los alquileres de vivienda, con las mismas condiciones actuales.

“Son medidas de carácter urgente que pretenden dar respuesta a la situación de vulnerabilidad, sobre todo a aquellos hogares con mayores dificultades”, explica la ministra portavoz.