El teletrabajo ha sido una de las alternativas por las que han optado muchas empresas españolas en la crisis del coronavirus, ante las medidas restrictivas para paliar los contagios. De esta forma, casi diez millones de personas que, por razones técnicas, pueden trabajar a distancia lo están haciendo desde mediados de marzo.
Sin embargo, parece que el teletrabajo ha llegado para quedarse, especialmente en el escenario de la nueva normalidad en la que cambiará nuestra forma de relacionarnos, comprar o trabajar. De hecho, en el último decreto sobre la ampliación del estado de alarma, el Gobierno recomienda optar por el teletrabajo siempre que se pueda.
Ante esto, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha avanzado en una entrevista a 20minutos que se va a aprobar “con prontitud” la Ley Reguladora del Trabajo a Distancia para asegurar ciertas condiciones laborales. “El trabajo a distancia es una herramienta fabulosa, ahora bien, tiene que cumplir varias cosas”, reconoce la ministra.
Díaz asegura que la ley debe respetar los derechos de descanso diarios y semanales que obliga el Estatuto de los Trabajadores, así como respetar los derechos de conciliación y desconexión. Además, tiene que realizarse una evaluación de prevención de riesgos laborales, “que los tiene y muchos”, asegura.
En concreto, ha mencionado los problemas que presenta el teletrabajo: “Se está produciendo una extensión de nuestro tiempo de trabajo. El simple hecho de que tengas que estar disponible genera estrés”. Ante esto, avanza que “hay que pactar normas” y afirma: “El teletrabajo aumenta la productividad, pero hemos de cuidar y respetar los derechos laborales”.
En esta línea, recuerda que el Gobierno puso en marcha el plan Me Cuida para los empleados que teletrabajan y además deben hacerse cargo de sus hijos, también en casa por el cierre de los centros educativos. En palabras de Díaz, se trata de “un derecho preferencial al trabajador para que elija y adapte el tiempo de su jornada laboral. Y que pueda cambiar su horario, reducir su jornada, hasta el 100% incluso”.
UGT pide hacer frente a los gastos inherentes al teletrabajo
Por otro lado, los sindicatos también se muestran a favor de la regulación del teletrabajo con tres puntos clave: respeto a la jornada laboral, desconexión, riesgos laborales y hacer frente a los gastos inherentes en el hogar. Además, aseguran que llevan años pidiendo una regulación del teletrabajo en los convenios colectivos y que la legislación actual “es totalmente insuficiente”, según UGT.
Así, UGT ya está trabajando en la primera propuesta para el Gobierno en la que recuerdan que el teletrabajo no es una prestación de plena disposición sin límites de tiempo, sino que se debe respetar la regulación de la jornada laboral. Asimismo, abogan por la desconexión digital y advierten de un aumento exponencial en las horas de trabajo.
Una de las peticiones de los sindicatos es reconocer los riesgos laborales derivados del teletrabajo, especialmente aquellos de tipo ergonómico y psicosocial. Aspectos como la sobrecarga de información y trabajo, el aumento del ritmo de trabajo o la inmediatez de las respuestas pueden derivar en problemas relacionados con el tecnoestrés laboral.
Es el caso de la conectividad constante vista desde el lado negativo, que “impide su recuperación tanto psíquica como física ya que su jornada laboral se ve alargada", denuncia UGT. Por el momento, hasta la aprobación de la ley anunciada por la ministra de Trabajo, el sindicato solicita a las empresas respetar las leyes vigentes en cuanto a la protección de la salud mental de sus empleados durante la jornada de teletrabajo.
La propuesta de UGT va más allá y hace hincapié también en aspectos como la relación laboral en el teletrabajo o los gastos inherentes a esta fórmula. Y es que el teletrabajo ha provocado un aumento del consumo de suministros energéticos en el hogar como el agua, la electricidad o el gas, según explica el sindicato.
Todas estas propuestas serán negociadas en la mesa de diálogo social que el Ministerio de Trabajo celebra todas las semanas con sindicatos y empresarios, con el objetivo de regular una nueva forma de trabajo de cara al presente y al futuro más cercano de la sociedad española.