Nadia Calviño, vicepresidenta segunda y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, ha anunciado la aprobación del anteproyecto de ley de startups, que a partir de ahora será sometido a audiencia pública, para “alinearnos con los países líderes en el ámbito tecnológico” y consolidar a España como “un hub de startups”.
La responsable económica ha anunciado la aprobación de esta primera medida en el Consejo de Ministros, dentro de las reformas con las que el Ejecutivo pretende reforzar el emprendimiento, aumentar el tamaño de las empresas, reforzar el ámbito digital, aumentar la productividad y el empleo de calidad, para alcanzar una “mejor perspectiva de crecimiento y de bienestar”.
Para poder beneficiarse de las medidas tributarias y fiscales que conlleva la nueva ley, las startups deberán cumplir con las siguientes condiciones, tal y como ha explicado Calviño. En primer lugar, tener su sede social y más de la mitad del empleo con contratos en España y contar con una antigüedad menor a 5 años, 7 años en el caso de la biotecnología o sector industrial. Asimismo, tampoco podrán ser sociedades cotizadas ni haber distribuido dividendos, tienen que tener con carácter innovador y una facturación inferior a 5 millones de euros.
La ley contempla un paquete de medidas mediante beneficios fiscales, instrumentos de apoyo a la inversión y a la atracción de talento para este sector económico. La medida principal pasa por la reducción del tipo impositivo del Impuesto de Sociedades y del impuesto de no residentes del 25% al 15% durante cuatro años, el aplazamiento de las deudas tributarias o medidas favorables sobre las acciones de la propia sociedad, como modo de pago o retribución de los trabajadores.
Calviño ha anunciado también el aumento de la exención de los 12.000 a los 45.000 euros anuales y la imposición de un régimen tributario favorable para los nómadas digitales, teletrabajadores desplazados al territorio español, que no tendrán que someterse al impuesto sobre la renta de no residentes. También se creará un visado específico para personas que trabajan en España para una empresa extranjera, incluyendo el sector audiovisual.
En aras de aumentar la financiación de estas startups, se eleva la base máxima de deducción de inversión en empresas de nueva creación desde los 60.000 a los 100.000 euros anuales, la reducción del tipo de deducción del 30% al 40% y aumenta el tiempo de la empresa siendo de “reciente creación”, hasta los 5 o 7 años.
"Reducir los obstáculos" en los procedimientos administrativos
En cuanto a los procedimientos administrativos, el Gobierno tiene como objetivo “reducir los obstáculos” mediante la eliminación de la obligación de efectuar pagos fraccionados del impuesto de sociedades y el impuesto de no residentes y la eliminación de la obtención del número de identificación extranjero para los inversores no residentes, bastando el número de identificación fiscal. Asimismo, se facilita la creación de sandbox regulatorios, para la adaptación del marco normativo a los nuevos modelos de empresas.
La nueva ley también impulsará la colaboración entre startups y empresas y centros de investigación y favorece la compra pública innovadora por parte de la Administración, facilitando el emprendimiento fuera de los polos urbanos existentes, en aras de favorecer el crecimiento económico y la innovación en todo el territorio español.
“Con esto queremos lograr ayudar a una profunda transformación y modernización de nuestro tejido productivo, gracias al apoyo de las tecnologías digitales, para que España se consolide como un hub empresarial y digital de referencia en Europa. Se enmarca dentro de uno de los ejes del Plan de Recuperación para mejorar la demografía empresarial y el clima de negocios”, ha destacado Calviño.
Esta es la primera parte para impulsar el tejido productivo español, ya que la ministra ha avanzado estar “terminando otros dos anteproyectos de ley muy importantes que cubren el ciclo de vida de las empresas”. Se trata de la Ley de creación y crecimiento empresarial y la reforma de la Ley concursal en el contexto de la transposición de la directiva correspondiente de 2019, que prevé aprobar a finales de este mes de julio.
“El objetivo es que los proyectos empresariales cuenten con un marco favorable para iniciar su andadura y un buen clima de negocios en todo el territorio nacional para crecer y ampliar su competitividad y su capacidad para crear empleo de calidad” -explica la ministra- “Queremos contar con un sistema concursal, moderno, ágil, alineado con los modelos más avanzados que nos lleve a una economía más resistente y más sólida de cara al futuro”.
Luz verde al acuerdo de pensiones y a la reducción de temporalidad en la Administración
Más allá de la aprobación de la ley de startups, la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha informado de otras cinco cuestiones socioeconómicas que también ha aprobado el Consejo de Ministros ordinario. En primer lugar, el Consejo de Ministros ha dado “luz verde” al anteproyecto de ley de garantía del poder adquisitivo de las pensiones, “este importantísimo proyecto normativo”, en palabras de Montero.
La portavoz asegura que este anteproyecto recoge “medidas clave para el colectivo de pensiones” y ha explicado los principales puntos del acuerdo: mejora de los incentivos a la jubilación demorada; eliminación con ciertas excepciones de cláusulas en algunos convenios colectivos de jubilación forzosa; flexibilización de coeficientes reductores de la jubilación anticipada; mejora de la equidad; derogación del factor de sostenibilidad y la eliminación de los gastos impropios del sistema de la Seguridad Social.
El segundo gran punto del día pasa por la aprobación del Real Decreto de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, a propuesta del Ministerio de Política Territorial tras alcanzar un acuerdo este mismo lunes con los sindicatos. “Busca simplemente acabar con la temporalidad en el ámbito del sector público tal y como hemos pactado con la UE”, asegura Montero.
En este caso, ha recalcado el “mapa asimétrico” de las Administraciones Públicas, al que este nuevo Real Decreto pretende dar respuesta. Así, se reduce la interinidad de los trabajadores públicos hasta una duración máxima de tres años, dejando el papel de interino solo a puestos “de carácter temporal” o de “ampliación de tareas”.
Además, el Consejo de Ministros ha aprobado la distribución territorial de créditos en las comunidades autónomas para la financiación de dos proyectos de inversión -el Plan Nacional de Competencia Digitales y las Nuevas Políticas Públicas para el Plan de Trabajo Dinámico, Resiliente e Inclusivo- con una dotación de 687 millones de euros, la mayoría procedente del SEPE y del Plan de Recuperación.
Con esta medida, pretende beneficiar en torno a 218.000 personas, centrándose en el empleo joven y femenino, la adquisición de nuevas competencias laborales, la empleabilidad verde, la equidad o reequilibrio territorial, la gobernanza o el impulso a políticas de apoyo para el empleo.
Por otro lado, se ha autorizado a la Agencia Española de Cooperación Internacional para dar subvenciones a ONGs, con una convocatoria de hasta 30 millones de euros: y un nuevo impulso a la transición ecológica, con 511 millones de euros para la conservación y restauración de ecosistemas, biodiversidad y recursos híbridos.
