El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, liderado por Teresa Ribera, ha autorizado el inicio del desmantelamiento de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos). Para este proceso se traspasará también la titularidad de la instalación de Nuclenor a Enresa, responsable de los trabajos. El proyecto contaba desde hace dos meses con el informe favorable del Consejo de Seguridad Nuclear y con la luz verde el Ejecutivo comenzará la primera de las dos fases. El desmantelamiento se alargará hasta 2033 y contará con un presupuesto de 475 millones de euros, dando trabajo hasta a 350 personas de forma simultánea.
La central, situada en el Valle de Tobalina, contaba con a una potencia instalada de 466 megavatios (MW) y funcionó desde su inauguración (1971) hasta 2012, momento de su desconexión, cuando Nuclenor comunicó al Ministerio de Industria, Energía y Turismo su decisión de no seguir explotándola. En julio de 2013 se declaró el cese definitivo de explotación, pero la empresa presentó una solicitud de renovación de la autorización en mayo de 2014 por no responder su cierre a razones de seguridad nuclear o protección radiológica. Finalmente, en agosto de 2017, esta solicitud fue denegada por el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital.
Frente a este tipo de políticas, el Partido Popular (PP) ha anunciado que, de poder formar Gobierno tras las elecciones generales, ampliará la vida de las centrales nucleares. “Revertir el desmantelamiento”, fueron las palabras elegidas por Alberto Núñez Feijóo para explicar su plan. "La pregunta que no responde el Partido Popular es quién va a pagar eso: los ciudadanos o el Estado”, respondió Pedro Sánchez en una entrevista con la Cadena SER.
"En el largo plazo el coste de producir electricidad de la energía es mucho más caro que el de las renovables. Tendrán que explicar quién lo va a pagar”, añadió el presidente del Gobierno. “¿Prorrogar las nucleares? ¿A qué coste?¿Quién lo paga? ¿Quién se hace cargo de las centrales viejas y quién se hace cargo de los residuos? Falta mucho por explicar", remarcó Ribera a través de sus redes sociales.
Dos fases
La fase uno se desarrollará entre el presente año y 2026. Durante este periodo se desmontarán los sistemas, estructuras y componentes del edificio de turbina, y se acometerán las modificaciones de sistemas e instalaciones necesarias para la gestión de los residuos resultantes. A la vez, se evacuará el combustible gastado desde la piscina hasta el Almacén Temporal Individualizado (ATI) de la central.
Posteriormente, en la fase dos (2027-2033), ya con el combustible en el ATI, se abordará el desmantelamiento final de los edificios de carácter radiológico, continuando con las descontaminaciones, desclasificaciones y demoliciones, para, finalmente, concluir con la restauración del emplazamiento.
Desde el Ministerio de Transición Ecológica trasladan que la autorización para comenzar los trabajos llega después de que el proyecto se sometiera a información pública entre marzo y abril de 2021, de que el Pleno del Consejo de Seguridad Nuclear emitiese el preceptivo informe favorable el pasado mes de mayo y tras haber obtenido la Declaración de Impacto Ambiental que establece las condiciones a las que ha de ajustarse el proyecto. Tan solo falta que se transfiera la titularidad de la central de Nuclenor a Enresa, algo que aseguran sucederá en los próximos días, para que puedan dar comienzo las obras sobre el terreno.
Convenio de transición justa
Hace tres años el Instituto para la Transición Justa comenzó a trabajar en los 27 municipios donde se han identificado impacto en el empleo y en la renta tras el cierre de la central, de acuerdo con el Plan de Acción Urgente de la Estrategia de Transición Justa para las zonas en las que se habían producido cierres de instalaciones sin planes de reactivación. En mayo de 2021, la cartera liderada por Teresa Ribera, la Junta de Castilla y León, el Gobierno Vasco y los municipios implicados firmaron el protocolo de actuación para la elaboración del Convenio de Transición Justa de Garoña por el cierre de la central.
El ITJ ya ha adjudicado 7,7 millones de euros a 12 proyectos municipales para reactivar la zona, con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Estos tienen diferente naturaleza, destacando los destinados a materia sociosanitaria, de fomento del turismo, de rehabilitación de inmuebles, de restauración ambiental o de gestión de biomasa. Desde el Ministerio se está trabajando en una nueva convocatoria para este tipo de proyectos. Por otro lado, se están tramitando líneas de ayudas a empresas y pequeños proyectos de inversión, que se resolverán a final de año, a las que se han presentado proyectos de la zona.
