El Consejo de Ministros celebrado este martes se ha centrado en el ámbito económico. El Gobierno ha dado cumplimiento a dos de sus promesas pasadas: avales ICO para la primera vivienda y la ley de Movilidad Sostenible. La primera de ellas la pronunció desde Santa Cruz de Tenerife el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en mayo de 2023, en plena campaña electora autonómica y local. La segunda de ellas debería haberse aprobado ya, para cumplir en compromiso alcanzado con Bruselas, pero el adelanto electoral hizo decaer su tramitación.

Además de esto, el Gobierno ha vuelto a aprobar los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de administraciones públicas y de cada uno de los subsectores en periodo 2024-2026, vetados por el Partido Popular (PP) en el Senado y vitales, aunque Hacienda asegura que no indispensables, para los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de este año. La mayoría conservadora podría volver a tumbar lo aprobado en la Cámara Alta, lo que traería la recuperación de unas normas más exigentes para comunidades autónomas y ayuntamientos, que tendría menos margen para el gasto público.

No obstante, el Ejecutivo de coalición no se desanima. “Este Gobierno no pierde el tiempo y sigue trabajando para contar cuanto antes con unas cuentas que permitan que nuestro país siga en esa senda de crecimiento y en esa creación tan positiva de empleo”, ha explicado la portavoz, Pilar Alegría. "En frente tenemos a una oposición que ha decidido no construir y ser obstáculo y perjudicar a los ciudadanos de las CCAA donde gobierna”, ha criticado, asegurando que seguirán “apostando por el diálogo y el acuerdo".

Polémicos avales ICO

La mayor polémica de este Consejo de Ministros la ha generado la aprobación de línea de avales para la primera vivienda. Concretamente, se ha dado luz verde a las condiciones, criterios y requisitos para el acceso a la cobertura parcial por cuenta del Estado de la financiación para la adquisición de la primera vivienda destinada a residencia habitual y permanente por las personas jóvenes y familias con menores al cargo. Podemos ya ha trasladado su negativa, por ser un favor a los bancos, y la líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha lamentado que  "priorizan la compra de vivienda en el ámbito privado". En otro ámbito, la asociación FACUA asegura que “va contra el interés general de los consumidores”.

La política pretende llegar a 50.000 personas y está dotada con 2.500 millones de euros. Concretamente, el Estado avalará el 20% del total de la hipoteca para jóvenes menores de 35 años y para familias con menores a cargo. Los objetivos finales son aliviar el alquiler en las zonas tensionadas, dando como opción la compra, que en algunas ciudades más asequible; y atender la realidad en núcleos rurales contribuyendo así a la fijación de población. No obstante, como ha reconocido la propia ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, la vinculación del Gobierno es con el banco y la decisión final de concesión de la entidad.

“A las personas que tienen empleos estables, salarios dignos y el deseo de fijar su residencia y establecer una vivienda, les decimos que no se preocupen. El Gobierno se compromete a ser su avalista”, ha expuesto la ministra. Lo cierto es que parece complejo que para una persona con un contrato que, aunque indefinido, no supere los 1.500 euros al mes (salario más repetido en España) esta medida vaya a servirle de algo; dado que su situación en una ciudad como Madrid no puede considerarse “solvente”.

“A todos aquellos que quieran acceder a esa vivienda y que tienen esa estabilidad económica y laboral les decimos que les vamos a dar garantía a su banco para que pueda acceder a una hipoteca”, ha trasladado la titular de Vivienda, puntualizando que están desplegados otra “serie de instrumentos para darle cobertura y avanzar en la solución” del mercado de la vivienda. De cara al acceso a los avales ICO, más allá de la edad, existen otra serie de requisitos:

  • Los adquirientes de viviendas deben ser personas físicas y mayores de edad, con residencia legal en España, debiendo acreditarla de manera continua e ininterrumpida durante los dos años anteriores a la solicitud del préstamo.
  • La vivienda deberá ser durante al menos diez años el domicilio habitual y permanente.
  • Los ingresos individuales no pueden superar los 37.800 euros brutos al año (4,5 veces el IPREM). En el caso de que la vivienda sea adquirida por dos personas, el límite de ingresos se elevará al doble. La medida cuenta con factores de mejora en función del número de hijos y de si familia es monoparental. El límite se incrementará en 2.520 euros brutos anuales por cada menor a cargo y en el caso de familia monoparental el límite se podrá incrementar en un 70% adicional
  • No podrán acogerse a esta línea de avales quienes ya sean propietarios de otra vivienda con anterioridad, independientemente de la forma de adquisición de esta.
  • El límite de patrimonio del avalado será máximo de 100.000 euros

Recuperación de la Movilidad Sostenible

En otro orden de cosas, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha recuperado el proyecto de Ley de Movilidad Sostenible, que decayó en la pasada legislatura por el adelanto electoral. Ahora, el Gobierno recupera el proyecto, que será remitido al Congreso de los Diputados para su posterior tramitación y aprobación por la vía de urgencia, debido al compromiso adquirido vía Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia con la Comisión Europea.

El titular de la cartera ha defendido los cambios que establece esta norma y ha puesto en valor la posición de España en materia de transportes. “Somos el primer país en conectividad ferroviaria de alta velocidad del mundo, el 70% de la población está conectada de esta manera, y el segundo en kilómetros de alta velocidad, después de china. Además, somo el primero de la Unión Europea (UE) y tercero del mundo en kilómetros de vías de alta capacidad (autovías) y el primer país de la UE en escalas portuarias”, ha sacado músculo. Posteriormente, ha explicado los cuatro pilares de la ley:  

  • Carácter social: La nueva ley reconoce, por primera vez, la movilidad como un derecho ciudadano. “No el constitucional de libre circulación, sino derecho a contar con un ecosistema de transporte y movilidad que garantice también el ejercicio de otros derechos (trabajo, ocio, salud, etc.)”
  • Descarbonización: Avanzar en la transformación de las ciudades de los coches a las ciudades de las personas. “Respetando el ámbito competencial y apostando por la colaboración con las administraciones, pero incentivando esa transformación”.
  • Eficiencia del gasto: “Es importante que, en este país, se sea más eficiente en materia de construcción de infraestructuras y en gasto en transporte”. Esta ley introduce los análisis ex ante y ex post que buscarán garantizar la rentabilidad socioambiental de todas las actuaciones, mecanismos de transparencia y rendición de cuentas. El objetico es reducir las ineficiencias en 8.000 millones y aumentar un 3% la productividad de las empresas en una década.
  • Digitalización y apoyo a la innovación: “Promoción del uso de los datos, creando un espacio de datos integrados, y definición de un sandbox normativo para la innovación”.