El Consejo de Ministros ha vuelto este martes al trabajo tras el parón estival con dos puntos clave: la aprobación del primer gran bloque de la reforma de pensiones y la declaración de zona catastrófica para 13 comunidades autónomas por los incendios de este verano. La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha sido la encargada de informar de ambas medidas en la rueda de prensa posterior.
Rodríguez ha destacado el acuerdo en la reforma de pensiones alcanzado a primeros de julio entre el Gobierno y los agentes sociales en un contexto de recuperación económica con ayuda de la Unión Europea. “Se trata de unas reformas acompañadas por unos datos económicos que nos dan impulso hacia el futuro”, asegura la ministra portavoz.
“Es una razón de justicia” -ha comenzado explicando la aprobación de la primera parte de la reforma de pensiones- “Tras una década de incertidumbre […] el Gobierno de España recupera el consenso y el diálogo social en el marco del Pacto de Toledo”. Tras este paso, el bloque de reformas pasa al Congreso de los Diputados para iniciar su tramitación parlamentaria.
Tal y como ya hemos explicado en varias ocasiones, la primera gran pata de reformas cuenta con la garantía del poder adquisitivo de las pensiones y otras medidas de refuerzo de la sostenibilidad financiera y social del sistema público de pensiones, mediante la derogación de los factores más polémicos de la reforma del Partido Popular de 2013. “Así podemos recuperar el valor de lo público y la tranquilidad de los pensionistas de hoy y del mañana”, recalca la ministra.
Rodríguez ha recalcado que esta aprobación corresponde al cumplimiento de las recomendaciones del Pacto de Toledo, así como al acuerdo dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y del acuerdo con los agentes sociales.
Rodríguez: "Ningún pensionista tendrá que preocuparse de sus pensiones"
“El objetivo es garantizar el poder adquisitivo de los pensionistas, que quedó en suspenso con la reforma de las pensiones de 2013. Se recupera el consenso tan valioso para que esta reforma sea y perdure a los pensionistas de hoy y de mañana” -ha asegurado- “Ningún pensionista tendrá que preocuparse de sus pensiones”.
Además, el primer gran acuerdo incluye medidas para acercar la edad efectiva de jubilación a la edad ordinaria a través de varios mecanismos. Entre estos se encuentran la mejora de los incentivos a la jubilación, con un cheque de hasta 12.000 euros al año; la eliminación de algunas excepciones en las clausulas de jubilación forzosa; la mejora de la equidad con la derogación del factor de sostenibilidad de 2013 y la previsible sustitución de un nuevo mecanismo de equidad generacional que operaría a partir del 2027.
Esta es solo la primera pata de la gran reforma de pensiones ya que el Gobierno continuará con la negociación con los agentes sociales, con puntos clave como la equiparación de los autónomos con ingresos reales o la adaptación de las pensiones a las parejas de hecho. “Estamos pensando en una recuperación justa que dé tranquilidad a los pensionistas de hoy y del futuro”, recalca la portavoz.
Declaración de zona catastrófica para 13 comunidades
Por otro lado, el Consejo de Ministros ha aprobado la declaración de zona afectada por emergencia de Protección Civil -popularmente denominadas zonas catastróficas- para Castilla y León por los graves incendios en Ávila, en concreto en Navalacruz y Cepeda de la Mora, de los últimos días.
Sin embargo, también ha aprobado esta declaración para las regiones de Andalucía, Aragón, Canarias, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Comunidad Valenciana, Islas Baleares, La Rioja, Madrid, Navarra y Principado de Asturias. En total, 13 autonomías se podrán beneficiar de estas ayudas extraordinarias para hacer frente al efecto de los incendios.
Esta declaración tiene un carácter puramente económico ya que permite la concesión de ayudas extraordinarias para daños materiales y personales en viviendas, enseres, establecimientos industriales, ganaderos o agrarios. También podrían acogerse a estas ayudas personas jurídicas o incluso corporaciones locales afectadas, en palabras de la ministra portavoz.