La ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha anunciado este lunes que el Gobierno impedirá por ley que los bancos cobren a los mayores de 65 años por sacar dinero en efectivo en las ventanillas. “Vamos a adoptar un cambio legal para prohibir cobro de retiradas en efectivo a personas mayores. Que se elimine este elemento de intranquilidad”, ha declarado tras reunirse con las patronales del sector bancario (AEB, CECA y UNACC).

Calviño ha explicado que esta medida era una demanda de las asociaciones de mayores y que “buena parte de las entidades ya la han aplicado”. No obstante, ha insistido en que “conviene tener esta obligación legal para que se garantice esta atención”. Además, la reunión también ha servido para hacer un seguimiento de los tres códigos de buenas prácticas que han suscrito los bancos en España, relativos a la inclusión de las personas mayores, los servicios rurales y la protección de los hipotecados vulnerables ante el alza de los tipos de interés.

Sobre este último aspecto, que afecta a miles de hogares en España, se han introducido algunas novedades. La más importante es que se ha elevado el límite de renta por hogar para acceder al código de buenas prácticas con medidas de alivio para hipotecados con créditos variables, pasando de 29.000 a 38.000 euros. Esta medida, que ya avanzó Pedro Sánchez en su investidura y que forma parte del acuerdo de coalición entre PSOE y Sumar, permitirá que 100.000 hogares más se puedan beneficiar, según Calviño.

Asimismo, se ha prorrogado por un año más, hasta finales de 2024, la exención de comisiones para los clientes con hipotecas variables que quieran amortizar anticipadamente o cambiar sus créditos a tipos fijos o mixtos. Estos últimos, que han cobrado más protagonismo en los últimos tiempos, se incorporan como novedad al código de buenas prácticas. Por otro lado, una vez que finalice esta medida se extenderá el techo permanente del 0,05% que limita las comisiones aplicables a cambios de hipotecas de tipo variable a fijo, de forma que incluyan también los cambios a hipotecas a tipos mixtos.

Pese a estos cambios, el número de hogares que han solicitado adherirse a estos códigos de buenas prácticas sigue siendo muy bajo. Solo 55.000 solicitudes en el primer año de vigencia, sin que se haya especificado cuántas han sido aceptadas por los bancos.

Medidas de alivio para apoyar a hogares con hipotecas

La vicepresidenta primera ha insistido en la necesidad de informar proactivamente a los ciudadanos sobre las distintas opciones de alivio hipotecario a su disposición. Que consisten en:

  • La congelación del tipo de interés durante 12 meses, es decir, la congelación de la cuota durante ese periodo.
  • La extensión del plazo de amortización de hasta 7 años.
  • Y para familias con renta inferior a 25.200 euros (3 veces el IPREM) se añade también la carencia de 2 años.

El sector ha defendido que se trata de un código de buenas prácticas “preventivo”, ya que la situación ha mejorado en el último año. “La tasa de morosidad de los préstamos hipotecarios es más baja que hace un año”, ha afirmado María Abascal, directora general de la Asociación Española de Banca (AEB), que agrupa a entidades como Santander, BBVA o Sabadell. “No consideramos estrictamente necesario el aumento del umbral por la mejora de la situación, dicho lo cual, el sector estará a la altura”, ha añadido. “La solución pasa tanto por el código de buenas prácticas como por la relación bilateral entre las entidades y los hipotecados”, ha argumentado. “No sería recomendable estar revisando el código cada cierto tiempo”, ha concluido.

Servicios financieros en el ámbito rural

Por otra parte, respecto a la hoja de ruta para la inclusión financiera en el ámbito rural, suscrita por las patronales sectoriales en octubre de 2022, también se han producido importantes avances en el último año. Hasta la fecha, se ha logrado dar cobertura, a través de la instalación de cajeros u otras modalidades alternativas como los Ofibuses, a más de 200 municipios, el 93% de los municipios de más de 500 habitantes que no disponían de punto de acceso a servicios financieros hace poco más de un año, lo que supone una inclusión de más de 200.000 personas que viven en el ámbito rural.

La vicepresidenta ha trasladado en la reunión del objetivo debe ser que el 100% de los municipios de todos los tamaños puedan acceder a servicios financieros, con soluciones adaptadas a sus especificidades territoriales y de población.

Asimismo, se ha previsto ampliar la información que figura en el registro del Banco de España, de manera que figuren las formas más novedosas de prestación física de servicios financieros, para favorecer la identificación de posibles carencias y continuar avanzando en la cobertura efectiva de todo el territorio nacional.