El Gobierno ha acordado este lunes con los sindicatos un plan para reducir la temporalidad en el sector público que contempla la convocatoria de las plazas estructurales ocupadas por interinos desde hace más de tres años y una indemnización de 20 días para los que no superen el concurso.
El pacto entre Función Pública y los sindicatos recoge que los contratos temporales tendrán una duración máxima de tres años y esas plazas deberán incorporarse a ofertas de empleo público, teniendo además el interino una garantía de permanencia en su puesto siempre que el proceso selectivo esté en marcha. Las administraciones también deberán indemnizar al personal afectado con 20 días por año de servicio y hasta doce mensualidades cuando extiendan los contratos temporales más allá de este periodo de tres años.
Asimismo, los actos administrativos que supongan el incumplimiento de estos plazos máximos serán nulos de pleno derecho y se exigirán las responsabilidades que procedan a los gestores.
Se trata de una de las reformas comprometidas con Bruselas en el plan de recuperación para cobrar los fondos europeos. Así, el Gobierno espera rebajar hasta el 8% la tasa de temporalidad que recoge la media europea y que España supera actualmente en 20 puntos, con el 28%. Esta medida afectará a unos 300.000 trabajadores temporales de la Administración, según los cálculos del ministerio, y que deberán ser fijas antes del 31 de diciembre de 2024.
Para cumplir los plazos, las administraciones deberán agilizar los procesos selectivos, con la reducción de plazos, la digitalización de procesos o la acumulación de pruebas en un mismo ejercicio.
Desde CCOO han valorado las medidas como “un buen marco general que deberá ser adaptado a los diferentes sectores y administraciones”, mientras que desde UGT han remarcado que “la reforma firmada profesionaliza el modelo de empleo público, mantiene la figura del personal funcionario interino y vigila su adecuada utilización por parte de la Administración, al tiempo que establece un marco flexible de seguridad jurídica en el marco de las Administraciones estatal, autonómica y local”.
Esta previsto que este martes en el Consejo de Ministros se apruebe un real decreto con el que se pretende establecer una hoja de ruta para afrontar esta anomalía, una de las más representativas del mercado de trabajo y, en concreto, en las instituciones públicas.