El Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), texto firmado por organizaciones empresariales y sindicatos como hoja de ruta para la negociación de los convenios colectivos, se cumple. O por lo menos si eres el presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE). La regularización de Antonio Garamendi como asalariado de la patronal y su subida de sueldo hasta el entorno de los 400.000 euros, que causaron mucha polémica por las sucesivas negativas del vasco a acatar una subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), se ha certificado.
Garamendi se incluyó en el Régimen General de la Seguridad Social por primera vez en el año 2023, como asalariado de la CEOE, con una retribución de 379.000 euros anuales. Esta cuantía era un 3,8% más alta que los 365.000 que cobró en 2022, cuando todavía figuraba como autónomo, y 12.000 euros más baja que la que recibió en 2024. El pasado año, según se desprende de las cuentas anuales de la organización empresarial reveladas por El Mundo, su salario se situó en los 391.000 euros, un 3,2% más que el curso anterior.
Los avances de 2023 y 2024, a los que hay que sumar el 3,4% entre 2021 y 2022, ubican el incremento salarial del presidente de la CEOE a lo largo de los últimos años en el 11%, a la espera de conocer cuál ha sido la subida contemplada para este 2025, dato que se conocerá con la futura publicación de las cuentas. De seguir el AENC, que prevé un incremento del 3% para este año, la cuantía superaría mínimamente los 400.000 euros anuales (402.730).
La senda salarial ascendente que está disfrutando Garamendi confronta directamente con su discurso sobre la imposibilidad de las empresas de asumir el último aumento del SMI, que ha situado la cuantía anual para este 2025 en los 16.576 euros, traducido en 1.184 euros mensuales en 14 pagas (1.381 en 12 pagas). El salario mensual de Garamendi aceptando la subida del 3% de 2025, por el contrario, asciende a los 28.766 euros en 14 pagas (33.560 en 12). Atendiendo al de 2024, cuando el SMI era de 1.134 euros en 14 pagas (1.323 en 12), la cuantía se ubica en los 27.928 (32.583 en 12).
El empresario vasco no ha sido el único miembro de la CEOE beneficiado de los incrementos salariales. Las cuentas también reflejan la progresión de la retribución salarial del secretario general de la patronal, José Alberto González-Ruiz, quien ha disfrutado de porcentajes de crecimiento aún mayores. Concretamente, su cuantía ha pasado de los 248.000 euros de 2021 a los 285.000 euros de 2024, lo que se traduce en un avance del 15%, siendo la mayor subida la del último ejercicio, con un salto del 7,5%. Todo ello sin saber sí, en su caso y en el de Garamendi, existen otros complementos en sus nóminas.
Contra la reducción de jornada
Las vacaciones de Garamendi serán dulces, después de haber derrotado en las últimas elecciones de Cepyme al hasta entonces presidente, Gerardo Cuerva, que quería pelearle el bastón de mando supremo en 2026. La candidata del vasco, Ángela de Miguel, se hizo con la rienda de la patronal de las pequeñas y medianas empresas, principal organización agrupada en la CEOE. La próxima batalla electoral tendrá lugar en 2026, cuando Garamendi buscará su tercer mandato, después de eliminar la limitación de dos periodos, para alargar su dirección hasta 2030, cuando cumpliría 12 años en el mayor de los escalafones.
Atrás queda la derrota de principios de año, cuando el Gobierno de coalición aprobó una subida del 4,4% del SMI, con el apoyo de los sindicatos y el descuelgue del texto final de la patronal. Sin embargo, en el horizonte se dibuja la siguiente batalla de la última guerra abierta por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz: la reducción de la jornada laboral.
La principal representante de Sumar en la coalición no ceja en su intento de acometer la reducción de los tiempos de trabajo hasta las 37,5 horas semanales, sin merma salarial. La reforma no tendría una afectación tan grande como la CEOE dibuja, dado que gran parte de los convenios ya tienen jornadas situadas en torno a ese baremos, pero beneficiaría a muchos trabajadores que no cuentan con convenio. Además, también se contempla un endurecimiento del registro de jornada y del control de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
La patrona fue clara al decir que utilizaría sus mecanismos de presión para evitar que la medida saliese adelante y, de momento, estas acciones están teniendo su efecto. La coalición no cuenta con una mayoría progresista y para sacarla adelante necesita del apoyo de un socio con personalidad múltiple, Junts per Catalunya. Los de Carles Puigdemont no dejan de ser el partido de la derecha catalana y, como tal, han escuchado las presiones de su patronal (Foment del Treball) y han boicoteado el avance parlamentario. Díaz ha postergado el debate, obligada por la falta de mayorías, a otoño, momento en que se retomará la lucha.