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El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, ha vuelto a situarse en contra de una de las principales medidas de mejora de las condiciones laborales impulsadas por el Gobierno. El dirigente de la patronal ha tachado de "electoral" la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para 2027, aprobada este martes en Consejo de Ministros, y ha acusado al Ejecutivo de utilizar sus decisiones para hacer campaña de cara a las próximas elecciones del 29 de noviembre.
Durante un encuentro empresarial organizado por CEOE y Cepyme, Garamendi ha cuestionado tanto el momento elegido para aprobar el incremento como la ausencia de diálogo con las organizaciones empresariales. "Lo digo con toda claridad", ha afirmado ante los medios, antes de reprochar al Gobierno que celebre "dos consejos de ministros a la semana para hacer campaña electoral". También ha considerado "curioso" que el aumento del SMI se haya aprobado en noviembre, frente a la subida de este año, que llegó en febrero.
La crítica de la patronal llega después de que el Ejecutivo haya acordado elevar un 5,3% el salario mínimo, hasta los 1.286 euros mensuales en 14 pagas. Una mejora de los ingresos de los trabajadores con menores retribuciones que Garamendi ha cuestionado por su calendario y por la forma en la que se ha tramitado, asegurando que las organizaciones empresariales fueron informadas "de mala manera" y que no participaron en la negociación.
El presidente de la CEOE también ha extendido sus reproches al incremento salarial del 4,5% pactado con los sindicatos para los empleados públicos, que considera "fuera de plazo y fuera de todo". De esta manera, ha vuelto a cargar contra las decisiones del Ejecutivo en materia retributiva, al tiempo que ha reclamado nuevas medidas para aliviar los costes que soportan las empresas.
Las reivindicaciones de la patronal
En este sentido, Garamendi ha vuelto a poner sobre la mesa las reclamaciones empresariales relacionadas con los contratos públicos. El dirigente considera que el Gobierno sigue sin cumplir con la indexación de los costes de contratación, un mecanismo que permitiría actualizar los importes de los contratos cuando aumentan los gastos que deben asumir las compañías. También ha criticado la falta de deflactación de las tarifas del IRPF y ha asegurado que el Estado se ha quedado con más de 17.000 millones de euros.
Sus declaraciones se producen en un contexto en el que la patronal cuestiona las mejoras salariales aprobadas por el Ejecutivo, mientras reclama que las administraciones públicas asuman parte del incremento de costes que afecta a las empresas.
Garamendi también ha puesto en duda el papel de la Diputación Permanente y ha defendido que, una vez disueltas las Cortes, el Gobierno debería limitar sus decisiones y dejar que las formaciones políticas presenten sus propuestas durante la campaña. Incluso ha expresado su deseo de que las medidas aprobadas en las próximas dos semanas «sean dadas de baja» posteriormente, independientemente del resultado electoral.
Por último, el presidente de la CEOE se ha referido a la situación ferroviaria y ha respaldado la huelga convocada este martes por los maquinistas. A diferencia de las protestas por la vivienda del 11 de noviembre, que calificó de "políticas" y "fracaso". Coincidiendo con los 20 días transcurridos desde el accidente de Urda, ha denunciado la falta de inversión en el mantenimiento de las infraestructuras y ha defendido las reivindicaciones de los trabajadores ferroviarios.




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