La segunda parte de la reforma de las pensiones, centrada sobre todo en la sostenibilidad del sistema, está generando múltiples discrepancias entre su precursor, José Luis Escrivá, y el resto de contendientes, tanto las formaciones políticas de las que requiere el apoyo parlamentario, como de los sindicatos y patronales a los que solicita el consenso social. Además, por si la situación no fuese lo suficiente compleja, esta última parte de la reforma es un requisito exigido por Bruselas para la percepción del cuarto desembolso de los fondos europeos, que asciende hasta los 10.000 millones de euros. Con todo esto, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones se muestra tranquilo y optimista, asegurando que el acuerdo “se va a producir en los próximos días”.

Para superar todos los obstáculos que parece tener, Escrivá se reunirá este viernes con los agentes sociales. Se desconoce si ya ha conseguido aunar dentro de la reforma todos los posicionamientos políticos, requisito exigido por los sindicatos para dar su visto bueno. “Queremos que el Gobierno venga a la mesa con ese tema bastante avanzado, en qué parámetros se mueve la Unión Europea y la propia mayoría parlamentaria que tiene que tener para llevar la reforma legislativa adelante”, ha señalado Pepe Álvarez, secretario general de UGT. Creo firmemente en el diálogo social, pero hay que darle contenido, no puede ser dialogar por dialogar", ha añadido.

Por su parte, el titular de Seguridad Social parece haber conseguido el visto bueno de Bruselas y, por su optimismo, puede entenderse que esto se ha extendido a las fuerzas españolas. Tanto es así que ha asegurado que la convocatoria de la mesa de negociación “debe entenderse como que estamos llegando a un acuerdo con lo que nos parecía que era importante también, que era mantener una reunión sobre todos los aspectos con la Comisión Europea”. Además, ha aludido a la necesidad de culminar el acuerdo antes de que finalice el primer semestre del año “con una evaluación por parte de la Comisión Europea asociada al cuarto pago”, para lo que es necesario alcanzar primero el apoyo a nivel nacional.   

El ministro ha querido quitar peso a la principal polémica que está retrasando la reforma, la propuesta de aumento del periodo de cálculo de la pensión. Esta ampliación daría comienzo en 2027 y extendería los actuales 25 hasta los 30 años, de forma progresiva, cinco meses por año hasta 2038. Durante su implantación, de los cinco meses que se ampliarían por año a partir de esa fecha, el trabajador podría escoger los tres meses más favorables a su cotización y descartar dos. Fórmula similar a la que pretende Escrivá implantar una vez se alcanzase el umbral de los 30 años en 2038, momento en el que el trabajador podría descartar los 24 peores meses del periodo y quedarse con los 28 mejores años.

Esta propuesta no gusta a sindicatos, que la consideran “innecesaria” y no aceptan que no sea una recomendación del Pacto de Toledo, ni a los socios habituales del Gobierno, incluyendo al socio minoritario que lo conforma, que aseguran que “no aceptarán ninguna modificación que perjudique a los trabajadores y pensionistas” y consideran que esta lo hace. Por su parte, Escrivá se defiende y asegura que tan solo está “intentando hacer una recomendación al Pacto de Toledo sobre las nuevas realidades del mercado laboral, donde las carreras son más volátiles y los últimos años no son los mejores”. En este sentido, asegura que “un modelo como el actual, pensado en carreras lineales, no contempla este tipo de realidades”.

Los sindicatos aseguran que no cuentan con líneas rojas de cara a la negociación de este viernes, pero el líder de Seguridad Social no lo tendrá fácil. Estos introducirán nuevos debates sobre las lagunas de cotización o la rebaja del periodo de cotización mínimo exigido para acceder a la jubilación, que actualmente se sitúa en 15 años y ambos sindicatos han planteado reducir. En este sentido, el secretario general de ha trasladado que "el Gobierno sabe en qué contexto puede contar con nuestro apoyo, si lo tiene, muy bien, si no, tomará las decisiones oportunas".

Con esta tesitura, a la que se suma la negativa de la laboral por el destope de las bases de cotización más altas, Escrivá intentará sumar algún apoyo este viernes para lo que considera el cierre final de la reforma que garantizará la “sostenibilidad completa del sistema a todos los horizontes, a la par que asegurarnos que lo que hemos hecho para garantizar pensiones revalorizadas, que es fundamental, continúa”. “Es un esquema alternativo, sostenible, razonable, creíble y que cuenta con el aval de las instituciones independientes”, ha concluido.