España encara una transformación demográfica que tiene cada vez más impacto, caracterizada por un envejecimiento progresivo de la población y una reducción continuada del número de jóvenes. Esta situación obliga a abrir un debate cada vez más necesario sobre cómo ha evolucionado la contribución económica de los distintos grupos de edad y, en consecuencia, sobre los retos económicos y sociales que marcarán las próximas décadas, especialmente en un escenario en el que la esperanza de vida saludable ha aumentado mientras la natalidad ha caído con fuerza.

Cada vez resulta más complicada una independencia temprana, marcada principalmente por la dificultad de acceso a la vivienda. Esta situación limita el ahorro y provoca que buena parte de los ingresos de los jóvenes se destinen a alcanzar esa emancipación tan esperada.

En términos generales, los jóvenes presentan una elevada dependencia económica de sus familias y del sector público; los ciudadanos de entre 30 y 54 años constituyen el núcleo productivo, ya que sostienen buena parte del gasto público y de las prestaciones sociales; y, por su parte, las personas mayores de 55 años conforman el colectivo con mayor ahorro medio por individuo, aunque continúan apoyando económicamente a sus familiares.

El informe Ingresos y gastos de los hogares españoles por edad y género, impulsado por el Centro de Investigación Ageingnomics de la Fundación Mapfre y la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA), analiza esta situación con precisión con el objetivo de comprender cómo emplean sus recursos los integrantes de los hogares en España, así como determinar qué reciben y qué aportan al sistema público según su edad y sexo, elementos esenciales para anticipar los desafíos económicos y sociales en un contexto de envejecimiento demográfico acelerado.

Los recursos totales de los hogares alcanzaron 1,53 billones de euros, equivalentes al 111% del PIB. En promedio, cada persona administró 32.391 euros anuales procedentes del trabajo, el capital, las prestaciones públicas y el uso de servicios públicos. Aproximadamente dos tercios de los recursos provienen de las rentas laborales (959.001 millones), mientras que algo más de un tercio procede de prestaciones públicas, tanto monetarias como en especie. Del total, el 44% se destina al consumo privado, el 23% al consumo público —principalmente sanidad y educación—, el 26% al pago de impuestos y cotizaciones sociales y el 7% se transforma en ahorro.

Quién recibe, financia y ahorra más

El informe calcula el saldo fiscal medio por edad y género, es decir, la diferencia entre lo que cada persona contribuye mediante impuestos y cotizaciones y lo que percibe en prestaciones y servicios públicos. El análisis muestra que este equilibrio varía a lo largo del ciclo vital.

Durante la infancia y la juventud (hasta los 29 años), los ingresos laborales son limitados y el consumo se financia sobre todo mediante transferencias privadas familiares y gasto público, especialmente en educación y sanidad. Este grupo concentra únicamente el 21,6% de los recursos totales de la población (330.983 millones de euros). Se trata, por tanto, de una fase de dependencia económica sostenida por las familias y el Estado.

Entre los 30 y los 54 años se concentra la mayoría de la población ocupada, siendo el tramo con mayor capacidad de generación de renta y de aportación al sistema. Este colectivo moviliza 606.852 millones de euros en recursos, acumula la mayor parte de las rentas del trabajo y abona más de la mitad de lo recaudado en impuestos y cotizaciones sociales. Es el principal contribuyente neto y el soporte financiero del Estado del bienestar, al financiar una parte sustancial del gasto público dirigido a jóvenes y mayores.

A partir de los 55 años, el patrón cambia de forma notable. Este grupo, que en 2022 sumaba 16,1 millones de personas —el 34% de la población y responsable del 32,8% del PIB—, concentra 592.719 millones de euros en recursos, que incluyen ingresos de mercado y prestaciones. Los seniors perciben 183.070 millones de euros en prestaciones públicas, fundamentalmente pensiones; aportan 138.173 millones en impuestos y cotizaciones (el 34,5% del total); y concentran el 68% del ahorro agregado de los hogares (73.578 millones). Todo ello evidencia su relevancia financiera y patrimonial y el funcionamiento del Estado del bienestar como un sistema de transferencias intergeneracionales.

Los hombres continúan con mayores rentas laborales

El análisis también detecta múltiples diferencias por género en términos de ingresos, aportaciones y prestaciones recibidas. Las desigualdades salariales, las distintas trayectorias profesionales y el desigual acceso a pensiones condicionan la distribución de recursos a lo largo de la vida y generan efectos diferenciados en el saldo fiscal y en la autonomía económica en edades avanzadas.

Los hombres concentran mayores rentas laborales (462.461 millones frente a 326.686 millones en mujeres) y registran niveles de ahorro más elevados (73.277 millones frente a 34.897 millones).

El consumo aumenta en la última etapa de la vida

El gasto total por persona se mantiene relativamente estable hasta los 50 años y posteriormente se incrementa. El consumo privado medio anual en España se sitúa en 12.088 euros por persona, mientras que en el grupo de 55 años o más asciende a 13.511 euros, por encima de la media. Parte de este aumento se explica por el mayor gasto sanitario y por el peso de la vivienda, incluyendo el alquiler imputado de la vivienda en propiedad.

Asimismo, el estudio evidencia que en las primeras etapas de la vida predominan los gastos vinculados a educación y formación; en la edad adulta destacan vivienda, crianza y transporte; y en las edades avanzadas adquieren mayor relevancia el gasto sanitario, los servicios personales y de dependencia y las actividades de ocio y bienestar.

El poder económico de los mayores

La población sénior en España —personas de 55 años o más— desempeña un papel determinante en la economía y su impacto supera el que cabría esperar por su peso demográfico. Se trata del grupo de edad con mayor poder adquisitivo del conjunto de la población y su contribución a la producción nacional alcanza el 32,8% del PIB generado por los miembros de los hogares residentes en España. Además, el colectivo sénior financia parcialmente el consumo de otros miembros del hogar, ya que su saldo neto de transferencias privadas es negativo.

El consumo privado de los seniors representa el 39,3% del total, por encima del grupo de 30-54 años (36,9%). Asimismo, su consumo privado medio por persona es el más elevado de todos los grupos de edad.

Por último, la contribución de la generación sénior al sostenimiento del Estado y de las administraciones territoriales mediante impuestos —sin incluir cotizaciones sociales— alcanza el 42,7%, porcentaje superior a su peso demográfico (34%).

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