Las recetas neoliberales basadas en la privatización del suelo público y la no regularización del mercado inmobiliario están disparando los precios del alquiler. La Comunidad de Madrid, territorio de especuladores, es la máxima expresión de esta estrategia económica que se ha demostrado fracasada en varias ocasiones. Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la autonomía, reniega de tomar medidas que alivien los precios de los alquileres de sus ciudadanos, lo que ha propiciado que ocho distritos de la capital superen ya los 2.000 euros de alquiler medio mensual.

La líder del Partido Popular (PP) se niega a aplicar la Ley de Vivienda aprobada por el Gobierno, que da la posibilidad a las Comunidades Autónomas declarar zonas de mercado residencial tensionado, donde los precios de los alquileres pueden ser regulados y topados independientemente de la cantidad de inmuebles que atesore el propietario y tanto para contratos nuevos como para viviendas ya en el mercado. La presidenta y el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida renuncian a utilizar esta norma y los madrileños sufren las consecuencias.

Una vivienda de tres dormitorios supera ya los 2.000 euros de alquiler mensual en ocho distritos, que suman en torno a 1,2 millones de habitantes. Lo mismo sucede con hogares de dos dormitorios en seis de estos municipios. La zona más encarecida es el distrito Salamanca, con un precio medio de 3.896 euros de media al mes, según los datos de la inmobiliaria Activum Real Estate Consulting.

A este distrito le siguen Chamberí (3.572 euros) y el pódium lo completa Centro (3.390 euros). Retiro (3.228 euros), Chamartín (2.855 euros), Tetuán (2.374 euros), Moncloa (2.198 euros) y Hortaleza (2.118 euros) completan el top ocho. Tan solo Tetuán y Hortaleza no superan también la barrera de los 2.000 euros en pisos de dos dormitorios.

La escasez de oferta y una demanda elevada está haciendo las delicias de los especuladores, que elevan los precios de los alquileres sin ningún miramiento. La Administración ni está ni se la espera. Los propios representantes públicos se vanaglorian de su inacción, hasta el punto de que el alcalde reconocía que su política en materia de vivienda es “efectivamente” no hacer “nada”. Ayuso acusaba al Gobierno central de bolchevique y de querer meter las manos el mercado, mientras prometía que su plan sería más eficiente. Los madrileños siguen esperando a su presidenta con mayoría absoluta.

Bulo de la derecha mediática

La derecha mediática ha encendido el ventilador y, lejos de reconocer el problema de la vivienda de Madrid, ha señalado a un habitual entre sus páginas: Pedro Sánchez. Lo más sorprendente de la estrategia quizá haya sido que, sin rubor alguno, las voces liberales han culpado del encarecimiento a una ley de Vivienda que no se aplica en la comunidad liderada por Ayuso. Ni siquiera las propias inmobiliarias cumplen los puntos de la ley que si son de aplicación nacional, como la negativa a cargar sus honorarios al inquilino.

Este burdo intento de proteger a la líder de la libertad (de especular) ha sido rápidamente destapado. “La Ley de Vivienda no se aplica en Madrid”, recordaba Alejandra Jacinto, portavoz de Vivienda de Sumar durante la campaña electoral. Es más, la abogada experta y activista de diferentes movimientos de vivienda ha garantizado que “si se aplicase ningún distrito tendría precios tan altos”. Tan solo algunos aspectos de la norma se aplican en Madrid y ninguno tiene que ver con la regulación de precios.

La no aplicación de la ley de Vivienda no es la única medida de Ayuso. La presidenta también ha decidido no pagar el Bono Joven del Alquiler, financiado por el Ejecutivo central, a miles de jóvenes que llevan esperando más de un año un ayuda que les ha sido concedida. La construcción de un parque público destinado a vivienda social tampoco es una opción y, desde 2019, el Gobierno de Ayuso ha entregado cero viviendas de las decenas de miles que prometió.

Preocupación por la ola de desahucios

El alquiler es un imposible y la compra, con los intereses hipotecarios disparados, tampoco es mejor opción. Miles de familias sufren ya la presión en sus propios hogares y los movimientos de vivienda de los barrios trabajadores advierten del repunte de desahucios que ha llegado tras el verano. El precio de la vivienda ha aumentado de nuevo en el tercer trimestre del año y se ubica en 4,5%. El avance de nueve décimas sigue arrinconando a las familias y la inacción es la política madrileña.

La estadística de Ejecuciones Hipotecarias, que deja aparte los desahucios por impago del alquiler, muestra una reducción del 18,2% en el tercer trimestre del año, pero desde las organizaciones sociales aseguran que estos datos no se ajustan a la realidad. Además, el alquiler continúa ganado espacio en el mercado y se excluye de estas estadísticas.