La plataforma de envíos a domicilio Glovo ha planteado una nueva oleada de despidos, con un ERE en su filial española y que, en este caso, afectará a una de las pocas divisiones con trabajadores en plantilla de la firma, su vertical de supermercados. A su vez, y en otro orden de cosas, la compañía ha recibido la primera multa por incumplir la Ley Rider.

Tal como ha denunciado el sindicato UGT, la división SuperGlovo Quick Commerce ha planteado el cierre de seis de sus centros de trabajo en las ciudades de Bilbao, Pamplona, Las Palmas de Gran Canaria, Tenerife, Granada y Alicante. Lo hace a través de un expediente de regulación de empleo para 100 trabajadores, el 10% de la plantilla, así como el endurecimiento de las condiciones laborales del resto de empleados de su red de tiendas ciegas.

Entre el empeoramiento de las condiciones se incluyen los recortes salariales con la supresión de complementos como el del plus de transporte, el de vestuario o el del trabajo en días festivos. Para justificar estos recortes, Glovo alega una mala situación económica.

A diferencia de su modelo masivo de falsos autónomos, condenado por distintas sentencias, incluido el Tribunal Supremo, esta vertical de negocio de las 'Dark Stores' es una de las partes laboralizadas de Glovo junto a los Servicios Centrales de la multinacional, en Barcelona, donde ya realizaron otro ERE hace menos de un año, en marzo de 2023.

UGT ha anunciado que vigilará para garantizar los derechos de las personas que trabajan en esta compañía. Frente a las prácticas laborales de empresas como Glovo o modelos como la llamada 'Economía de Plataformas o Gig Economy', el sindicato pone en valor la necesidad de construir empresas solventes que garanticen ingresos y condiciones dignas a sus trabajadores y que no practiquen la competencia desleal en base a desregular las condiciones de sus trabajadores/as.

En este sentido, insta a que se respete la legalidad, los derechos laborales y la democracia interna en las empresas, encarnada en la Representación Legal de las Personas Trabajadoras.

Este ERE se suma al planteado en marzo del año pasado en los Servicios Centrales de la multinacional y que afectó a 140 trabajadores, la mayoría en las oficinas de Barcelona pero también en Madrid. En ese entonces, Glovo despidió un total de 250 trabajadores en varios países tras registrar en 2022 unas pérdidas de 300 millones de euros.

Multa por incumplir la Ley Rider

Además, Glovo ha sido multada por la Inspección de Trabajo por su nuevo modelo de repartidores, posterior a la Ley Rider, tal como ha adelantado El Periódico de Catalunya. El organismo vigilante de la legalidad laboral considera que este modelo, conocido como ‘flex’, también incurre en un fraude en la contratación, como el anterior y que fue sancionado hasta por el Supremo.

Así, la Inspección de Trabajo considera que los repartidores siguen siendo falsos autónomos. En concreto, se trata de una sanción sobre 49 repartidores de Glovo en Asturias, que deberían estar contratados como trabajadores y no como autónomos.

Manteniendo a sus trabajadores como autónomos, Glovo se ahorra una importante cantidad de dinero, ya que así a un repartidor no tiene que pagarle la Seguridad Social, ni las vacaciones, ni las bajas por incapacidad temporal, ni el teléfono, ni el vehículo…

Actualmente, la compañía de delivery emplea a unos 19.000 riders en toda España y la Inspección laboral está ultimando sanciones similares a la impuesta en Asturias en otras ciudades, principalmente Barcelona y Madrid.

De llegar a la misma conclusión tras recabar los datos de decenas de miles de repartidores que operan en estas urbes, recaerían millonarias sanciones para Glovo. Conviene recordar que entre finales de 2022 y principios de 2023 ya le cayeron a la compañía multas por valor de 135 millones de euros por emplear a unos 17.000 falsos autónomos en Barcelona, Madrid y Valencia.