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Meta afronta una de las mayores sanciones económicas impuestas a una empresa en la historia de Estados Unidos. Un juez ha ordenado a la compañía de Mark Zuckerberg pagar 25.000 millones de dólares al estado de Nuevo México después de que un jurado la declarase responsable de engañar a los usuarios sobre sus políticas de privacidad y moderación de contenidos en Facebook. La sentencia supone un nuevo golpe para la tecnológica por sus prácticas en la gestión de datos personales y el uso de información privada con fines políticos.
El juez Francis Mathew ha dictado la condena después de que, en septiembre, el jurado concluyera que Meta había cometido más de 43 millones de infracciones de las leyes de protección del consumidor de Nuevo México. La legislación estatal contempla sanciones de hasta 5.000 dólares por cada infracción, una cuantía que ha permitido alcanzar una cifra multimillonaria. El fiscal general del estado, Raúl Torrez, ha calificado el resultado como uno de los veredictos estatales más cuantiosos, si no el mayor, contra una empresa en la historia del país.
Torrez ha defendido que la resolución debe servir de advertencia a Silicon Valley y demostrar que las grandes tecnológicas también deben responder por sus prácticas. "Esta sentencia debería ser una señal, un mensaje inequívoco, para Silicon Valley", ha afirmado durante una rueda de prensa. Además, ha recordado que, conforme a la Constitución de Nuevo México, las multas por vulnerar las leyes de protección al consumidor se destinan a financiar la educación pública. El fiscal general ha llegado a sugerir que la cantidad podría permitir financiar la construcción de multitud de colegios durante décadas, aunque el dinero podría quedar bloqueado mientras se resuelven los recursos que previsiblemente presentará Meta.
El origen del caso se encuentra en el escándalo de Cambridge Analytica, la consultora política que recopiló información de aproximadamente 87 millones de perfiles de Facebook a través de una aplicación de terceros y utilizó esos datos para elaborar anuncios políticos personalizados. La aplicación estaba vinculada a un test de personalidad que permitió acceder a información de usuarios y, a través de ellos, a datos de sus contactos. Esa información terminó en manos de la consultora, que la empleó para desarrollar perfiles con los que orientar mensajes políticos a determinados segmentos del electorado.
Entre los clientes de la empresa, posteriormente desaparecida, figuraba la campaña presidencial de Donald Trump de 2016. El caso provocó una crisis internacional sobre la protección de datos y la capacidad de las plataformas digitales para influir en el debate público mediante publicidad segmentada. La acusación de Nuevo México sostiene que Facebook engañó a los usuarios sobre las garantías de privacidad de la plataforma y sobre el control que ejercía respecto a la información personal recopilada por terceros.
El estado también denunció que la compañía permitió que proliferaran contenidos violentos y desinformación en su red social. No obstante, el procedimiento no terminó con una victoria completa de la acusación: el jurado consideró que no se había demostrado que Facebook hubiera realizado afirmaciones falsas sobre la eliminación de contenido perjudicial, incluida la desinformación relacionada con la pandemia de COVID-19. Meta ha defendido que sus políticas de moderación son sólidas y que deben aplicarse teniendo en cuenta la libertad de expresión.
Nuevo México decidió llevar el asunto a los tribunales por su cuenta, mientras otros 48 estados alcanzaron un acuerdo nacional con Facebook por valor de 18.000 millones de dólares. El pacto incluía compromisos relacionados con las prácticas de privacidad y eximía a Meta de futuras responsabilidades vinculadas al episodio de Cambridge Analytica. Nuevo México optó por continuar el litigio y exigir una sanción propia.
En el juicio, los abogados estatales solicitaron una multa de entre 35.000 y 40.000 millones de dólares, al considerar que solo una penalización de esa magnitud tendría un efecto disuasorio sobre la empresa. La defensa de Meta, por su parte, pidió limitar el pago a 3.400 millones. Su abogado Matt Nicholson calificó una posible sanción de hasta 40.000 millones de «escandalosa para la conciencia» y sostuvo que una cantidad tan elevada vulneraría el derecho al debido proceso y no resistiría el examen de los tribunales.
Meta también cuestiona el método utilizado para contabilizar las infracciones y sostiene que el estado no ha demostrado que las declaraciones sobre privacidad perjudicaran efectivamente a los ciudadanos. La empresa argumenta que la ley estatal no puede aplicarse indiscriminadamente a personas que no utilizaban Facebook en el momento de los hechos. Si prospera su recurso, tanto el número de infracciones reconocidas como la cuantía final de la sanción podrían reducirse. Los intereses, entretanto, se acumularían durante la tramitación judicial.
La compañía asegura, además, que ha adaptado sus políticas desde que se presentó la demanda en 2021 y que elimina el 99% del contenido que incumple sus normas. La condena, sin embargo, vuelve a situar en el centro del debate la responsabilidad de las plataformas digitales sobre la privacidad, la gestión de datos personales y su utilización para influir en las campañas electorales.
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