El Instituto Coordenadas de Gobernanza y Economía Aplicada (ICGEA) ha elaborado un análisis sobre el impacto del anteproyecto de Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud y concluye que la norma impulsada por el Ministerio de Sanidad “parte de un diagnóstico equivocado sobre el modelo catalán” y puede terminar generando un fuerte deterioro funcional, competencial, económico y asistencial en el sistema sanitario de la comunidad.
El informe sostiene que el debate abierto desde el Gobierno central sobre la colaboración público-privada se está abordando desde una lógica ajena a la realidad histórica y estructural de un sistema sanitario eficiente que lleva más de cuarenta años integrado en la red pública catalana.
“El SISCAT no es un proceso de privatización de la sanidad pública. Es exactamente lo contrario: la incorporación histórica de fundaciones, consorcios, órdenes religiosas y entidades civiles a un sistema de responsabilidad pública financiado y planificado por la Generalitat”, señala Jesús Sánchez Lambás, vicepresidente ejecutivo del ICGEA.
El análisis recuerda que Cataluña fue la primera comunidad autónoma en asumir competencias sanitarias, en 1981, y que la Ley de Ordenación Sanitaria de Cataluña (LOSC) de 1990 consolidó un modelo de provisión plural que integra bajo financiación pública hospitales de todo el espectro de titularidad.
Actualmente, el SISCAT integra 68 hospitales de agudos, 434 centros de atención primaria, 102 centros sociosanitarios y 40 centros de salud mental con internamiento, además de miles de recursos de transporte y emergencias sanitarias repartidos por todo el territorio catalán.
Modelo catalán
El Instituto Coordenadas subraya que el modelo sanitario catalán posee una singularidad histórica que lo diferencia del resto de sistemas autonómicos. Antes incluso de la creación del Sistema Nacional de Salud, Cataluña ya disponía de una amplia red asistencial construida a través de fundaciones benéficas, mutuas industriales, órdenes hospitalarias y consorcios territoriales. Cuando la Generalitat asumió las competencias sanitarias, optó por integrar esa red dentro del sistema público en lugar de sustituirla.
“El modelo sanitario catalán no nació de una externalización de servicios públicos preexistentes. La red hospitalaria histórica es precisamente la base sobre la que se construyó posteriormente la sanidad pública catalana”, explica Jesús Sánchez Lambás.
El análisis del ICGEA recuerda que algunos de los principales centros del SISCAT (como el Hospital Clínic, Vall d’Hebron, Sant Pau o Sant Joan de Déu) constituyen hoy auténticos polos europeos de investigación biomédica, innovación clínica y transferencia científica, cuya autonomía organizativa es uno de sus principales activos competitivos.
El Hospital Clínic desarrolla una intensa actividad investigadora a través del IDIBAPS y de su ecosistema universitario y científico vinculado a la Universitat de Barcelona; Vall d’Hebron se ha consolidado como uno de los mayores complejos hospitalarios y de investigación biomédica del sur de Europa mediante el Vall d’Hebron Instituto de Investigación (VHIR); Sant Pau mantiene una potente estructura de investigación traslacional y medicina personalizada; y Sant Joan de Déu es referencia internacional en oncología pediátrica, terapias avanzadas y enfermedades minoritarias.
Para el ICGEA, buena parte de esta capacidad de innovación ha sido posible precisamente gracias a modelos organizativos flexibles, con autonomía de gestión responsable y capacidad de colaboración entre sistema sanitario, universidad, investigación básica y aplicada, con el tejido empresarial.
“El debate político nacional está intentando aplicar categorías ideológicas simplificadas a una realidad compleja. Equiparar el modelo catalán a un esquema de privatización es prejuicioso y un error conceptual que puede tener consecuencias muy graves sobre la capacidad de innovación biomédica del sistema”, afirma Jesús Sánchez Lambás.
Además, el ICGEA destaca que el modelo SISCAT ha mantenido un amplio consenso político y social durante décadas y ha sido preservado y mejorado por todos los gobiernos de distinto signo en Cataluña.
El ICGEA advierte que el anteproyecto trasciende el ámbito sanitario y puede terminar afectando al marco competencial autonómico. Una regresión centralista que traiciona el pilar del sistema autonómico: aproximar los servicios al ciudadano en ámbitos con capacidad de autorregulación.
El análisis considera especialmente relevante que la ley convierta la gestión indirecta en una fórmula “excepcional”, sometida a evaluaciones técnicas previas y condicionada a requisitos administrativos que podrían dificultar la renovación de conciertos estructurales del sistema catalán.
“No estamos únicamente ante una ley sanitaria. Estamos ante una norma que condiciona la capacidad de las comunidades autónomas para organizar sus propios sistemas de salud, después del gran esfuerzo exitoso de aproximar la capacidad de decisión cerca de los ciudadanos que utilizan el servicio”, sostiene Jesús Sánchez Lambás.
El análisis recuerda que el Estatut d’Autonomia atribuye a la Generalitat competencias exclusivas sobre la organización y funcionamiento del sistema sanitario catalán y alerta de que una interpretación expansiva del texto podría alterar de facto el modelo de provisión diseñado por Cataluña desde hace más de cuatro décadas.
En este contexto, el ICGEA considera especialmente preocupante la definición de “privatización” incluida en el anteproyecto, al incorporar referencias amplias a la participación de entidades privadas “en cualquiera de sus modalidades”, una redacción que podría generar inseguridad jurídica sobre el encaje futuro de fundaciones consorcios, y asociaciones que cubren los aspectos capilares del modelo de salud para llegar donde el estado no alcanza, todos integrados en el SISCAT.
Impacto
El análisis del ICGEA concluye además que los centros concertados no son un complemento marginal del sistema sino una pieza esencial de la capacidad asistencial de Cataluña y limitar la capacidad operativa de la red concertada catalana no reducirá la presión asistencial, sino que puede agravarla. Los centros concertados representan una parte estructural histórica del sistema sanitario catalán y proporcionan cobertura hospitalaria, sociosanitaria y de salud mental en múltiples comarcas donde no existe infraestructura alternativa del ICS.
A finales de 2025, el sistema sanitario catalán acumulaba más de 914.000 personas en listas de espera para intervenciones, pruebas diagnósticas o consultas externas, mientras que la demora media quirúrgica alcanzaba los 142 días.
“Plantear restricciones estructurales sobre el SISCAT y pensar que debilitando la red concertada catalana va a reforzar automáticamente la sanidad pública en un contexto de elevada presión asistencial supone ignorar completamente la realidad operativa del sistema y cómo funciona realmente la asistencia sanitaria en Cataluña. El resultado puede ser exactamente el contrario: más presión, más demora y menos capacidad de respuesta para los pacientes”, afirma Jesús Sánchez Lambás.
El análisis del ICGEA advierte de que cualquier estrategia orientada a debilitar o sustituir progresivamente el modelo SISCAT tendría un impacto económico de enorme magnitud para las finanzas públicas catalanas.
El informe recuerda que Cataluña mantiene desde hace años una fuerte tensión estructural entre el presupuesto sanitario inicial y el gasto sanitario realmente ejecutado. En 2024, el gasto sanitario ejecutado en Cataluña se aproximó a los 16.000 millones de euros frente a un presupuesto inicial de 12.800 millones, mientras que las previsiones de gasto real para 2026 podrían alcanzar los 17.250 millones. A ello se suma el incremento del gasto desplazado acumulado en el sistema sanitario catalán, que según datos de la Sindicatura de Comptes superó los 3.600 millones de euros.
“El sistema sanitario catalán ya opera bajo una presión financiera extraordinaria. Pensar que puede absorber de golpe la sustitución de miles de camas, centros y profesionales integrados hoy en el SISCAT carece de análisis económico”, señala Jesús Sánchez Lambás.
El estudio subraya que más del 24% del gasto sanitario público catalán se canaliza actualmente a través de conciertos con entidades privadas y sin ánimo de lucro integradas en el sistema público. La desaparición o limitación estructural de este modelo obligaría a la Generalitat a asumir directamente infraestructuras, plantillas, sistemas tecnológicos y costes laborales de enorme dimensión.
Entre ellos, la integración de más de 60.000 profesionales sujetos actualmente al convenio SISCAT en estructuras estatutarias o funcionariales inevitablemente más costosas. Así como la necesidad de adquirir, absorber o compensar patrimonialmente decenas de hospitales, centros sanitarios y dispositivos asistenciales actualmente gestionados por fundaciones y consorcios o la adaptación administrativa, tecnológica y organizativa de cientos de estructuras sanitarias a modelos de gestión directa.
“El debate no puede plantearse en términos ideológicos abstractos. El modelo catalán no solo tiene una dimensión asistencial y territorial; tiene también una dimensión económica y científica crítica. Sustituirlo entraña un retroceso de al menos diez años y requeriría recursos financieros que hoy ninguna administración tiene disponibles”, afirma Jesús Sánchez Lambás.
El ICGEA advierte también de que el efecto de la ley ya empieza a sentirse antes incluso de su eventual aprobación parlamentaria. Según el análisis, la incertidumbre regulatoria sobre el futuro de los conciertos y de los mecanismos de colaboración estaría ya afectando a decisiones de planificación, inversión y contratación en numerosos centros del SISCAT.
“La incertidumbre sobre el marco regulatorio es ya hoy un factor de deterioro del sistema. El daño no empieza cuando una ley entra en vigor; sino cuando hospitales y centros dejan de tener certidumbres sobre el marco en el que deben planificar inversiones, plantillas o actividad asistencial”, sostiene Jesús Sánchez Lambás.
El ICGEA considera que el principal riesgo del anteproyecto no es únicamente sanitario, sino estratégico: cuestionar un modelo que ha permitido a Cataluña sostener durante décadas una de las redes asistenciales, científicas y de innovación biomédica más avanzadas del sistema español.
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