El revés sufrido por el BBVA tras el fracaso de su OPA sobre el Banco Sabadell pone de manifiesto, según informa The Objective, que la Audiencia Nacional se prepara para reactivar la causa judicial por los encargos al excomisario José Manuel Villarejo por parte de BBVA, que llevaba ya un año estancada, pendiente de que la Sección Tercera de la Sala de lo Penal resolviera los recursos de apelación de las defensas contra el auto de apertura de juicio oral. Ahora, con la opa fracasada y sin movimientos corporativos de gran calado en curso, fuentes judiciales confirman que la investigación se reactivará en los próximos meses, abriendo una nueva etapa crucial para el BBVA en los tribunales.
Este final de 2025 se presenta, por tanto, como un momento crucial de balances para el BBVA, que tendrá que recuperar económicamente la confianza del mercado tras la OPA fallida, demostrando que su plan estratégico sigue siendo clave, pero que judicialmente se prepara para un proceso que pone bajo la lupa un pasado oscuro de la compañía.
Este procedimiento, que se sitúa entre los años 2004 y 2016, podría sentar en el banquillo al expresidente del banco, Francisco González, al propio BBVA como persona jurídica y a una docena de antiguos directivos y mandos policiales.
El juez Manuel García-Castellón propuso juzgar en junio de 2024 al expresidente del BBVA. El auto, de 268 páginas, puso fin a la instrucción de la pieza separada 9 del caso Tándem, en la que se imputan delitos de cohecho continuado y revelación de secretos. Según el magistrado, el origen del caso está en la contratación del excomisario Julio Corrochano por parte del banco, con el visto bueno de González, en septiembre de 2002. Corrochano sirvió de enlace entre la entidad y varios policías en activo, entre ellos Villarejo y Enrique García Castaño, alias “El Gordo”.
El juez sostiene que se firmaron contratos irregulares, algunos incluso verbales, fuera del circuito legal y contable del banco, con el objetivo de obtener información confidencial. Los trabajos incluyeron seguimientos, intervención de comunicaciones y acceso a bases de datos reservadas para investigar a empresarios, abogados y periodistas. Según la investigación, los implicados sabían que estas prácticas vulneraban las normas internas, suponiendo por tanto pagos fraudulentos a funcionarios públicos.
A pesar de la gravedad de los hechos, la causa lleva más de un año paralizada por los recursos de apelación presentados por las defensas contra el auto de apertura de juicio. Hasta que la Sección Tercera de la Sala de lo Penal no resuelva estos recursos, la Fiscalía Anticorrupción no podrá presentar su escrito definitivo de acusación, lo que ha frenado el avance del procedimiento. Si los recursos se resuelven próximamente, el juicio aún podría tardar más de un año en celebrarse.
Fuentes judiciales explican que el parón coincidió con la tramitación de la OPA del BBVA sobre el Sabadell, ya que existe una “regla no escrita” que recomienda no dictar resoluciones judiciales relevantes cuando hay operaciones de gran impacto económico en curso. Ahora, con la OPA caída, la Audiencia Nacional reactivará el caso, lo que podría derivar en el primer juicio penal de la historia reciente del BBVA y en un nuevo frente judicial para la entidad en un momento de vulnerabilidad institucional.
Una operación fallida que deja heridas abiertas
El BBVA confirmó el pasado viernes el fracaso de su opa sobre el Banco Sabadell, al no alcanzar la mayoría necesaria para completarla. La entidad logró solo un 25,33% del capital social y un 25,47% de los derechos de voto, lejos del 30% requerido para lanzar una segunda oferta en metálico, según informó la CNMV. Este resultado evidenció la falta de apoyo de los grandes inversores y la escasa participación de los accionistas minoritarios, ya que apenas el 2,8% de los clientes del Sabadell acudieron a la oferta.
El desenlace supone el fin de una pugna entre ambos bancos que se prolongaba desde hace más de un año y el segundo intento fallido del BBVA en cinco años, tras la fusión frustrada de 2020. La CNMV confirmó que las adhesiones quedan sin efecto inmediato y que los gastos correrán a cargo del BBVA.
En el ámbito financiero, los analistas prevén que el Sabadell sufra una caída en bolsa, mientras que el BBVA podría afrontar daños reputacionales y tensiones internas. Para recuperar la confianza del mercado, el banco ha anunciado la recompra de acciones por 1.000 millones de euros a partir del 31 de octubre, reafirmando su compromiso con los accionistas.
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