Sindicatos y empresarios han llegado a un acuerdo sobre las medidas laborales extraordinarias que pedirán al Gobierno en la reunión de este jueves, con el objetivo de paliar el impacto del coronavirus. Los agentes sociales se han unido para presentar al Gobierno un documento conjunto sobre medidas extraordinarias ante la respuesta insuficiente en la actual normativa laboral y de seguridad social.
Así, los sindicatos UGT y CCOO y las patronales de empresarios CEOE y Cepyme piden recursos extraordinarios que permitan la mayor indemnidad posible para trabajadores y empresas, con el objetivo de proteger el empleo y la actividad económica. En concreto, piden al Gobierno la aprobación de un Real Decreto-Ley de medidas temporales y excepcionales que deberán negociarse con las organizaciones sindicales y empresariales.
Además, los agentes sociales piden que las medidas no se incluyan en el objetivo del déficit: "Estos fondos adicionales no deben computarse a efectos de determinar la senda de cumplimiento del déficit público que se deriva del Pacto de Estabilidad y Crecimiento aprobados en las Cortes a través del techo de gasto para 2020 y 2021". Es decir, patronal y sindicatos piden que las medidas cuenten con la gestión y el anticipo de fondos de la propia Seguridad Social, compensadas con un fondo de ayuda extraordinaria.
En primer lugar, empresarios y sindicatos abordan una nueva regulación de los Expedientes de Regulación de Empleo Temporal (ERTEs) incidiendo, de manera muy particular, en la causalidad vinculada a los efectos de coronavirus, la simplificación de los procedimientos y el acortamiento de los plazos de resolución.
En este aspecto, los agentes sociales piden contemplar el acceso a la protección por desempleo, sin exigir un periodo de carencia anterior, y además, estos periodos de desempleo no podrán perjudicar en ningún caso el reconocimiento de futuras prestaciones de desempleo. También explican que, ante la falta de liquidez provocada por la inactividad derivada de esta situación, se suspenderá la obligación de pago de las cotizaciones por parte de las empresas.
En concreto, las medidas aportadas por las administraciones por motivo de salud pública como el cierre de centros y la cancelación de actividades, las restricciones a la movilidad de las personas o mercancías, el aislamiento para evitar el contagio o la carencia de suministros, entre otros, podrán justificar los ERTE por fuerza mayor.
Otras medidas propuestas son la protección de los trabajadores fijos discontinuos; atender al cierre de centros escolares, centros de día y las restricciones de movilidad y facilitar el teletrabajo, entendiendo cumplida con carácter excepcional la obligación de las empresas de evaluar los riesgos con la autoevaluación realizada voluntariamente por el propio trabajador.
