Suspenso a Rajoy
Mientras el Gobierno y el PP cacareaban que eran los únicos que habían adoptado medidas contra los desahucios, obviaban dos detalles más que relevantes: estaban obligados por una sentencia del Tribunal Europeo de Estrasburgo y la indignación de la ciudadanía es lo que realmente les presionó a cambiar tímida e insuficientemente la Ley.
El banco Central Europeo ha hecho público un dictamen sobre el “proyecto de Ley de protección de deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social”, que entró en vigor el pasado 8 de mayo. En ese dictamen el BCE considera que ese proyecto de Ley se queda corto y es insuficiente, lo que equivaldría a decir que, nada más y nada menos, el Banco Central le da más la razón a Ada Colau y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca que al PP. Mal tema para los agitadores mediáticos de la derecha que han llegado a equiparar a la Plataforma con nazis y simpatizantes de ETA.
Lo que dice el dictamen
El documento está firmado por el propio presidente del BCE, Mario Draghi, y dice -entre otras cosas- que "solo con una estrategia de resolución más amplia se puede hacer frente a los retos que plantean los cambios en las circunstancias económicas de los hipotecados, los cambios sustanciales en el valor de los inmuebles y el posible resultado de hipotecas inviables, manteniendo al mismo tiempo incentivos apropiados tanto para deudores como para acreedores. Además considera que las modificaciones de la legislación hipotecaria deberían basarse "en un análisis pormenorizado de su impacto en el sistema financiero".
Evitar desahucios
El mensaje del Banco Central a los bancos españoles es nítido: los desahucios deben evitarse a toda costa y solo deben contemplarse como "el último recurso". Señala además que los bancos deberían ser los más interesados en evitarlos porque es una medida costosa y generalmente produce menos ingresos que la venta voluntaria. El BCE sí considera positivo el fondo social de viviendas, de cuya creación dice que "debe aplaudirse", pero señala que esa iniciativa debería formar parte de una estrategia más amplia para afrontar definitivamente el problema de las hipotecas en España.
