El Ministerio de Trabajo y Economía Social asume el fallo del Consejo de Europa y reformará la indemnización por despido improcedente para hacerlo disuasorio y evitar "despidos por capricho". Así lo ha anunciado el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, este lunes 29 de julio, quien ha afirmado que España tiene la obligación de cumplir con la resolución del Comité Europeo de Derechos Sociales, a favor de la queja de UGT por considerarlas insuficientes.
Eso sí, la cartera abordará la reforma del despido una vez terminen las negociaciones sobre la reducción de la jornada laboral. Así lo ha indicado la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, tras la firma de un protocolo para el control de la exposición ocupacional al gas radón. "Todo lo que deriva del Comité se convierte en fuente de Derecho en España", ha sentenciado la ministra. Asimismo, considera que llevan varias reformas laborales que han modificado el despido "y lo han hecho para mal". Por eso, el departamento pretende "sustanciar" una reforma del despido, una vez se acaben los acuerdos sobre la reducción de jornada.
Tal y como ha declarado ante los medios de comunicación Pérez Rey tras la mesa de reunión por la reducción de la jornada laboral, su cartera establecerá un diálogo social para establecer "una fórmula de despido que garantice que sea disuasorio", de forma que sea "consecuente con los despidos sin causa". Esta es una de las principales críticas que emitió el Comité contra la normativa española, que consideraba que incluso podría servir como un incentivo para los empleadores.
"No puede ser que despedir a alguien cuando no hay ningún motivo para hacerlo, cuando no hay ninguna justificación para hacerlo, a las empresas les salga gratis", ha subrayado en su intervención ante la prensa el secretario de Estado. De igual forma, Pérez Rey ha querido recordar que la Carta Social Europea, la cual se incumpliría con las indemnizaciones actuales, es un tratado internacional y un compromiso que tiene el Estado español con las instituciones internacionales.
De igual forma, ha barrido para casa y ha afirmado que la resolución ha sido posible gracias a que el Ministerio de Trabajo suscribió el protocolo de reclamaciones colectivas. Según Pérez Rey, esto habría permitido al grupo sindical de UGT llevar a cabo su reclamación ante los tribunales europeos contra España. Además, PSOE y Sumar ya habían llegado a un acuerdo para ralizar la reforma del despido y dar así cumplimiento a la Carta Social Europea. Sobre todo, después de que Europa diese este mismo tipo de resoluciones en otros países de su entorno, como Francia o Italia.
Tal y como anunció ya el lunes 22 de julio de este año, Trabajo ya ha convocado a los agentes sociales para que puedan discutir la reforma de las indemnizaciones actuales. Las que se encuentran en vigencia establecen 33 días de compensación por año trabajado en un máximo de 24 mensualidades para los trabajadores afectados por despidos improcedentes.
UGT interpuso una queja ante Europa
La polémica respecto a los despidos improcedentes fue elevada por UGT, quien interpuso una queja en Europa contra España en marzo de 2022. En esta, el grupo sindical esgrimió que la normativa española contravenía el artículo 24.b de la Carta Social Europea, que establece el derecho de los trabajadores que pierden su puesto "sin una razón válida" a percibir una compensación adecuada u otra reparación que fuese apropiada. Así, la crítica del sindicato es que las indemnizaciones no son acordes a los daños generados.
El Comité Europeo de Derechos Sociales se pronunció a favor de la postura del sindicato. Así, argumentó: "La indemnización por despido improcedente debe ser proporcional a la pérdida sufrida por la víctima y suficientemente disuasoria para los empleadores". Por ello, criticó que cualquier límite o tope que "pueda impedir que los daños y perjuicios sean proporcionales a la pérdida sufrida y suficientemente disuasoria" es contradictorio con el tratado.
Así, esto abre una vía para que, en caso de que el Gobierno de España no haga una reforma de la normativa, los jueces puedan fallar en dirección a la resolución del Comité. Así, tendrían la capacidad de imponer indemnizaciones más altas, como ya se está comenzando a dar en España.