El precio disparado de la vivienda, tanto en alquiler como en compraventa, es el mayor problema económico y social del país. Los bajos salarios, que no avanzan al mismo ritmo que la senda de precios, hacen insostenible que la mayoría trabajadora del país pueda financiarse un bien de primera necesidad como la vivienda, especialmente en las grandes ciudades y sus conurbaciones. El PSOE ha llevado su problemática ha su Congreso Federal, del que ha emanado una gran propuesta que este lunes la principal representante de la otra parte de la coalición ha desinflado.
El Gobierno de coalición insiste desde hace años en que la vivienda es el quinto pilar del Estado del Bienestar, pero la situación no mejora para las millones de personas que destinan un porcentaje elevadísimo de sus ingresos a pagar su vivienda. "Vamos a crear una gran empresa pública de vivienda capaz de gestionar desde el Estado", anunciaba el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la cita anual más importante para los socialistas. "Tendrá capacidad para construir y gestionar viviendas desde la administración general del Estado”, añadía interpretando el papel de secretario general de la formación.
La propuesta no ha sido definida más allá, pero la reacción de la que fuera la máxima dirigente de Sumar y actual ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, no ha tardado en llegar. "Es importante que España se dote de una agencia pública de vivienda pero es más importante cumplir con el mandato constitucional que dice que no se puede especular con la vivienda", ha trasladado este lunes desde Bruselas, donde se encuentra para asistir al Consejo de Empleo y Política Social (Epsco).
La también vicepresidenta segunda ha valorado positivamente la noticia, dando la “bienvenida” a una medida que pueda colaborar a "diseñar estrategias desde lo público". Sin embargo, a continuación ha deshinchado el suflé que los socialistas metían en el horno el este domingo asegurando que la creación de este nuevo organismo "no sirve hoy para bajar el precio de la vivienda". Tarea que se antoja “urgente” para Díaz y que, por el momento, no se ha conseguido ni tiene atisbos de alcanzarse próximamente, menos sin la colaboración de las Comunidades Autónomas.
Hay que hacer que las 11 CCAA de PP cumplan la ley
La líder de la cartera de Trabajo, en sentido contrario, ha asegurado que la “tarea inmediata” es dar cumplimiento a la ley de Vivienda y "hacer que once comunidades autónomas del Partido Popular (PP), que son rebeldes a la misma, bajen los precios del alquiler". No obstante, el reparto competencial que deposita casi toda la materia de vivienda en manos de las administraciones autonómicas complica esta pugnan. Por parte de los socialistas y como responsable del ramo, la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha dado respuesta a las pretensiones de Díaz.
La máxima dirigente del departamento de vivienda ha asegurado que la nueva empresa pública de vivienda servirá para "combatir" a aquellas comunidades que no cumplen con la Ley de Vivienda, como la Comunidad de Madrid. "Todos los recursos del Estado para dar respuesta a un problema muy importante que hoy tienen los españoles", ha añadido, defendiendo que el fortalecimiento de “algunos instrumentos” y la entrega de fondos le atribuirá competencias. Sea como fuere, España llega tarde una vez más a un problema que vecinos europeos abordaron hace décadas.
España, tarde una vez más
Suecia, Países Bajos, Austria, Dinamarca o incluso Francia son ejemplo de construcción de vivienda pública. "Tenemos que actuar ya, de manera inmediata, con la regulación de los precios de temporada y alquiler que están elevando al alza el precio de la vivienda", ha defendido la cabeza más visible de Sumar, al tiempo que ha lamentado "profundamente" que "el PSOE haya votado en contra en la reforma fiscal de una medida que era clave: la subida de 21% de IVA en estas viviendas".
El PSOE deja caer que el blindaje constitucional de la vivienda pública podría ser el camino a seguir para evitar casos como el de Madrid, donde se vendieron miles de ellas a fondos buitre y luego no se quisieron recuperar cuando un juzgado obligó a ello a la Comunidad. Díaz, por el contrario, desconfía de este brindis al sol y ha señalado que "para bajar el precio hay que actuar de manera inmediata, como se hace en otros países, impidiendo la compraventa de viviendas que sean destinadas a la especulación y respetando el mandato constitucional".
