El Gobierno de España utilizó informes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y de Seguridad Nacional para vetar la compra de Talgo por parte de la compañía húngara Magyar Vagon. Así, el expediente de la Junta de Inversores Extranjeros (Jinvex) que impulsó el veto a la operación por parte del Consejo de Ministros incorpora informes del CNI que demostrarían una conexión entre la húngara que intentó adquirir la ferroviaria española con una trama rusa. Este organismo estuvo trabajando durante unos 18 meses para analizar esta entidad, incluso antes de que lanzase la oferta pública de adquisición (OPA) sobre la fabricante de trenes el pasado marzo. El documento ha sido calificado como información clasificada.

Una vez se dio a conocer la decisión del Gobierno de vetar la compra, el Ministerio de Economía aseguró este martes 27 de agosto que Talgo es "una empresa estratégica" en España, en un sector clave "para la seguridad económica, la cohesión territorial y el desarrollo industrial". En consecuencia, indició en que tras el análisis de la operación se concluyó que la autorización de esta "conllevaría riesgos insalvables para la seguridad nacional y el orden público".

Según fuentes internas de Magyar Vagon, la húngara prepara ya una respuesta legal, de forma que acudirá tanto a las instancias judiciales españolas como a las de Bruselas. Así, la idea es hacerlo una vez llegue la notificación oficial del veto del Gobierno de España, que no ha supuesto ninguna sorpresa para la entidad. La húngara ya habría estado trabajando desde hace semanas para acelerar su respuesta, bajo la posibilidad de un bloqueo y una justificación similar a la ofrecida.

Desde relaciones con una empresa rusa a la tecnología de Talgo: los avisos del CNI

En teoría, este incidiría en los vínculos entre el líder de ultraderecha húngaro, Víktor Orban, y figuras clave dentro de la empresa, así como en entramado de la compañía en el pasado y el presente, tal y como han asegurado fuentes conocedoras al medio El País. Magyar Vagon es un consorcio el cual el 45% pertenece a un fondo estatal de Hungría que se llama Corvirus International Investment, dependiente del Ministerio de Economía. El 55% restante ya pertenece a la propia compañía. Antes de la invasión de Ucrania, esta misma entidad es la que habría mantenido alianzas con la empresa rusa Transmashholding (THM), dedicada a la producción de material rodante para ferrocarriles y sistemas de transporte urbanos. THM salió del accionariado de la empresa una vez que tanto Washington como Bruselas comenzaron a establecer sanciones contra los intereses empresariales que mantenía Rusia, aunque los informes del CNI apuntarían a que estas dos entidades seguirían manteniendo conexiones informales.

A esto se suma que András Tombor, rostro visible de la húngara durante la operación de compra de Talgo en España, nunca negó estas relaciones, aunque aseguró que se cortaron casi por completo una vez comenzó la invasión rusa en febrero de 2022, a falta de cerrar entregas concretas. Sin embargo, dichas fuentes han asegurado que los informes del CNI defienden que, en realidad, a desvinculación de estos dos grupos y los correspondientes movimientos ocultan la realidad. Asimismo, el propio Tombor fue asesor del Gobierno húngaro durante el primer mandato del líder de extrema derecha durante los años 1998 y 2002.

Así, los informes tanto del CNI como de Seguridad Nacional subrayan que en los últimos meses tanto los sindicatos como el Ejecutivo vasco habrían recibido presiones por parte de las figuras clave en la operación, según las fuentes consultada por dicho medio. De igual forma, también incidiría en la necesidad de que se defiendan las tecnologías críticas de Talgo. Sobre todo en el caso del cambio de vía automático, el cual permite que sus trenes de alta velocidad rueden por distintos anchos de vía, de forma que puedan saltar fronteras entre distintos países. En términos militares, esto facilitaría la logística a Rusia en pleno conflicto con Ucrania. A su vez, el país liderado por Vladímir Putin aún tiene material de la fabricante ferroviaria española pendiente de mantenimiento, que no ha podido abordar por las sanciones al país.