Los sindicatos han respondido con firmeza al órdago lanzado por la CEOE y rechazan vincular la negociación de los salarios y de la jornada laboral a la reducción del absentismo. Tanto CCOO como UGT insisten en que están dispuestos a abordar cuestiones relacionadas con la salud laboral, la prevención de riesgos, la salud mental o las cargas de trabajo, pero se niegan a aceptar el planteamiento empresarial de que España sufre un problema económico derivado de las bajas médicas de los trabajadores.
La confrontación entre patronal y sindicatos llega en un momento especialmente delicado para la negociación colectiva. Cuando está a punto de alcanzarse el ecuador de 2026, las organizaciones empresariales y sindicales ni siquiera han conseguido sentarse a intercambiar propuestas para un nuevo Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), el marco de referencia que orienta los convenios colectivos en todo el país. El anterior acuerdo expiró en 2025 y, desde entonces, las negociaciones sectoriales y territoriales se han desarrollado sin unas directrices estatales que sirvan de guía para fijar incrementos salariales y otras condiciones laborales.
La situación se tensó aún más este martes durante la jornada “Absentismo x IT: un problema de país”, organizada por la CEOE en su sede de Madrid. Allí, representantes de diferentes organizaciones empresariales defendieron que cualquier avance en materias como los salarios o la reducción de la jornada deberá pasar previamente por un acuerdo para combatir el absentismo laboral derivado de las incapacidades temporales.
La posición fue resumida de forma contundente por Manuel Piquer, presidente de la patronal navarra, quien sintetizó el planteamiento empresarial en una frase: “Salarios y jornada a cambio de absentismo”. Un mensaje que posteriormente reforzó el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, durante la clausura del encuentro.
Garamendi defendió que el incremento de las bajas médicas en los últimos años ha alcanzado niveles que generan un coste de hasta 33.000 millones de euros anuales. Según los datos expuestos por la patronal, aproximadamente 17.000 millones recaen directamente sobre las empresas, mientras que el resto es asumido por la Seguridad Social. A su juicio, la magnitud de estas cifras justifica la adopción de medidas urgentes para mejorar el control y la gestión de las incapacidades temporales.
Entre las propuestas planteadas por la CEOE figura el refuerzo de las plantillas sanitarias y de los servicios de inspección médica, una mayor participación de las mutuas en los procesos de seguimiento, así como la realización de controles periódicos a los trabajadores de baja a los tres, seis y nueve meses de duración del proceso, sin esperar al cumplimiento del primer año. Asimismo, Garamendi reclamó que la inspección médica del Instituto Nacional de la Seguridad Social asuma el control de aquellos casos en los que la repetición de bajas supere los niveles considerados habituales.
La patronal también exige una reducción de los costes que soportan las empresas. Entre sus principales reivindicaciones figura que la Seguridad Social asuma íntegramente el pago de los primeros quince días de las bajas por contingencias comunes y que las compañías queden exoneradas de determinadas cotizaciones en los procesos de larga duración o cuando contraten trabajadores para sustituir a empleados en situación de incapacidad temporal.
Sin embargo, estas propuestas chocan frontalmente con las líneas rojas fijadas por las organizaciones sindicales. UGT ha reiterado además que los complementos salariales pactados en convenio para mejorar las prestaciones por incapacidad temporal constituyen una garantía esencial para la protección de la salud de los trabajadores y ha advertido de que no aceptará ninguna modificación que suponga un recorte de estos derechos.
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