Comisiones Obreras (CC.OO.) ha valorado positivamente que PSOE y Unidas Podemos desbloquearan la tramitación del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 2022, aunque ha advertido de que algunas de las medidas anunciadas en el acuerdo son "insuficientes" y espera que puedan mejorar durante su tramitación parlamentaria. De hecho, CC.OO. solicita que se introduzca un tipo mínimo del 15% en el Impuesto de Sociedades. Según el sindicato se trata "es un paso tímido en la buena dirección para incrementar la baja fiscalidad de las grandes empresas", pero apenas recaudará 350 millones de euros adicionales, frente a los 9.000 millones que recaudaría si se aplicara sobre el resultado contable.

"La propuesta gubernamental está además por debajo de lo que el propio Gobierno se ha comprometido en las negociaciones impulsadas por la OCDE, donde se promueve que todas las empresas paguen al menos un 15% de sus beneficios. Las empresas, de media, solo pagan en el impuesto un 9,5% de sus beneficios y los grandes grupos empresariales inmobiliarios, de la construcción o banca aportan menos de un 3%", denuncia CC.OO. 

Desde el sindicato, consideran que el tipo efectivo del 18,3% incluido en el Informe País por País es un "tipo inflado" porque incluye los impuestos pagados fuera de España que no sirven para financiar la Hacienda Pública española. Además, se permite compensar las pérdidas con beneficios de las filiales ubicadas en el mismo país.

Un bono joven ineficaz

El sindicato afirma que los anuncios sobre el contenido de la futura Ley por el Derecho a la Vivienda suponen "un avance positivo pero insuficiente", pues "se queda lejos" de lo que necesita España para resolver el problema de los altos precios y garantizar una vivienda asequible a la población. Esta ley, según explican desde CC.OO, debe ser una ley de aplicación efectiva en el conjunto del país en aquellos aspectos que son de competencia estatal y no una opción a la que puedan acogerse -o no- comunidades autónomas y/o ayuntamientos.

Por ende, consideran que bajar sólo el alquiler a las personas jurídicas con más de 10 viviendas en zonas tensionadas sumado al el bono joven de ayuda al alquiler (250 euros/mes) es una pérdida de tiempo ya que no se garantiza el derecho a una vivienda, según viene plasmado en la Constitución. 

Además, creen que el alcance del bono joven será limitado, ya que el Gobierno estima que beneficiará a 40.000 jóvenes, es decir, menos del 10% de la población joven que reside de alquiler con rentas inferiores a 23.700 euros. Para finalizar desde el sindicato quieren envía una advertencia a las comunidades autónomas: "Aquellas comunidades que teniendo zonas tensionadas no adopten las medidas recogidas en la Ley -control de precios, gravamen viviendas vacías, entre otras medidas- no deberían poder optar por tanto a estos fondos estatales".