Hemos terminado el año 2022 mucho mejor de lo esperado: el crecimiento económico, que se esperaba romo a lo largo del año, rondará el 5%, según el último anuncio del presidente del gobierno, superando de esta manera las previsiones. Se han consolidado los más de veinte millones de afiliados, una cifra que no se veía desde antes de la crisis financiera de 2008. La reforma laboral ha generado un descenso muy notable de los contratos temporales, aunque habrá que seguir de cerca la evolución de los indefinidos discontinuos. La inflación, que ha sido la gran amenaza del año, ha terminado moderándose hasta el 5,6%, por debajo de expectativas, aunque con una subyacente que todavía no responde a la caída de los precios de la energía.  Pese a los altos precios que han mantenido el gas y el petróleo durante todo el año, España ha terminado el año con un saldo exterior positivo en la balanza por cuenta corriente, algo por lo que no hubiéramos apostado. Las condiciones macro generales son, por lo tanto, bastante mejores de lo esperado a finales del verano.

Examinando las cuentas públicas, el déficit público parece que va a terminar este año por debajo de lo previsto, con unos datos que son 3 puntos de PIB menores a los experimentados en 2021 y con una reducción de la deuda pública de seis puntos desde 2021. La prima de riesgo ha mantenido todo el año niveles muy razonables, alrededor de 108 puntos básicos, lejos de las cifras de Italia -que está por encima de los 200-, y alejando el fantasma de una crisis de deuda.

En términos sociales es más difícil ofrecer cifras, pues la mayoría de ellas se ofrecerán a lo largo de 2023. En cualquier caso, el programa de protección social de la familias puesto en marcha por el gobierno a raíz de la guerra de Ucrania se ha focalizado en gran medida en los sectores más vulnerables, de manera que, de acuerdo con las estimaciones de la AIReF, los efectos totales de las mismas han sido bastante redistributivos, si bien algunas medidas deben considerarse como regresivas si se toman de manera aislada. El escudo social del gobierno se ha prolongado hacia 2023 con nuevas medidas dirigidas a los más desfavorecidos, reforzando de esta manera la cohesión social. Solamente la ausencia de un pacto de rentas, evocado durante todo el año pero que nunca tuvo una posibilidad de nacer ha oscurecido este aspecto. Los últimos datos señalan que los beneficios crecieron notablemente más que los salarios, pero, en cualquier caso, hemos sido, al menos de momento, capaces de evitar una espiral inflacionaria. El mecanismo ibérico, pese a las dudas iniciales, ha supuesto un importante freno a los precios energéticos y ha permitido mantener, en promedio, unos precios de la energía más bajos para España que para el resto de nuestros socios europeos.

Por parte de las medidas estructurales, el despliegue del Next Generation ha alcanzado su velocidad de crucero, aunque con importantes dificultades a lo largo de todo el ejercicio. Se estima que se han convocado subvenciones y ayudas por más de 30.000 millones de euros, y se han aprobado los 12 PERTE que conformarán los elementos tractores de la transformación de nuestra economía. Se han aprobado también importantes leyes, como la ley Crea y Crece, la ley de evaluación de políticas públicas, la ley de ciencia, la reforma laboral, la ley de Startups, y la reforma del régimen concursal. Este paquete constituye un marco institucional nuevo para el desarrollo de nuestro tejido productivo. España ha pedido ya el segundo tramo del Next Generation a través de una adenda al plan inicial, de manera que contaremos con más de 94.000 millones de euros adicionales para ejecutar hasta 2026.

En definitiva, en un contexto muy complicado para la economía global, España ha formulado una política económica que, en líneas generales, debe considerarse acertada, justa y eficaz, cuyos resultados económico y sociales están a la vista de la ciudadanía. Quedan, por, supuesto, innumerables retos: la productividad de nuestra economía sigue estancada y todavía no hemos recuperado los niveles de actividad que teníamos en 2019, aunque esto no es debido a una mala gestión de la recuperación, sino a la profundísima caída económica que se produjo en 2020, en una economía mucho más sensible al turismo y a la hostelería y el comercio que nuestros socios de referencia. Pese a los avances, España sigue lejos de los líderes en materia de innovación y competitividad, y esto no debe ser motivo de autocomplacencia, sino de exigencia para desarrollar actuaciones, como el Consejo de Productividad, que todavía no se ha puesto en marcha.

España arranca, por lo tanto, 2023, en una situación bastante mejor que lo esperado. Las incertidumbres siguen siendo altas y todo depende de la evolución geopolítica, pero dada la evolución del año, llegar a este enero con estas cifras y estas condiciones es un logro que hay que reconocer, pese a las sombras que todavía vuelan sobre nuestro país, dada la desaceleración mundial que se ha producido en la segunda parte de 2022 y que se espera que se prolongue en 2023, donde, de nuevo, hay que señalar que España se salvará de la recesión. El apocalipsis que algunos vaticinaban, e incluso invocaban, ni está ni se le espera. Todo puede ocurrir, sin duda, pero tenemos razones para un moderado optimismo en el año que comienza.