El 31 de agosto es el último día en el que los conductores tendrán que pagar por circular por dos nuevos tramos de la AP-7: entre Tarragona y La Jonquera (Girona) y entre Montmeló y el Papiol. También se liberan la autopista AP-2 Zaragoza-Mediterráneo (de Zaragoza a El Vendrell) y la C-32 (Barcelona-Lloret de Mar) y C-33 (Barcelona-Montmeló), al concluir el periodo de la concesión pactado. La C-32 y la C-33 serán gestionadas a partir de ahora por la Generalitat de Catalunya y el resto, por el Ministerio Todas ellas pasarán a ser gestionadas a partir de ahora por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
En enero de 2020 ya había sido liberado el tramo de la AP-7 entre Alicante y Tarragona. Seguirán siendo de pago los tramos de esta autiposta entre Crevillente (Alicante) y Cartagena (Murcia), Cartagena y Vera (Almería), los de Torremolinos-Guadiaro, Benalmádena-Estepona y también la circunvalación de Alicante.
El Gobierno central ha asumido el coste del mantenimiento de las vías de alta ocupación a las que se les ha levantado la barrera en los dos últimos años y presumiblemente hará lo mismo con éstas. El coste estimado de mantenimiento de estos tramos liberados es de 478 millones de euros al año que, de momento se cargará directamente a los Presupuestos Generales del Estado.
El Ejecutivo de Pedro Sánchez estudia otras formas de financiación alternativas y es partidario de un sistema de pago por uso. Entre otras cosas, se ha hablado de establecer un peaje blando, pero no hay nada decidido al respecto. Por su parte, la Generalitat estudia poner en marcha un mecanismo de tarifa plana o euroviñeta, ya en marcha en muchos países de Europa, que supone el pago de una tasa anual para poder circular por toda la red viaria.
Todas estas autopistas de las que ahora finaliza la concesión se construyeron a principios de los años 70, en una época en la que se apostó por la financiación privada para dotar de infraestructuras a un país en desarrollo.
