Los agricultores españoles están al límite. Los aranceles son uno de los principales problemas que enfrenta el sector agrícola, especialmente el que se encuentra ligado al aceite y el vino.
Desde hace dos años, Estados Unidos mantiene una dura política arancelaria sobre el sector. Inflexible. De hecho, el ministro de Agricultura y Alimentación, Luis Planas, asegura a este respecto estar preocupado y haber trasladado a su homólogo estadounidense que, “introducir aranceles en el comercio agroalimentario no es la solución a los problemas”. No obstante el campo precisa de respuestas tangibles.
Y es que la volatilidad de los precios impacta de lleno en el bolsillo de agricultores y ganaderos, que en estos momentos se enfrentan a una terrible incertidumbre acerca del futuro de la Política Agraria Comunitaria, la subida de precios arancelarios y la deriva del denominado Pacto Verde. De hecho, esta última medida con la que la Unión Europea pretende ser neutra en carbono en el año 2050 y que afecta de lleno a la agricultura, aún no cuenta con una hoja de ruta clara, lo que supone que el sector europeo sea menos competitivo frente a terceros países.
Un problema que sobre pasa las fronteras
De hecho, la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos asegura que la caída de los precios, los aranceles impuestos por la administración de Donald Trump, el veto ruso a los productos agrícolas -la respuesta a la sanciones de la UE a los productos rusos por la anexión unilateral de Crimea- y los recortes de la Unión Europea son los responsables del hundimiento del agro en España.
Pero ¿en qué consiste la política arancelaria? Realmente no es un problema nuevo. De hecho, el conflicto comercial entre Estados Unidos y la Unión Europea tiene su origen en el año 2004 cuando el Gobierno estadounidense denunció ante la Organización Mundial de Comercio (OMC) a la Unión Europea por un supuesto trato de favor al fabricante de aviones europeo Airbus, algo que perjudicaba de lleno a la principal empresa estadounidense Boeing.
Ese mismo año se comenzó a gestar una batalla legal en el marco internacional que perdura hasta nuestros días y cuyas consecuencias pagan otros ‘pobres diablos’, como son los agricultores.
En el año 2018, la OMC dictaminó que Estados Unidos tenía razón en sus reclamos pero que la cuestión debían resolverse en un tribunal de arbitraje. En ese momento, la OMC autorizó a Estados Unidos a imponer aranceles por el valor equivalente al daño que sufrió su industria aeronáutica, unos 20.000 millones de euros. La Oficina de Comercio Exterior calculó entonces que el coste debía fijarse en torno a los 10.200 millones de euros anuales por lo que, la administración que ya gobernaba Donald Trump, estableció una lista de productos a los que aplicaría aranceles, entre los que se encuentran los productos agrícolas.
Por su parte, la Unión Europea reclamó a la OMC por las ayudas que Estados Unidos había proporcionado a Boeing. Es decir, la misma batalla ahora se realizaba a la inversa. La organización dio la razón a los europeos, que se encuentran a la espera de que se decida el importe de los aranceles que el conjunto de los 28 podrán gravar sobre productos estadounidenses. Pero hasta entonces, Estados Unidos continuará con su batalla comercial.
En definitiva, los agricultores y ganaderos europeos (Francia, Alemania y España) han pagado el pato de una disputa que concierne al sector aeronáutico y que asciende a unos 1.000 millones de euros.
De hecho, según datos del pasado mes de enero, el sector olivarero prevé que en este año 2020 caigan sus exportaciones en un 15 por ciento. El sector del vino español, por su parte, ya sufre una caída del 25 por ciento en Estados Unidos. Otros, como los cítricos han perdido la totalidad de sus ventas en Estados Unidos. Se entiende ahora ‘el cabreo’ de los agricultores, ¿no?.