El Banco de España publicaba este martes una estimación de la contribución de la población extranjera en España al crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) per cápita en el período 2022-2024, sumándose al debate sobre la aportación de los migrantes al tejido macroeconómico español y reforzando la idea de medir a personas por su peso sobre este, algo que ha permeado a un lado y a otro de la trinchera. Según el estudio, la población nacida en el extranjero ha aportado el 0,7% del 2,9% de avance del PIB per cápita español entre 2022 y 2024.

"Este resultado sería coherente con el proceso de asimilación de las olas de inmigrantes que entraron a principios de este siglo y con el aumento que se aprecia en el nivel educativo de los extranjeros que han llegado en los últimos años, así como con un cierto desplazamiento de estos hacia actividades que exigen una mayor cualificación, las cuales, normalmente, son más productivas”, recoge el Banco de España. Asimismo, señala que la contribución es “similar” a la de fases expansivas previas.  

El organismo encabeza por el que fuera ministro de varias carteras en el Gobierno de Pedro Sánchez, José Luis Escrivá, desgrana determinadas variables como la tasa de empleo, las horas trabajadas o la productividad por hora para alcanzar estos valores de contribución, que vienen explicados por el aumento de la ocupación de este colectivo (aporte del 0,5%) y la expansión de sus jornadas laborales al reducirse la temporalidad (aporte del 0,1%), mientras que la productividad por hora (aporte del -0,2%) y el factor demográfico (aporte del 0,2%) se contrarrestan.

El mayor impacto es el del aumento de la ocupación de los extranjeros de entre 16 y 67 años (edad de trabajar) sobre el conjunto de extranjeros en el país, que también ha crecido después de la pandemia. La tasa de empleo, que era superior durante los primeros años del siglo y después cayó con la llegada de la crisis financiera, se ubica en el 62,2% y sigue cerrando el cerco con el porcentaje marcado por los nacionales (64,8%). Todo ello, lejos de lo que sectores ultras argumentan, sin “efectos negativos significativos sobre las oportunidades de empleo ni sobre los salarios para el conjunto de los trabajadores nativos”.

Importancia según tu aportación al PIB

El tejido empresarial y estatal español siempre ha tratado a los asalariados como una herramienta más dentro de la cadena de valor, con mayor o menor disimulo, a la que medir por su fuerza de trabajo. Con la inmigración, de la mano del racismo, hay todavía más manga ancha para acometer esta despersonalización y de los discursos ultraderechistas que se permiten cribar sin ningún dato fidedigno a los inmigrantes, entre “buenos” y “malos” por “venir a trabajar y no a delinquir”, y los que con cifras macroeconómicas defienden su presencia únicamente por su aportación laboral, sin atisbo de causas humanistas, no existe una gran distancia práctica en términos de clasismo.

El primero de ellos, el de la extrema derecha, suele venir más de la mano de la aporofobia y de la falsa valentía de atacar a los más desfavorecidos, pero alabar e inclinarse ante las élites o las fortunas migrantes y los discurso neoliberales que vienen pasado el océano. Todo revestido de xenofobia. El segundo de ellos quizás es más cruel porque no solo procede de empresas, a quien el inmigrante siempre ha interesados para cubrir vacantes y, a ser posible, concederle unas condiciones mucho peores (en algunos sectores abundan las ilegalidades) que a los nacionales; sino también de espacios que se hacen llamar progresistas.

Partidos y organizaciones sociales que dicen encontrarse en estos parámetros ideológicos vienen enarbolando el argumento de la contribución de la inmigración al PIB, la productividad o cualquier otra variable macroeconómica para defender la presencia de migrantes en España, frente los discursos racistas del siglo pasado de las extremas derechas y las derechas extremas, canibalizas por las anteriores. No obviar la capacidad de asunción de migración, su integración, la posibilidad de absorción de los servicios públicos o su integración cultural y socioeconómica, entre otras muchas, no significa pasar a tratar a personas como meras cifras. Equilibrio que la izquierda española no está consiguiendo encontrar.

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