En total, el holding integrado por el fondo Trilantic y las familias Oriol y Abelló, que de manera conjunta constituían Pegaso, estiman que las pérdidas económicas que sufrieron, a raíz del veto del Gobierno de España a la OPA que lanzó sobre Talgo el consorcio húngaro Ganz Mavag, ascienden a una cifra cercana a los 25 millones de euros. En aquel momento, el Ejecutivo nacional justificó su decisión de intervenir en la Oferta Pública de Adquisición basándose en razones de seguridad nacional; sin embargo, los antiguos dueños de la compañía ferroviaria llevan ahora ante el Tribunal Supremo esta actuación.
El bloqueo a la operación tuvo lugar el pasado 27 de agosto de 2024, una intervención estatal que tuvo lugar tras un informe desfavorable previo de la Junta de Inversiones Exteriores (Jinvex). De esta manera, el Estado movió ficha para impedir que se completara esta adquisición de Talgo que iban a llevar a cabo el multimillonario húngaro András Tombor de la mano del fondo público del Gobierno de Viktor Orbán. Aquello supuso, según los cálculos de Pegaso, una pérdida de unos 25 millones de euros en la venta de la compañía, ya que cuando posteriormente consorcio encabezado por la siderúrgica Sidenor compró el 29,7% de la empresa correspondiente al holding del fondo Trilantic y las familias Oriol y Abelló, la venta se completó por un valor de 4,25 euros por acción en lugar de los 5 a los que se iba a vender a los húngaros.
Según ha dado a conocer El Confidencial, ahora, Pegaso suma al proceso judicial que mantiene abierto contra el Ejecutivo nacional español la reclamación de estos 25 millones de euros. Una demanda que realizan tras haber podido acceder al expediente de veto de la OPA, después de que el Tribunal Supremo concediera permiso a las partes afectadas tras haberlo mantenido reservado el Gobierno de España. Así, la única información a la que seguirán sin poder acceder ni Pegaso ni el consorcio húngaro Ganz Mavag serán los informes redactados por Centro Nacional de Inteligencia (CNI), pues el Supremo entiende que debe mantenerse un equilibrio entre la peticiones de las partes afectadas y la protección de los intereses de seguridad invocados por el Gobierno de España.
Si bien, las demandas interpuestas contra el Gobierno de España por su intervención en esta operación Oferta Pública de Adquisición no quedan únicamente limitadas al Tribunal Supremo, sino que también han llegado a otras instancias y organismos internacionales de la mando del consorcio húngaro del multimillonario András Tombor y el fondo público del Gobierno de Viktor Orbán. De hecho, Ganz Mavag inició un procedimiento arbitral contra el Gobierno de España ante la Cámara de Comercio de Estocolmo (SCC), argumentando que, atendiendo al Tratado de la Carta de la Energía (TCE), se han vulnerado garantías como el trato justo y equitativo a la inversión extranjera. Unas acusaciones que el Ejecutivo nacional español rechaza exponiendo que el tribunal arbitral carece de jurisdicción al tratarse de un litigio entre un inversor de un Estado miembro y otro Estado de la Unión Europea.
