La captación de inversiones extranjeras por parte del gobierno de Andorra ha sido negativa, según el análisis del Instituto Coordenadas de Gobernanza y Economía Aplicada, que ha creado un grupo de trabajo especial para las elecciones andorranas del próximo 7 de abril.

En un comunicado, este think tank concluye que, tras siete años de vigencia de la Ley 10/2012 de inversión extranjera en Andorra, los resultados finales son un "fracaso absoluto". Según el análisis, los datos de inversión extranjera que da el gobierno andorrano no siempre son "suficientemente extensos y claros" para permitir un seguimiento óptimo del impacto de la inversión extranjera en la economía del país.

Según el ICGEA, los datos oficiales publicados por Actua datan de 2016, lo que pone en entredicho la transparencia, y según el indicador del volumen de inversiones formalizado en 2017, se comprueba que éste alcanzó los 82,5 millones de euros, cifra que está lejos, un 16% menos, de la equivalente de 2016, que fue de 98,2 millones y también de la de 2015, que fue de 97 millones, informa EuropaPress.

El Instituto también señala el fuerte salto que hay entre 2014 y los años siguientes, cuando la cifra de 49,8 millones de 2014 salta a 97 millones en 2015. Algo que no respondería a la formalización de nueva inversión extranjera, sino que tendría su origen en la regularización de patrimonios de ciudadanos no residentes, a raíz de los acuerdos alcanzados con España para evitar la doble imposición.

Jesús Sánchez Lambás, vicepresidente ejecutivo del Instituto Coordenadas, señala que "todo apunta a que algo falta en Andorra y que el actual gobierno no ha sido capaz de aportar". Lambás cree que influyen varios factores, no solo los racionales, y detrás de toma de decisión de carácter económico hay variables psicológicas que priman más que las que enseñan los manuales de economía, como la confianza en las instituciones o la imparcialidad y eficiencia, que él considera que el actual gobierno del Principado no ha sido capaz de transmitir. En resumen, según el Instituto Coordenadas, si se comparan los objetivos iniciales del Gobierno de Antoni Martí con los resultados obtenidos, el balance sería "calamitoso".

El grupo de trabajo cree que el próximo gobierno que salga de las elecciones tiene que hacer frente a los retos del Principado, pendientes en su agenda desde que se incorporó al club de las democracias de la Unión Europea, relacionados con la imagen exterior de un país que debe consolidar su apuesta por la apertura y la modernidad.

En el futuro, Andorra acogerá la Cumbre Iberoamericana en 2020 o la celebración de unas finales de la Copa del Mundo de esquí alpino. Eventos que pueden presentarle al mundo como un país abierto y de futuro, frente a su actual imagen lastrada por haber sido un paraíso fiscal y "haber acogido en su seno y alimentado un sistema financiero repleto de irregularidades cuyo punto álgido fue la más que discutible intervención de una entidad como BPA".