El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Cazorla, en Jaén, ha archivado el caso del inmigrante saharaui de 31 años Said Aballa, que, el 14 de diciembre pasado, falleció mientras trabajaba en la recolección de la aceituna. 

El empresario que lo había empleado trasladó su cuerpo, tras su fallecimiento, hasta el centro de salud de Pozo Alcón y allí lo dejó abandonado en una camilla del consultorio médico.

La jueza dice que no hubo explotación laboral

El juzgado entiende que no hubo explotación laboral por parte del empresario ni ningún delito vinculado a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. El inmigrante murió de un infarto mientras recogía aceituna, según decretó la autopsia.

La jueza considera que “no existen indicios sólidos y suficientes de la comisión de un delito contra los derechos de los trabajadores”, según se indica en el auto divulgado desde el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y del que se ha hecho eco Europa Press.

Sanciones económicas

El empresario se enfrenta a posibles sanciones económicas por haber incurrido en infracción administrativa al contratar al temporero careciendo de permiso de trabajo. A pesar de que Said Aballa migró cuando era menor de edad, no contaba con residencia en España.

Tras la muerte del inmigrante, la Guardia Civil detuvo al dueño de la explotación agrícola, de 34 años, Francisco Moreno (que había sido apoderado de Vox y concejal del PP en su pueblo, Hinojares). Se le imputó inicialmente un presunto delito contra los derechos de los trabajadores, aunque quedó en libertad con cargos. Por su parte, los familiares del inmigrante saharaui declinaron personarse en la causa.

El Juzgado ha estado esperando ocho meses al informe de la Inspección de Trabajo de Jaén, donde concluía que no hubo incumplimientos vinculados a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y que, por tanto, en lo ocurrido no había delito contra la seguridad e higiene en el trabajo. Y sostiene que “no se aprecia relación directa entre el fallecimiento y el incumplimiento de la condiciones materiales en aplicación a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales”. También la Fiscalía apoyó el sobreseimiento del caso.

La Inspección de Trabajo y la Seguridad Social han apreciado por parte del empresario investigado incumplimientos en lo que respecta a derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social por dar ocupación al fallecido sin hacer obtenido con carácter previo la correspondiente autorización de trabajo, algo que, según la jueza, serían “meras infracciones administrativas”.