La progresiva demolición del sector público de la comunicación camina hacia la banalización y el espectáculo, lo que constituye una de las grandes amenazas del periodismo, ya que la información es un derecho.

Un claro ejemplo de este tipo de malas prácticas sensacionalistas es el programa del access prime time de Televisión Española (TVE) ‘Hora punta’. Este formato de entretenimiento, que pretende sumar audiencia a base de polémicas, es objeto de diversas críticas desde el inicio de su andadura. En este programa se han podido ver desde mujeres en body en un espectáculo de magia, hasta la divulgación de teorías pseudocientíficas, que han llevado a protestas por parte de la comunidad científica, pasando por la emisión de un monográfico sobre el 25 aniversario del secuestro de Mª Àngels Feliu, la farmacéutica de Olot, donde se le preguntó a uno de sus secuestradores: “¿llegaste a enamorarte de ella?”.

Al tratarse de un contenido que emite nuestra televisión pública, hemos preguntado si el coste de este espacio, 40.000 € por entrega, junto a su calidad justifican su teledifusión.

Antítesis de la información y los valores en una televisión pública

Montserrat Boix, periodista de TVE y representante de Igualdad de UGT en la corporación, comienza por analizar que “en una primera etapa el programa estaba repleto de comentarios sexistas, lo cual iba en detrimento del compromiso que tiene RTVE con la igualdad, mientras que en la segunda, se basa en las ocurrencias y en el morbo, cruzando líneas muy serias como la entrevista a un secuestrador”. Esto está directamente relacionado, asevera la periodista, con la externalización de la producción, ya que “estas productoras, están presionadas por contratos en función de la audiencia y es esta, la que prima a toda costa y a todo precio”. Para Montserrat “TVE no puede prestarse a ello, ya que de forma reiterada se han denunciado contenidos que vulneran el estatuto de la corporación”, además añade “una de las cosas que me preocupan, es que como sociedad, vivimos impasibles hechos que no son de recibo. Convertimos nuestras quejas en murmullos en las redes sociales, cuando existen mecanismos oficiales que pueden contabilizarse, como la defensoría de la audiencia, que recoge las críticas en la página web de RTVE”. Por ello, termina la informadora, anima “a toda la ciudadanía a implicarse en la utilización de este instrumento de control, ya que RTVE es de todas y todos”.

Lidia Guinart, periodista y diputada del PSOE (secretaria primera de la Comisión Mixta de Control Parlamentario de RTVE), afirma que desde el Congreso ha conseguido que el Pacto de Estado contra la Violencia de Género se aplique también en la televisión pública mediante la “creación de un Observatorio de Igualdad en la Corporación, para velar por los contenidos que se emiten”.

Su interés nos cuenta Lidia son “las pautas que se dan desde la presidencia del medio público para la difusión de contenidos, que no solo se tratan de una manera frívola, si no que además atentan contra la legislación vigente”. Desde este programa “se está vulnerando la normativa de género y no debe pagarse con fondos públicos” termina Lidia.

Miguel Ángel Sacaluga, periodista de TVE y miembro del Consejo de Administración de la corporación, pone de manifiesto, en lo relativo a contenidos “la desorientación que vive el ente público, desde el punto de vista de sus obligaciones”. Aclara que los contenidos informativos, según el contrato marco “deben ser hechos íntegramente por TVE, con lo cual ahí se percibe cierta ilegalidad, como sucede a veces con este programa”. Sacaluga clarifica que desde la perspectiva empresarial “los datos de audiencia son nefastos, ya que están por debajo de la media de la cadena, lo que lastra los programas del prime time que realmente son potentes. Pero no solo esto, porque si bien la cadena tiene que ser escrupulosa con los horarios, esto tampoco se cumple”. En definitiva, revela Miguel Ángel, estamos hablando “de un programa de mala calidad, de dudosa legalidad, en cuanto a las obligaciones de servicio público y con unos costes elevadísimos, ya que realmente se está pagando a la productora del presentador, porque el precio de la producción en si mismo es muy bajo”. La cuestión termina el periodista es “porqué se está pagando esto con dinero público, cuando paralelamente se está reduciendo la capacidad de producción de la corporación”.

Si uno de los marcadores del nivel democrático de un país es el derecho de la ciudadanía a recibir información veraz, hecha por profesionales que alienten el periodismo ético, quizás ha llegado el momento de plantearnos si los medios de comunicación públicos, que pagamos con nuestros impuestos, cumplen con su función.