Los desahucios pueden ser tan solo la punta del iceberg que se nos viene encima. Con cerca de un 26% de la población en paro, con más de 1,7 millones de familias sin un solo salario, con más de trescientas mil familias viviendo de la pensión del abuelo, con un 40% de parados sin cobertura pública alguna, y con unos servicios sociales en retroceso, la situación solo puede calificarse de auténtica emergencia social. Y una nueva normativa de segunda oportunidad que pare los desahucios será positiva. Pero no bastará, porque muchas familias seguirán sin tener ingresos con los que hacer frente ni tan siquiera a las hipotecas renegociadas o a los alquileres solidarios.

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