El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, ha ordenado este miércoles a las fiscalías provinciales de Cataluña investigar "las campañas de odio, amenazas y coacciones" dirigidas a alcaldes, funcionarios y particulares contrarios a colaborar con el referéndum 1-O, suspendido por el Tribunal Constitucional.
Dichas amenazas, según la instrucción dirigida a las Fiscalías, podrían ser constitutivas de un delito de odio en tanto que promueven la hostilidad hacia determinadas personas por motivos ideológicos o políticos.
A raíz de la convocatoria del referéndum y de la negativa de alcaldes y funcionarios a participar en la organización aparecieron carteles con la foto de algunos de estos representantes públicos con el objeto de señalarles como contrarios a la independencia de Cataluña. Algunos de estos carteles han sido elaborados por las juventudes de la CUP agrupadas en la organización Arran.
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Cartel de Arran Lleida señalando a concejales del PP, CIudadanos y PSOE - @ArranLleida
Ataque a la convivencia
"Estas conductas suponen un ataque contra la convivencia pacífica en Cataluña y una grave perturbación de los derechos (...) en cuanto lanzan un mensaje coactivo general dirigido a todas las autoridades, funcionarios y ciudadanos, defensores del Estado de derecho y del ordenamiento constitucional", señala la Fiscalía en la instrucción.
Para evitar que esto suceda, Maza solicita a sus fiscales que reclamen a las fuerzas y cuerpos de seguridad (Mossos d'Esquadra, Policía Nacional y Guardia Civil) que retiren esos carteles intimidatorios y que elaboren los atestados correspondientes identificando a los responsables.
La Fiscalía de Lleida investiga ya quién está detrás de la colocación de carteles en junio con las imágenes de líderes políticos contrarios a la independencia como Inés Arrimadas (C's), Miquel Iceta (PSC) y Xavier García Albiol (PP) y en los que se podía leer: "Los que niegan el derecho a la autodeterminación son enemigos del pueblo".
