Castilla-La Mancha se ha convertido en un caso excepcional dentro del panorama universitario español. Mientras comunidades como Madrid o Andalucía registran una proliferación constante de universidades privadas —con ratios que ya superan a las públicas en algunos territorios—, la región gobernada por Emiliano García-Page es, a día de hoy, la única en la que no opera ningún centro universitario privado ni existen planes para su implantación. Los únicos centros de educación superior en funcionamiento en Castilla-La Mancha son la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) —con campus en Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Toledo— y la Universidad de Alcalá de Henares (UAH), presente en Guadalajara. Ambos centros son públicos. Una situación que contrasta con la tendencia generalizada del resto del país y que forma parte de una estrategia deliberada del Ejecutivo autonómico para blindar la universidad pública y dotarla de mayor protagonismo en la cohesión territorial.
Esta decisión se enmarca dentro del desarrollo de la nueva Ley de Universidades que el Gobierno de García-Page quiere aplicar a partir del curso 2025-2026. La normativa contempla criterios más exigentes para autorizar la apertura de centros privados, entre ellos, inversiones acreditadas en investigación y desarrollo, y la obligatoriedad de ofrecer formación presencial en la región. “No queremos ni centros online ni expendedores de títulos”, declaró José Antonio Castro, director general de Universidades, en una entrevista a El País en diciembre pasado. En paralelo, la Junta de Castilla-La Mancha ha aprobado un aumento del 3,3 % en el presupuesto destinado a las universidades para el ejercicio 2025, alcanzando así los 246 millones de euros. Una inversión que busca reforzar la red pública y evitar que el acceso a la educación superior quede condicionado por intereses mercantiles.
La gratuidad de la primera matrícula, eje clave del nuevo modelo
Como pilar destacado de este enfoque, Castilla-La Mancha pondrá en marcha a partir del curso 2025-2026 un plan de gratuidad para la primera matrícula universitaria. Se trata de una medida que beneficiará a más de 5.000 estudiantes y que ya ha sido aprobada por el Consejo de Gobierno. El presidente regional, Emiliano García-Page, fue claro al presentar la propuesta: “Lo que se haga para todos siempre será mejor a que vayamos por libre unos territorios u otros”, reflexionó, abogando por un debate nacional y no fragmentado en materia universitaria. En su opinión, la educación superior debe ser exigente, pero también equitativa: “No nos podemos permitir la amenaza que pueda significar una selva caótica donde se mezcle la exigencia de unas universidades con la poquita autoexigencia de otras”.
Según explicó el consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, la inversión prevista será cercana a los cinco millones de euros —4,4 millones para la UCLM y 600.000 euros para la UAH—. Esta bonificación cubrirá los créditos del primer curso matriculados por primera vez (hasta 60 en estudios de Grado y 72 en Dobles Grados), pero no será compatible con las becas estatales. Para poder acceder a esta ayuda, los estudiantes deberán haber cursado su formación previa en centros educativos de la región y haber solicitado —sin éxito— una beca del Ministerio de Educación, o bien presentar una declaración responsable en caso de no cumplir los requisitos para optar a ella. También se prevén supuestos especiales para alumnos que decidan regresar a Castilla-La Mancha desde otras universidades públicas, siempre que hayan aprobado al menos el 65 % de los créditos. Una comisión mixta entre la UCLM y la UAH se encargará de estudiar casos especiales, como el de estudiantes procedentes del extranjero, en el marco de las políticas de retorno y retención del talento impulsadas por el Gobierno regional.
Objetivo: frenar el éxodo estudiantil
Uno de los grandes desafíos de la región es el desplazamiento de jóvenes hacia otras comunidades para cursar estudios superiores, especialmente hacia Madrid, Valencia, Andalucía o Murcia, como apunta un informe de la Fundación CyD. En este contexto, las medidas impulsadas por la Junta persiguen retener el talento y reducir la fuga de estudiantes, asegurando una oferta educativa pública suficiente y de calidad. Asimismo, la futura Ley de Universidades castellanomanchega incorporará criterios vinculados al alojamiento universitario, un factor que cobra especial relevancia en provincias como Toledo, donde el mercado de la vivienda presenta tensiones notables. Según datos de Idealista, el precio medio del metro cuadrado en la capital regional se situaba en 9,2 euros en noviembre de 2024, una cifra elevada para los estudiantes que buscan residencia cerca de los campus.
El contexto autonómico se suma a un debate creciente a nivel estatal. Esta misma semana, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció la intención del Ejecutivo de limitar la creación de universidades privadas y endurecer los controles de calidad. “Vamos a romper una lanza a favor de lo público, sin demérito de aquellas instituciones privadas que funcionan bien, con rigor y calidad”, afirmó. Sánchez advirtió también de los riesgos asociados a una expansión sin control del sector privado: “Las instituciones universitarias no pueden ser una máquina expendedora ni una fábrica de títulos sin garantías”. En ese sentido, se comprometió a perseguir las prácticas que atenten contra el prestigio del sistema universitario, tanto público como privado.