El cambio climático no afecta a todos por igual. Así lo alerta el nuevo informe '¿Quién asume el coste? Cómo abordar las desigualdades derivadas del cambio climático y la acción climática', presentado este miércoles en el Palau Macaya de Barcelona por la Unesco y la Fundación ”la Caixa”. El documento estima que 2.500 millones de personas estarán expuestas a condiciones climáticas extremas en 2050, entre ellas 239 millones en situación de pobreza extrema.

El estudio lanza una advertencia: sin medidas urgentes e inclusivas, la transición climática podría agravar las desigualdades globales, especialmente en el sur global y entre colectivos como mujeres, pueblos indígenas, niños o trabajadores irregulares.

Una transición verde, pero justa

“A medida que la crisis climática se acelera, también debe acelerarse nuestro compromiso con los grupos de población más afectados”, ha afirmado Sergi Loughney, director general adjunto de Asuntos Corporativos de la Fundación ”la Caixa”. “Debemos comenzar por las personas, sobre todo las que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad”.

Por su parte, Gustavo Merino, director de Políticas Sociales de la Unesco, ha subrayado que “las soluciones climáticas justas deben abordar la desigualdad desde el principio”.

El sur global paga un precio desproporcionado

El informe destaca que el 10 % de los países más ricos son responsables de casi el 50 % de las emisiones globales, mientras que los países más vulnerables, como Chad, Sudán del Sur o Somalia, sufren las consecuencias sin haber contribuido apenas al problema. Además:

  • 3.600 millones viven ya en zonas muy vulnerables al cambio climático.
  • Hasta 2.100 millones de personas podrían estar en riesgo de desplazamiento forzoso en 2070.
  • 1.400 millones de mujeres se verán afectadas directamente entre 2040 y 2060.
  • 325 millones de trabajadores están en riesgo por la transición energética.
  • 238 enclaves del Patrimonio Mundial de la Unesco están amenazados.

Políticas climáticas con efecto rebote

Lejos de resolver desigualdades, algunas medidas contra el cambio climático han intensificado el problema. El informe advierte que políticas como los impuestos al carbono o las transiciones energéticas trasladan costes a quienes menos recursos tienen, generando malestar social.

Se cita como ejemplo el movimiento de los chalecos amarillos en Francia, las protestas en Alemania, Ecuador o India y la creciente percepción de que la acción climática penaliza a las clases populares.

Propuestas para una acción climática inclusiva

Entre las recomendaciones del informe, destacan:

  • Aumentar la financiación climática anual hasta 1,3 billones de dólares en 2035.
  • Ampliar la protección social para los colectivos más vulnerables.
  • Crear programas de reciclaje laboral en sectores de alta emisión.
  • Usar los ingresos por mercados de carbono para apoyar a las comunidades desfavorecidas.
  • Fomentar la transferencia tecnológica limpia.
  • Integrar la perspectiva de derechos humanos y equidad en todas las políticas climáticas.

Un nuevo índice para medir la vulnerabilidad climática

Una de las novedades del estudio es la creación del índice de vulnerabilidad social a los impactos climáticos físicos, basado en datos del PNUD, Unesco y Banco Mundial. Este índice mide la capacidad de los países para afrontar el cambio climático según cinco dimensiones: salud, riqueza, desigualdad de género, ruralidad y envejecimiento poblacional.

Un imperativo ético

“El cambio climático está provocando transformaciones profundas y a menudo imprevistas... Si la equidad y la justicia no se sitúan en el centro de las agendas climáticas, se corre el grave riesgo de agudizar las desigualdades actuales”, señala el autor principal del informe, Rodolfo Lacy.

Iniciativas como el Programa MOST de la Unesco o proyectos comunitarios como Gotita de Agua (México), impulsado con apoyo de la Fundación ”la Caixa”, demuestran que es posible actuar desde lo local con enfoque social y de género.