Vuelta a la casilla de salida en el asunto de la flexibilización de medidas frente a la tuberculosis bovina por parte del consejero de Agricultura de Castilla y León, Gerardo Dueñas, de Vox, que, después de saltarse al Ministerio y a Bruselas, legislar contra todas las normas, propiciar una concentración de ganaderos este lunes en Salamanca que se transformó en violento asalto a la Delegación de la Junta, y anunciar una reunión para este martes, termina suspendiéndola y reconociendo la ilegalidad de su normativa, mientras “busca soluciones”.

Todo esto, desde el punto de vista de las organizaciones profesionales agrarias de Castilla y León se interpreta como “una utilización política descarada de los ganaderos”, dice la Alianza UPA-COAG, o una “situación surrealista”, afirma la Unión de Campesinos, mientras ASAJA exige al consejero que dé la cara con los afectados y acusa al presidente del Gobierno Autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, y al vicepresidente, Juan García-Gallardo, de “haber calentado el ambiente por motivos políticos”.

¿Qué es la crisis de la tuberculosis bovina?

Se impone, no obstante, un resumen acelerado de lo sucedido en Castilla y León para que el lector no se pierda: la ‘crisis de la tuberculosis bovina’ comienza en plena campaña electoral de las municipales y autonómicas (25 de mayo), que lleva al vicepresidente del gobierno de Mañueco, Juan García-Gallardo, a Bruselas, a pedir que se flexibilice el reglamento comunitario de saneamiento animal que “está ahogando” a los ganaderos.

Sin embargo, previamente, el 15 de mayo, estrenando la campaña y antes de la teatralización en Bruselas, la Consejería de Agricultura ya había dado un paso adelante, rebajando por su cuenta los controles sobre el ganado, en su cruzada contra la Agenda 2030 y contra los criterios y legislación europeos y ministeriales.

El Ministerio responde

El 29 de mayo, una vez que Gallardo lo había tuiteado todo sobre cómo Vox ‘cumple’ con la agricultura y ganadería de Castilla y León, y amanecido el día tras la noche electoral del 28M, el Ministerio de Agricultura de Luis Planas salta a la palestra con una orden en la que prohíbe la movilidad del ganado bovino de 6 provincias de Castilla y León, tanto a otras autonomías de España como al resto de la Unión Europea, para evitar poner en riesgo la sanidad de la cabaña ganadera. Es decir: si no cumplís las normas sanitarias, vuestras vacas no se mueven.

El penúltimo episodio de esta maniobra de la ultraderecha que este lunes acabó como el rosario de la aurora en Salamanca, provincia más afectada por la tuberculosis bovina, fue la comunicación del Tribunal Superior de Justicia de un auto en el que daba la razón al Ministerio, a lo que la Consejería respondió a última hora con el anuncio de una reunión con los afectados que hoy ha suspendido, después de confirmar que no le queda otra que plegar velas ante la resolución judicial mientras “busca soluciones”.

Las OPAS, perplejas

Las organizaciones profesionales agrarias de Castilla y León, en general, no dan crédito. Desde ASAJA, su presidente, Donaciano Dujo, califica la situación como “tremendamente delicada para la Consejería, con el consejero a la cabeza”, a quien pide que “dé la cara y busque una solución que no perjudique a la imagen de la ganadería de Castilla y León”, y responsabiliza tanto al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, como al vicepresidente, García Gallardo, de “haber calentado el ambiente de manera desproporcionada por motivos políticos” sin haber negociado con nadie, en declaraciones a ElPlural.com.

Dujo afirma que el problema de los ganaderos no es exclusivo de Salamanca ni de Castilla y León, sino que los índices de prevalencia de la tuberculosis bovina son mayores en otras comunidades autónomas, con las que debería de haberse avanzado en un “frente común” y “buscado alianzas”, en lugar de “tirarse a la piscina y creer que se podían dictar normas sin diálogo con las organizaciones agrarias, sin petición a Europa ni consulta al Ministerio”.

Por su parte, desde la Unión de Campesinos, Jesús Manuel González Palacín califica el asunto de “surrealista”, y considera que “se sabía desde el principio que la Consejería tenía muy poco margen de maniobra” y que “donde hay que ir es al Ministerio y a Bruselas”, puesto que la exigencia de controles de tuberculosis, desde Castilla y León no tiene solución.

“Yo he intentado explicárselo a los ganaderos con los que he hablado estos días, pero muchos no lo entienden”, explica, “no se lo creen, porque han creído en la Consejería, y eso es como darse cabezazos contra la pared”.

González Palacín propone apostar por desarrollar una vacuna para los animales como única solución, pero siempre negociando a nivel nacional y con Europa para evitar las “pérdidas económicas insoportables para el ganadero cuando tiene que matar a las vacas o asumir la pérdida de valor de sus terneros”.

“Utilización política descarada”

Más claro aún es Lorenzo Rivera, coordinador de la Alianza UPA-COAG, que califica de “descarada utilización política de los ganaderos por parte de Vox” la gestión de este asunto en plena campaña electoral.

Rivera desmarca a las organizaciones que representa de actos violentos como el de ayer en Salamanca, que “no conducen a nada”, y considera que es momento de “reflexionar y dejarse de montar números”, concepto en el que engloba a la Consejería de Agricultura.

“Sabían perfectamente que la única forma de erradicar la enfermedad es cumpliendo el programa y que esa norma no encajaba con las normativas española y europea, así que era cuestión de tiempo que la tumbara la justicia, algo con lo que todos contábamos”, señala a este medio.

El coordinador de UPA-COAG añade que “Vox ha dicho a los ganaderos lo que querían oír, Gallardo ha ido a hacerse fotos a Bruselas en campaña electoral, dando a entender que estaba todo arreglado, y eso, una administración seria no lo puede hacer”, señala, “porque las mentiras tienen las patas muy cortas”.

En su opinión, “el Ministerio ha tenido que tomar una resolución, porque de lo contrario, a sabiendas de que la norma de Castilla y León era ilegal, habría cometido prevaricación”.