El Gobierno de Ceuta ha adjudicado dos contratos millonarios a familiares de cargos de confianza del presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas. Lo hace en plena crisis migratoria y sin publicidad previa, según elDiario.es.
Atendiendo a la información del perfil oficial de Contratación pública y tal y como recoge el medio mencionado, los dos contratos tienen fecha del 27 de agosto, día que coincide con una de las jornadas más duras que se han vivido en territorio ceutí desde que tuvo lugar la entrada masiva de personas migrantes, a finales del pasado mes de julio. Aquella jornada ocurrieron protestas en las que, entre otras cosas, se dieron episodios de violencia contra la prensa, contra personas migrantes en la playa de Benítez y el bloqueo de ayuda humanitaria.
Los contratos
Uno de esos contratos, según lo que aparece publicado en el perfil oficial de Contratación pública y de lo que informa este lunes el medio de comunicación señalado, se ha formalizado por valor de 3.267.698,08 euros y tiene como objeto las “obras de adecuación y habitabilidad de los espacios de acogida de menores motivada por la situación generada tras la entrada masiva de inmigrantes provenientes del Reino de Marruecos los pasados 30 y 31 de julio de 2026”.
En su caso, la empresa beneficiaria es Absercon, cuyo propietario y administrador único es Bartolomé Sánchez-París Contreras. Su hermano, Javier Sánchez-París Contreras, es un hombre de la máxima confianza del presidente ceutí y ejerce en la actualidad como asesor en el gobierno autonómico, donde desempeña el cargo de secretario administrativo de presidencia con un sueldo de 35.635 euros. El padre de ambos, Francisco Sánchez-París, es antiguo jefe de gabinete de Vivas en la Asamblea de Ceuta, puesto que desempeñó entre 2006 y 2011. En el caso de Javier, trabaja también en la federación ceutí de fútbol.
El segundo contrato, algo menos cuantioso, es de 2.483.175 euros. En esta ocasión se corresponde con un encargo de “mobiliario (incluido el de oficina), complementos de mobiliario, aparatos electrodomésticos (excluida la iluminación) y productos de limpieza” para los espacios de acogida de menores.
Esta adjudicación fue a parar a Ferretería Doncel, un comercio local que, según el registro mercantil, está dirigido por Manuel Jesús Doncel de Luna, primo hermano del presidente del Puerto de Ceuta, Juan Manuel Doncel. Doncel llegó a ser consejero de fomento del Ejecutivo de Vivas primero, en 2008, y jefe de gabinete más tarde. Llegó al puesto que desempeña actualmente en 2019.
La administración ceutí reconoce el procedimiento de los contratos a elDiario.es, pero niega que el motivo principal sea que se tratan de familiares de personas de la confianza de Vivas.
Dinero llegado del Gobierno de España
El Gobierno de España aprobó a finales del mes pasado una inyección de emergencia por valor de 65 millones de euros y después anunció un plan de choque integral de 309 millones de euros, de los cuales 80 millones de euros se estructuran como estímulo económico para dar respuesta a la crisis humanitaria que está teniendo lugar en la ciudad ceutí.
El plan lo presentó el vicepresidente Carlos Cuerpo y cuenta con cuatro ejes que pasan por el refuerzo de los servicios públicos en Ceuta y Melilla, un incremento de la dotación en materia de seguridad, una mayor financiación para las labores de acogida y el estímulo económico propiamente dicho.
El primero de los ejes supone una inyección de 21 millones de euros para reforzar los servicios esenciales de las dos ciudades y las plantas desalinizadoras de ambas; y el segundo implica un refuerzo de la seguridad a través de 90 millones de euros que irán a parar al aumento del incentivo al rendimiento para policías y guardias civiles y el refuerzo del despliegue de personal y medios de las Fuerzas Armadas.
La tercera inyección, la más voluminosa, consta de 118 millones de euros para reforzar los servicios de acogida humanitaria. Y en último lugar, las ayudas económicas constan de 80 millones de euros.
El último eje supone en 4% del PIB de Ceuta, mientras que el volumen de las medidas para los próximos cuatro meses se sitúa cerca del 16% del PIB de la Autonomía.
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