El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha adjudicado para la reconstrucción de la Comunidad Valenciana tras el paso de la devastadora DANA contratos que suman 34 millones de euros a empresas condenadas en casos de corrupción del propio Partido Popular.

Así, parte de los contratos de emergencia que el actual Partido Popular ha adjudicado después de la tragedia han ido a parar a compañías del tejido empresarial vinculado al sector de la construcción que, durante los años de la burbuja, tuvo como protagonistas a Francisco Camps y Rita Barberá. De los 50,6 millones de euros que el Gobierno de Mazón ha destinado en contratos de urgencia, 34,2 han llegado a compañías que en su día financiación al PP valenciano, principalmente en el marco de las tramas de corrupción de la Gürtel y el caso Taula.

Otro de los contratos ha sido adjudicado a una constructora que presuntamente pagó comisiones al cuñado de Rita Barberá, unas mordidas que están siendo investigadas en la instrucción del caso Azud.

Las empresas condenadas y con adjudicaciones

A continuación, se detallan las empresas condenadas en casos de corrupción del propio Partido Popular y que Carlos Mazón les ha adjudicado contratos tras la tragedia de la DANA en Valencia.

  • Sociedad de Agricultores de la Vega: fue condenada por el caso Taula y ha recibido al menos dos contratos por 9,5 millones de euros.
  • FCC Aqualia S.A.: es la adjudicataria de un contrato por 7,4 millones de euros. A su vez, es filial de Fomento Construcciones y Contratas S.A. (FCC), condenada en el caso Taula.
  •  Becsa S.A.: ha obtenido al menos dos contratos por 6,2 millones de euros y su administrador único, Gabriel Alberto Batalla Reigada, condenado en el caso Gürtel, aparece mencionado en la documentación de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
  • Pavasal S.A.: condenada por el caso Taula, ha recibido al menos dos contratos por 5,7 millones de euros. Su filial, Pavagua Ambiental S.L.U., obtuvo un contrato adicional por 426.708 euros.
  • CHM Obras e Infraestructuras S.A.: adjudicataria de un contrato por 2,8 millones de euros. En el momento de los hechos relacionados con el caso Gürtel, Rafael Martínez Berna era presidente del consejo de administración, mientras que Tomás Martínez Berna, también condenado, ocupaba el cargo de secretario.
  • Sociedad de Fomento Agrícola Castellonense S.A. (Facsa): condenada en el caso Gürtel, ha recibido al menos dos contratos por 1,5 millones de euros.
  • Ocide Construcción S. A.: investigada en el caso Azud, ha obtenido al menos dos contratos por 15,6 millones de euros.

Mazón fulmina el tope salarial para sus nuevos consellers

De la misma forma, Carlos Mazón ha aprovechado la tragedia de la DANA para aprobar un decreto ley que, bajo el marco de las ayudas por la DANA, introduce medidas polémicas que trascienden la gestión de la emergencia, como es la eliminación del límite salarialeliminación del límite salarial para los nuevos miembros del Consell y altos cargos.

En particular, se elimina el tope salarial del 15 % que hasta ahora limitaba los incrementos en las retribuciones de los consellers y otros altos cargos. Esta modificación ha permitido que los nuevos miembros del Consell, como el vicepresidente segundo y conseller para la Recuperación Económica y Social, el teniente general retirado Francisco José Gan Pampols, y otros altos funcionarios militares incorporados a la Generalitat, puedan recibir salarios actualizados basados en las retribuciones que habrían percibido en sus roles anteriores en el Ejército. Además, se aplica la misma norma a personal en situación de retiro o reserva que accede a puestos de dirección en la administración autonómica.

Según el decreto, esta actualización salarial responde a la necesidad de reconocer la experiencia y capacidades de los nuevos integrantes, asegurando que se incorporen en igualdad de condiciones económicas que si hubiesen permanecido en servicio activo. No obstante, esta medida ha desatado infinitas controversias y críticas.