Las agresiones a sanitarios se convirtieron en un habitual en la pasada legislatura en la Comunidad de Madrid y siguen ocurriendo en la presente. De esta manera, tal y como informó esta semana Público y ha podido confirmar ElPlural.com, dos Puntos de Atención Continuada (PAC) fueron víctimas de ataques durante la semana del 9 de octubre. 

El primero de ellos fue Villa del Prado, cuando en la madrugada del día 12 de este mes un hombre lanzó piedras contra la puerta una hora y media después de haber acudido ya al centro y reconocerse disconforme con el servicio. Según fuentes relativas al lugar, se trata de una persona "recurrente" que "da problemas, prácticamente a diario". 

El segundo se corresponde con Veredillas. El centro no disponía de servicio médico en el momento de los hechos, lo que provocaba que no se pudieran realizar desde aquí actividades relacionadas con la profesión, como diagnosticar o recetar medicamentos. Con este telón de fondo, un usuario se encaró con los trabajadores y destrozó el cristal con una tapa de una papelera. En esta ocasión, el hombre iba armado con un cuchillo que no llegó a utilizar. 

Falta de profesionales, tanto sanitarios como de seguridad

Amyts, como sindicato médico mayoritario de la CAM, deja claro que el responsable primero de una agresión es aquel que la perpetra, pero no obvian que muchas de estas situaciones son evitables. Por un lado, consideran que el discurso político que asegura que la gestión sanitaria es del todo la correcta "no se corresponde con los profesionales destinados" y que todo ello -tanto las palabras, en ocasiones poco menos que incendiarias, como la falta de medios, también orientados a la seguridad- producen tensiones "que pueden aumentar estos problemas". 

En estos términos se pronuncia la responsable sindical Ángela Hernández, quien subraya que no debería haber centros considerados de urgencia sin  personal médico. "Al margen, siempre hemos defendido que en cualquier centro sanitario, ya sean los de salud como los antiguos SUAP (actuales PAC) debe haber medidas de seguridad al igual que las hay en cualquier otro organismo de la administración de la Comunidad", apostilla.

A su vez, plantea como soluciones "dotar correctamente estos centros" y "explicar a la población los niveles de atención que existen", así como "la forma en la que usar las urgencias hospitalarias y extrahospitalarias": "Y dentro de todo esto, dotar adecuadamente a ambos niveles asistenciales. Mientras todo esto llega, hay que proteger y tener una tolerancia absolutamente cero con las agresiones y establecer los mecanismos de seguridad para proteger a profesionales y pacientes. 

En términos similares se pronuncia el responsable de los PAC dentro del sindicato, Ángel Bayo. "Estamos hablando de una reclamación histórica, que viene desde la creación de los SAR en el año 2004", destaca, deteniéndose en el último año, momento en el que se ha producido una "disminución de recursos facultativos" fruto del nuevo plan de urgencias y emergencias perpetrado por el Ejecutivo regional: "Hay 27 centros de Continuidad Asistencial sin enfermería y los otros 50 están en su mayoría infradimensionados. Esto hace que las expectativas de la población no se cumplan y favorece situaciones de irritabilidad".

Preguntado por este medio sobre si tiene constancia de que se hayan producido alguna otra situación desagradable en las últimas semanas, Bayo apunta que sí, pero no se les está dando "demasiado seguimiento": "Al final trascienden las más relevantes o preocupantes, como las dos que hemos hablado, pero las incidencias son constantes".  En estos términos se refiere a cuestiones como el "retraso en la atención al paciente" producto de la "sobrecarga asistencial" o el hecho de que se derive a alguien de un centro sin médicos a otro que sí lo tiene. "La gente que viene de segundas está un poco enfadada, como lo estaríamos cualquiera", apunta, siempre dejando claro que el responsable directo de este tipo de comportamientos es quien lo tiene.

El caso de Guadarrama

El ejemplo más sonado y que puso sobre la mesa este problema ocurrió el año pasado en el centro sanitario 24 horas de Guadarrama. Por aquel entonces, una mujer recibió una paliza por la tardanza a la hora de imprimir una receta mientras la persona que la agredió gritaba a los sanitarios "sois unos vagos".

El hecho coincidía con la reapertura de los servicios de urgencias de Atención Primaria y sucedió entre acusaciones de falta de planificación a la hora de volver a poner en marcha estos servicios, cerrados durante la pandemia. Así, mientras que el Gobierno regional dictaba que 94 de los 234 profesionales llamados a los centros no habían acudido a su puesto de trabajo, Amyts denunciaba que la Consejería había empezado a avisar a los profesionales a las 23:00 y había terminado cerca las 03:00 horas de ese mismo día; en ocasiones con destinos lejos de la localidad. Una vez todo volvió a funcionar, el sindicato lamentó la falta de material y personal. 

Graves acusaciones

No solo la gestión favorece hechos que a nadie le gusta ver, también a veces las palabras de los políticos, y es que éstas, cuando pasan determinadas líneas, empeoran más que mejoran las cosas, algo que los expertos también muestran como punto de inflexión en el aumento de agresiones.

Así, todavía se recuerdan las palabras de la presidenta de la Comunidad de Madrid, cuando en plena sexta ola de la pandemia y ante la dificultad de la atención primaria para hacerse cargo de los repuntes apuntó: "En algunos centros de salud no cogen los teléfonos, de repento no hay médicos. Cada vez se ve de manera más recurrente cómo en algunos centros, no en todos, empieza a haber mucha tensión. No todos quieren trabajar y arrimar el hombro. Utilizan los espacios de todos para colgar sus pancartas".

Aumento de agresiones a médicos en el último año

Los datos no dejan lugar a dudas: De un tiempo a acá las agresiones han aumentado. Así se desprende del Sistema Nacional de Salud, que en 2022 registró hasta 36 notificaciones diarias de violencia verbal o física contra los profesionales. 

Siguiendo esta senda, los últimos datos muestran un aumento en el número de denuncias del 20% respecto a 2021 -hasta las 13.177- y de cerca de un 60% si se compara con 2017.