El Hospital Universitario y Politécnico La Fe de Valencia fue noticia hace varios meses después de que ElPlural.com publicara el caso de presunto acoso laboral que había sufrido una neuróloga e investigadora a manos del coordinador de la Unidad de Esclerosis Múltiple. Este caso está pendiente de juicio, programado para junio de 2026, pero tal como en su momento denunció la víctima, su caso fue ignorado durante años por la institución y la propia Conselleria de Sanidad de la Generalitat Valenciana.
No obstante, en el marco de esta investigación, ElPlural.com ha tenido acceso a nueva información, documentos y grabaciones, que destapan otras presuntas irregularidades del citado doctor, quien además ha llegado a ser distinguido con un Premio Ondas Comunidad Valenciana.
Un despido anterior confirma el acoso reincidente
El caso acoso por parte del doctor que publicó este periódico el pasado mes de febrero no habría sido el único, ya que otra neuróloga fue presuntamente desplazada, aislada y despedida de forma improcedente hace algunos años. Según ha podido saber ElPlural.com, el doctor acudió a la entonces Dirección Científica del Instituto de Investigación Sanitaria La Fe (ISS La Fe) señalando que quería “acabar la contratación con esta chica y resolverlo, punto final” y el director reconoció posteriormente haberle “resuelto el marrón” facilitándole una fórmula para el despido: la justificación de que sus proyectos habían terminado. El doctor tramitó unos documentos de fin de proyectos y le notificó el cese por correo electrónico, en copia a sus compañeros. La doctora, cuya función no incluía prácticas clínicas como punciones lumbares ni tratamientos quimioterápicos, fue obligada durante años a realizarlas, y reclamó informalmente.
Según el entonces director, había una indemnización que le resultó rara pero no preguntó más porque intuyó “lío”: “Había una cierta indemnización que me acuerdo que a título anecdótico es lo que me encendió la bombilla; me dijo ‘lo que sea, se le paga lo que sea’. Digo, hombre, lo que marque la ley, ni más ni menos, ¿no? Pero había un deseo por encima de todo y entonces dije, ‘aquí había algún lío de algo que va más allá de eso’. Por lo tanto, tampoco yo quería saber más de la cuenta”. La doctora que después de meses de hostigamiento y aislamiento del grupo quería rehacer su vida, finalmente aceptó un finiquito irregular, de 15.000 euros, obtenido de fondos públicos del Instituto de investigación, ya que el propósito era despedirla y silenciarla.
Ensayo clínico sin aval ético
Entre las supuestas irregularidades cometidas por este doctor se encuentra también un estudio clínico llevado a cabo junto a otro compañero en el que se administraba un fármaco inmunosupresor mediante punciones lumbares semanales a pacientes con esclerosis múltiple. No se trató de casos puntuales o excepcionales sino que se incluyó a cinco pacientes de forma consecutiva, sin que, como es preceptivo para este tipo de estudios, se presentase para su aprobación por el Comité de Ética de Investigación con Medicamentos (CEIM) del citado hospital.
Tampoco entonces existía información en la literatura científica que avalase su uso, como se requiere para la administración de medicaciones por uso compasivo o en situaciones especiales, todo lo contrario. El protocolo se basaba en un único artículo científico cuyo nivel de evidencia era IV, el más bajo en la clasificación médica, y que concluía con la no recomendación de la terapia. Pese a ello, la administración del fármaco fue autorizada caso a caso por el Servicio de Farmacia Hospitalaria.
En un consentimiento informado rudimentario, el tratamiento se ofrecía a pacientes con alta discapacidad y vulnerabilidad como “conveniente”, sin los encabezamientos legales obligatorios, sin haber sido revisado ni aprobado por la Generalitat Valenciana y sin informar adecuadamente de los riesgos trombóticos asociados al fármaco. Cabe destacar que los pacientes tratados se encontraban en fases avanzadas de la enfermedad, donde la inflamación cerebral es prácticamente inexistente y donde los inmunosupresores no tienen indicación ni posibilidad de regenerar un sistema nervioso tan dañado. La elección de esta terapia, por tanto, carecía de justificación clínica y científica.
Para ello, cinco pacientes fueron reclutados, y la primera paciente falleció tres meses después de la última punción lumbar a causa de un tromboembolismo sistémico. Aunque el efecto del fármaco puede prolongarse al menos seis meses y el riesgo trombótico del mismo es reconocido en personas con alta discapacidad y movilidad reducida, el fallecimiento no fue notificado a la AEMPS, como obliga la ley para cualquier uso no autorizado de un medicamento.
Pero además, la paciente no firmó un consentimiento informado válido o éste no consta en la historia clínica. Coincidiendo con la fecha del fallecimiento, el coordinador y su compañero modificaron la pauta del tratamiento de semanal a semestral, lo que deja evidencia de una sospecha interna de relación causal. Sin embargo, pese a esa sospecha interna, lejos de suspender el estudio, se mantuvo el tratamiento en dos pacientes y se incluyeron dos más. Consultadas fuentes jurídicas, este caso podría calificarse como homicidio imprudente con dolo eventual al mantenerse un tratamiento no autorizado por un comité ético, sin base científica que lo justificara, permitiendo su continuación a posteriori del fallecimiento pese a sospecharse un riesgo potencial de la terapia.
Presunto trato de favor a medicamentos de marca
En otro orden de cosas, hay indicios de que este mismo doctor habría priorizado medicamentos de marca frente a genéricos a cambio de financiación de actividades aparentemente altruistas, como carreras solidarias, organización de cursos, viajes o compra de tecnología médica. Al menos tres grandes empresas farmacéuticas podrían haberse visto beneficiadas por las actuaciones del citado doctor.
Según fuentes del hospital, esta preferencia no solo generó un sobrecoste de al menos 300.000 euros en pocos meses para el sistema público, sino que también habría perjudicado deliberadamente a empresas farmacéuticas con las que el doctor no mantenía una buena relación y que no le financiaban de forma asidua. Entre las excusas que utilizaba el doctor era la supuesta falta de bioequivalencia entre los genéricos y los fármacos originales, pese a la existencia de estudios que demostraban lo contrario. Para más inri, una de las compañías favorecidas ha sido condenada en varios juicios internacionales por soborno y corrupción a profesionales sanitarios.
Amenazas aceptadas por la actual gerencia: “Dimito si la contratan”
En relación con el caso de acoso que denunciaba ElPlural.com hace meses, este periódico ha accedido a pruebas que demuestran que el actual gerente del hospital consideraba el perfil de la doctora que había denunciado al coordinador por acoso laboral como “ideal” para el plan estratégico del centro, centrado en terapias avanzadas. Sin embargo, fue el propio coordinador quien presentó ante el Jefe de Servicio y el gerente su dimisión, que conllevaría la disolución de la unidad de referencia (CSUR) de esclerosis múltiple, si ella era incorporada al equipo.
El gerente, del cual dependía la renovación de la doctora le comentó directamente: "Si desde el punto de vista racional no tengo ningún motivo para decir que no […]. Yo lo que no quiero, también lo debes de entender, es que perdamos un CSUR (unidad de referencia) […] porque la institución está por encima de las personas".
Pese a la gravedad de todos los hechos relatados y el alcance de daño a personas y buenos profesionales, el coordinador sigue ejerciendo sin sanciones ni medidas preventivas mientras que ambas doctoras acosadas han sido condenadas al ostracismo. Tanto la Subdirección General de Inspección Sanitaria como la Dirección General de Recursos Humanos de la Conselleria de Sanitat tienen pleno conocimiento de estos hechos, de los que se han inhibido de investigar.
Y por esta gravedad de los hechos, ElPlural.com se ha puesto en contacto con el Comité Ético de investigación Clínica del Hospital La Fe, con la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios -dependiente del Ministerio de Sanidad- y con la actual gerencia del ISS La Fe. Hasta el momento de publicación de esta noticia no hemos obtenido respuesta más allá del Ministerio de Sanidad, desde donde se ha asegurado que no tienen constancia de un ensayo clínico de dichas características.
Cuando se permite que situaciones como estas se perpetúen durante años, sin supervisión ni sanción, lo que se protege no es la sanidad pública, sino las estructuras que silencian los abusos. Y eso, más allá del impacto reputacional de los centros y sus líderes, supone un daño directo a los profesionales que ejercen con integridad y, sobre todo, a los pacientes que merecen atención segura, ética y digna.